6ª Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil

«Tenemos que defendernos colectivamente de la represión»

Esta tarde se desarrollarán actividades presenciales y virtuales en el marco de la 6ª Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Los organizadores pondrán el foco en los numerosos casos de violencia institucional a lo largo de la cuarentena, así como en el pedido de aparición con vida de Facundo Astudillo Castro.

La pandemia por COVID-19 y la consecuente cuarentena, decretada en nuestro país desde el 20 de marzo, modificaron -y en la mayoría de los casos hasta suspendieron- la organización de las manifestaciones callejeras. Sin embargo, en las últimas semanas distintos colectivos y organizaciones políticas se las han ingeniado para sostener las movilizaciones presenciales, asegurando el distanciamiento social y el uso de tapabocas. Es así como la 6ª Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil también debió modificar sus planes originales: aunque en algunos lugares como Mar del Plata, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires se realizarán concentraciones presenciales, en Mendoza se optó por organizar una actividad virtual. «Lo que nos parece importante es que no pase la fecha sin ningún tipo de acción de nuestra parte», explica a El Grito del Sur María del Carmen Verdú, referenta de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).

Foto: Nicolás Cardello

Aunque se sostienen los reclamos históricos por el cese de la represión, del gatillo fácil, de las torturas, de las muertes en lugares de detención, y las detenciones arbitrarias, entre otros, este año se suma -y con alta centralidad- el pedido de aparición con vida del joven Facundo Astudillo Castro, que permanece desaparecido desde el día 30 de abril. «En el caso de Facundo no tenemos absolutamente ninguna duda de la responsabilidad de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Es en sus manos que Facundo fue visto por última vez el 30 de abril entre las 15.30 y las 16 horas -de acuerdo a los testigos-, cuando fue detenido por segunda vez en ese día, y a partir de allí no se tuvo más noticias de él», expresa Verdú en relación al caso que desde hace varias semanas ha cobrado relevancia e interés público nacional. «Por eso decimos que la policía bonaerense es responsable en términos inmediatos y en términos mediatos, por supuesto su dirección política. De allí que el reclamo natural que sucede a esta definición sea el #FueraBerni, porque en definitiva es el Ministro de Seguridad de la Provincia el responsable político principal de la desaparición de Facundo», agrega.

Durante los cinco meses de cuarentena se registraron numerosos casos de gatillo fácil y violencia de las fuerzas de seguridad, y en ese punto los organizadores ponen el foco. «Desde CORREPI venimos señalando desde el inicio de esta situación de excepción a la que nos somete la pandemia que una decisión sanitariamente correcta, como es la del aislamiento social, preventivo y obligatorio, queda desnaturalizada al ser dejada en manos de las fuerzas de seguridad para su implementación, en lugar de acompañarla con las suficientes medidas asistenciales que permitiesen al 100 por ciento de la población cumplirla sin tener que afrontar la disyuntiva de quedarse en su casa -y esto en caso de tenerla- a riesgo de morirse de hambre o salir a hacer la diaria para poder subsistir y contagiarse», explica la abogada y militante antirrepresiva.

Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga, en la 5ª Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Foto: Nicolás Cardello

La Coordinadora viene insistiendo desde hace años en el abordaje de una agenda que permita ponerle un freno a la violencia institucional que avanza sobre las libertades, derechos y hasta la vida de los pibes y las pibas de los barrios más humildes de la Argentina. Su propuesta fue presentada en diciembre del año pasado en Plaza de Mayo, cuando se dieron a conocer los números del Informe de la situación represiva y se la acercaron también al Ministerio de Seguridad de la Nación, cuando fueron convocades por la ministra Sabina Frederic al principio de su gestión. «El Estado debería cumplir con la sentencia dictada hace ya 17 años por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Bulacio, que le ordenó terminar con todo el sistema de detenciones arbitrarias, las averiguaciones de antecedentes, las faltas y contravenciones y las razzias», menciona Verdú como uno de los ejes a trabajar. «De esta forma -asegura- no solo garantizaríamos la libertad de las personas, sino también su integridad física a través de la menor cantidad de tormentos y torturas en los lugares de detención».

«Se ampliaron las facultades policiales generando de esta manera las condiciones para un incremento importante de todo tipo de hechos represivos», denuncia la referenta de CORREPI y concluye: «Así como nos tenemos que cuidar colectivamente del virus, también tenemos que defendernos colectivamente de la represión».