En abril de 2017, la Corte Suprema de Justicia resolvió por mayoría que la Policía de la Provincia de Buenos Aires no tenía derecho a sindicalizarse. Con los votos de los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco y Rosenkrantz, el máximo tribunal sostuvo que, pese a los argumentos de la fuerza, el artículo 14 bis de la Constitución no concedía dicho derecho al personal policial.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) sostiene en su convenio 87 la libertad sindical y la protección del derecho de asociación. Sin embargo, esta institución no aborda puntualmente la situación de las fuerzas policiales, un vacío que le confiere a los Estados la potestad de tomar decisiones en la materia. Es así que en gran parte de los países de la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos y más cerca, en Uruguay, existen experiencias de sindicalización policial con distintos resultados.
En Argentina, la sindicalización policial no está permitida y la temática ha sido durante años objeto de polémica. El propio Ministerio de Trabajo ha rechazado los diferentes recursos en reiteradas ocasiones. Entre los considerandos de este rechazo, se enfatizó que “la tarea de seguridad que la ley impone a las fuerzas armadas y policiales, a partir de una organización jerárquica vertical, en un marco de disciplina, es esencial para el mantenimiento del orden interno (…) y se dificultarían considerablemente a partir de la constitución de un sindicato”.
Uno de los puntos del petitorio que elevaron ayer los policías bonaerenses sublevados consistía en la sindicalización de la fuerza. Quienes se oponen a esta medida destacan que la organización sindical de la policía generaría conflictos de mando, donde el secretario general de un hipótetico sindicato policial podría pasar por encima de la cadena de mando, alterando las jerarquías de la fuerza y subvirtiendo esta lógica verticalizada. Otras posiciones señalan que los policías no pueden equipararse con cualquier trabajador, sino que son la fuerza represiva encargada de sostener el estado de las cosas. Desde posiciones de izquierda, en muchos casos se considera incluso que «no son trabajadores». Un último argumento señala que la ley argentina estipula que los sindicatos deben tener autonomía de actuación respecto del Estado y los empleadores, cosa que en el caso de las fuerzas, no sucedería.
Sin embargo, el debate atraviesa al campo popular. «La historia reciente indica que para el poder político la ausencia de canales de representación gremial es el mayor obstáculo a la conducción política de policías democráticas. (…) Los tiempos que vienen imponen una hoja de ruta que comience por el Defensor Policial o el Consejo de Bienestar y alcance la sindicalización policial, sin derecho a huelga», escribía en Página/12 la actual Ministra de Seguridad, Sabina Frederic, en el año 2019 (antes de ser designada como funcionaria).
¿Por qué un gobierno popular debería avanzar en la sindicalización policial? Cristian Perkovic integra el cuerpo docente de la materia Aspectos jurídicos de la violencia institucional de la Facultad de Derecho de la UBA.
«Nos parece interesante tener en cuenta la necesidad de categorizar al personal de las fuerzas de seguridad como lo que son: trabajadores y trabajadoras. Nos encontramos con que, entonces, la pregunta tendría que ser: ¿por qué no podrían estar sindicalizados?», analiza el docente. «Entendemos que cualquier país que quiera avanzar en la construcción de una seguridad democrática, que tienda a fortalecer la intervención en los conflictos reduciendo la violencia y realizando un abordaje de manera integral, debe propiciar las instancias que sean necesarias para poder canalizar los reclamos de quienes lleven adelante esa tarea. Garantizar el bienestar del personal policial en el desarrollo de su trabajo, también disminuye la violencia en las intervenciones».
El docente también señala que el reclamo por su sindicalización debería establecer limitaciones a su posibilidad de implementar acciones de fuerza. «Obviamente que no podrían portar armas, no podrían usar los móviles asignados por el Estado y, como servicio esencial, no podrían realizar paro de sus actividades», señala Perkovic. «No estamos afirmando con esto que la violencia institucional o el uso de la fuerza por fuera de los parámetros de racionalidad, proporcionalidad y necesidad, sean consecuencia de las malas condiciones de trabajo, nada más alejado. Solo estamos diciendo que, si pretendemos reducir las intervenciones violentas, debemos atender las demandas del personal de las fuerzas y una de las formas puede ser regulando la posibilidad de sindicalización».
Los reclamos por la sindicalización policial también permean en la izquierda. Desde la CTA-A, dirigida históricamente por Víctor de Gennaro, se ha enfatizado desde hace años en la necesidad de avanzar con la sindicalización policial. El Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) también sostiene una posición particular: «Nosotros creemos que a las fuerzas de seguridad y militares hay que disolverlas. Son las fuerzas del gatillo fácil, de la desaparición seguida de muerte de Facundo Castro. Por eso proponemos otra policía que esté al servicio de la gente y no de la seguridad del delito», explica Celeste Fierro, dirigente nacional del MST. «Sin embargo, en el marco de la construcción de otro sistema de seguridad, con un carácter esencialmente preventivo y democrático, sí vemos la sindicalización. Por supuesto, uno de los primeros puntos debería ser prohibir por ley que se reprima a las protestas sociales. Pero hablar hoy de la sindicalización de la Bonaerense sería completamente negativo».
¿A quién le conviene entonces sindicalizar a la policía? «Buscar un mecanismo de canalización de los reclamos, limitando la forma en que pueden desarrollarse los mismos, le conviene a la sociedad en su conjunto y a la conducción política de esas fuerzas», explica Perkovic. «Entre otras cosas, porque la ausencia de una normativa que regule el desarrollo de esos reclamos, termina generando escenarios de mayor conflictividad y de mayor incertidumbre. Sumado a ello, al no tener representación establecida y la designación de un interlocutor válido, complica la resolución de los conflictos que pueden ir escalando en violencia y conflictividad», agrega.
«No obstante, entendemos que la posibilidad de la sindicalización necesariamente debe ir acompañada del fortalecimiento de los mecanismos de control político de la fuerza. Esto puede ser generando áreas específicas de control, auditorías y/o cualquier instancia que permita reforzar no solo la cadena de mando al interior de las fuerzas, sino también su conducción política», señala el docente.
¿Qué precedente marcan las experiencias internacionales donde la policía está sindicalizada? «No es lo mismo el sindicato de policías en Estados Unidos que en Francia o en Uruguay. Todos tienen en común que no cuentan con el derecho a huelga, una característica esencial en todo sindicato», agrega Perkovic, no sin antes resaltar que la posibilidad de un sindicato policial debería contemplar las particularidades de nuestro país.
El docente sentencia: «Uno puede apreciar que en Estados Unidos los sindicatos policiales son un factor de poder real muy fuerte, gracias a la concentración en una organización. Una de las mayores criticas que refiere este sindicato es la posibilidad de garantizar la impunidad de sus miembros, o por lo menos obstaculizar su esclarecimiento. En la Argentina no tendríamos ese problema, pues la impunidad es garantizada en la actualidad, sin la existencia de un sindicato, ya que el corporativismo es una cuestión de hecho». «De esto no se lo acusa, por ejemplo, al sindicato de Francia que en las últimas semanas realizó una movilización en repudio de la estigmatización de las fuerzas de seguridad luego del asesinato de Floyd. Sin uniformes ni los automóviles oficiales o pistolas en la cintura, salieron a protestar contra el mote de racista que les asignaban en distintos medios sociales. Al ver los videos, uno puede sorprenderse al compararlo con lo que pasó acá y, probablemente, pase en movilizaciones futuras: agentes uniformados con una pistola en la cintura, pidiendo negociar con más vehemencia que objetivos a lograr», concluye Perkovic.
