“Estoy convencida de que el motor de cambio es el amor. El amor que nos negaron es nuestro impulso para cambiar el mundo», decía Lohana Berkins, la primera travesti en tener un empleo público. Ahora, con el diario de ayer y luego de que el movimiento transfeminista demostrara una vez más que las luchas dan frutos, sus palabras suenan a presagio. En pleno contexto de pandemia y tras una semana agitada, el presidente Alberto Fernández firmó un decreto que establece el cupo laboral travesti-trans a nivel nacional. Esto significa que, como mínimo, el 1% de los puestos de la administración publica deben estar ocupados por personas travestis, transexuales y transgénero. La norma contempla que se haya realizado o no la rectificación registral y quienes no hayan podido terminar sus estudios podrán hacerlo mientras desarrollen su actividad laboral. Además establece la creación de un registro voluntario para los, las y les aspirantes.
Alba Rueda está al frente de la Subsecretaría de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. La también presidenta de Mujeres Trans Argentina, primera travesti en ocupar un cargo de este rango en el Estado, habló con El Grito del Sur sobre la conquista histórica, la agenda de diversidad del ministerio y la situación del colectivo travesti-trans durante la pandemia.
¿Qué representa el decreto de cupo laboral en la lucha del colectivo travesti-trans?
Es un paso histórico fundamental para las agendas de las organizaciones travestis y trans que venimos desde hace muchos años militando este avance. Tener hoy la posibilidad como subsecretaria de Políticas de Diversidad de llevar adelante estas agendas sociales es un enorme orgullo. El cupo va a permitir no solamente el acceso al empleo, sino que también va a estar vinculado a la formación y la capacitación de las personas trans para la terminalidad educativa, para poder traducir esta capacidad laboral que tenemos en instrumentos efectivos de trabajo. Por otro lado, se va a implementar una actualización, formación y capacitación destinada a los recursos humanos y las áreas de trabajo que van a recibir personas travestis y trans para que efectivamente el principio de no-discriminación y trato digno estén presentes allí. Este reconocimiento es un gran paso en materia de políticas públicas, y que sea impulsado desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad sienta un precedente histórico. Este decreto significa estar al frente del desafío de llevar adelante en términos materiales y reales todo lo que representan las políticas identitarias y asentarlas en políticas públicas. Es un orgullo formar parte tanto del Ministerio como de este gobierno que contempla la desigualdad con la textura de nuestras sociedades, entendiendo que la perspectiva de género y diversidades es un instrumento necesario para modificar y reparar.
Estas desigualdades históricas de las que hablás se agudizaron en el contexto de la pandemia. ¿Cómo trabajaron desde la Subsecretaría para contenerlas?
La apertura del Ministerio tuvo como agenda una deuda histórica, especialmente con los temas LGTB en materia de políticas públicas. Si bien las reuniones y planificación se vieron interrumpidas por la pandemia, esto también nos dejó ver la cara de la desigualdad en la población más empobrecida de nuestro país, lo que en el caso de las travestis y trans implica llevar una economía de subsistencia diaria. En los primeros meses nuestra intención fue pensar políticas alimentarias que incorporen la perspectiva de la diversidad. En términos de políticas públicas no había cuerpos trans siendo destinatarios de las políticas alimentarias y eso es una diferencia profunda con respecto a la perspectiva y visión del Ministerio. En hechos concretos, desde que se lanzó el «Potenciar Trabajo» hasta ahora, hay más de 5000 personas travestis y trans que fueron incorporadas a un programa social. En períodos anteriores, tanto en el seguro de empleo y formación como en el Ellas Hacen y el Hacemos Futuro se habían logrado incorporar hasta mil travestis y trans en cada uno. Nosotras en este tiempo pudimos sumar cinco veces más y ese es un paso fundamental para pensar que la economía social también puede tener una perspectiva de diversidad y LGBT. La agenda transfeminista no puede mirar la normativa en abstracto, tiene que pensar situada de cara a esas desigualdades.
Esto también implica generar un registro de las personas travestis, transgéro y trans que todavía no existe en nuestro país.
Sí, claro. No hay datos contables sobre cuántas personas travestis y trans hay, ni tampoco cómo son sus condiciones de vida ni cómo es el circuito dentro de los trámites administrativos. Las personas trans son un claro ejemplo de que los registros administrativos binarios no van a resolver la cuestión de la identidad de género hasta que el Estado no se transforme. Todos los datos que hay en torno a las personas trans no son datos del Estado, sino más bien estudios de organizaciones sociales y encuestas de las universidades, pero en términos de Estado sólo hay una encuesta del 2012 que la trabajamos puntualmente nosotras desde los activismos con el INDEC, el INADI y las organizaciones de La Matanza. Esta experiencia es la única que tiene registro sobre las personas trans y es la muestra de un estudio que se pretendía mucho más amplio.
A pesar del avance que significa el Ministerio, la política sigue siendo un ámbito patriarcal. ¿Creés que hay resistencia a que las personas trans entren en la política?
Si, claro. Nosotras somos de alguna manera un primer abordaje sobre ese cambio cultural que necesitamos en nuestro país. Esto no es solo a nivel institucional, hay que hablar de participación política y esto involucra a los partidos políticos, las organizaciones sociales y los ámbitos del Poder Judicial, que es un tema pendiente porque hace mucho que las personas travesti y trans no tenemos acceso a la Justicia. Hay muchos temas pendientes y creo que nosotras vamos a ser uno de los primeros pasos de un cambio cultural que va a llevar otros tiempos institucionales, sociales y culturales para poder cambiar las lógicas del Estado -es decir cambiar el Estado- y eso implica un desafío mucho más grande. No creo que se trate sólo de un problema de la gestión, sino más bien de lógicas estructurales.
¿Cómo se va a trabajar el acceso a la vivienda desde la Subsecretaría?
La Subsecretaría de Políticas de Diversidad piensa en clave de integralidad de los derechos. Para nosotras el acceso al empleo era una prioridad de los primeros meses de la gestión, pero entendemos que la garantía del acceso al empleo no resuelve la dimensión de la desigualdad estructural, hay otros aspectos a tener en cuenta y el acceso a la vivienda es uno de ellos. Para poder pensar políticas de acceso a la vivienda existen modelos de cooperativas de vivienda, de trabajo conjunto, de comunidad y de obras públicas tanto en perspectiva de género como de diversidad. Este año tuvimos una muestra de eso en una iniciativa en la provincia de Neuquén, donde se inauguraron viviendas colectivas para personas trans. Esto fue un trabajo muy grande que no hizo sólo el Gobierno sino también Mónica Astolda, una militante católica que lleva un trabajo muy importante y eso marca claramente un rumbo.
También está el tema de las niñeces y adolescencias trans. ¿Va a haber políticas públicas al respecto?
Si, ya estamos trabajando en eso con la SENAF (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia). Hay que tener en cuenta el resguardo de les niñes y adolescentes frente a las violencias y además hay que realizar un trabajo en los ámbitos educativos donde les niñes habitan. Del mismo modo, se trabajará en la protección de otros derechos que hacen al reconocimiento de la identidad de género, como la rectificación registral, algo que la Ley de Identidad de Género contempla pero que a su vez varios registros civiles han mostrado ciertas reticencias a la hora de llevarlos a cabo. Eso se tiene que resolver de manera administrativa y no judicial, nuestro trabajo en la SENAF va en esa dirección. También lo estamos abordando con el RENAPER porque es muy necesario no solo para pensar en la protección de los derechos y la erradicación de las violencias, sino en la despatologización de niñes y adolescentes. Creo que efectivamente es un tema pendiente y es muy importante para nuestra Ley de Identidad de Género y nuestra sociedad que les niñes y les adolescentes puedan vivir bajo el resguardo de su desarrollo personal.
