Esta semana, en varias ciudades de Colombia y principalmente en Bogotá, se desataron una serie de protestas producto de la indignación popular por el asesinato del ciudadano Javier Ordóñez a mano de miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá. En medio de un procedimiento policial, los uniformados lo inmovilizaron con una pistola Táser (que produce choques eléctricos) hasta dejarlo en total estado de debilidad, y posteriormente los trasladaron a la estación de policía donde finalmente habría sido asesinado por un golpe contundente en la cabeza que le fracturó el cráneo en 9 partes, según indican los primeros reportes del Instituto Nacional de Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación.
Ante estas manifestaciones contra la brutalidad policial, la institución respondió con una fuerte represión contra los y las manifestantes que dejó un saldo de 13 personas asesinadas, varias de ellas menores de edad, y más de 300 heridos por disparos indiscriminados e ilegales por parte de la policía y civiles armados que disparaban junto a los uniformados. Según denunció Claudia López, alcaldesa de Bogotá, la cúpula de la policía de este distrito, que por mandato constitucional se encuentra bajo las ordenes de la Alcaldía Mayor, desobedeció instrucciones expresas y públicas de no utilizar armas de fuego en las manifestaciones, así como de respetar los protocolos de DD.HH. en los procedimientos policiales. De esa manera, continuaron intensificándose los escenarios de violencia por parte de la policía, como se puede ver en la gran cantidad de videos que circularon por redes sociales y medios populares. Sobre estos abusos, la alcaldía pudo recolectar 119 denuncias, entre las que se encuentran asesinatos, torturas, golpes, y agresiones sexuales contra las mujeres detenidas ilegalmente en las estaciones de policía conocidas como Centros de Atención Inmediata (CAI).
Es importante recordar que la alcaldía de la capital está en manos de una coalición de “centro”, cuya orientación política, si bien no ha estado del lado de las clases populares, sí ha marcado una oposición real al militarismo y al uribismo del gobierno nacional. Mientras la Alcaldesa ordenaba a la policía que cesara la represión con armas de fuego, el presidente Iván Duque y su ministro de Defensa, la fogoneaban y felicitaban a la fuerza por su actitud “férrea y gallarda” contra los manifestantes. De igual manera se expresó el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, quien desde su prisión domiciliaria incitaba a la Policía a “mantener el orden” y sugería al presidente Duque decretar un estado de sitio.
Pero, ¿cómo entender una represión de tal envergadura por parte de una fuerza que es un ente civil y cuyo deber es la protección de la ciudadanía? A diferencia del resto del continente, la policía en Colombia, a pesar de estar consignada en la Constitución Política como una institución de carácter civil, no depende del Ministerio de Justicia o de Interior (Seguridad en otros países), sino del Ministerio de Defensa Nacional. Esto significa que la policía actúa bajo la misma doctrina que los otros cuerpos armados del Estado, conocida como la doctrina del enemigo interno, que en un contexto de conflicto como el colombiano, se traduce en que cualquiera puede ser una “amenaza” o ser considerado un enemigo, tanto dentro como fuera del país.
De esa forma, hoy existe una policía militarizada, tanto en su doctrina como en su equipamiento y procedimientos, que ha sido denunciada en innumerables ocasiones tanto en Colombia como en tribunales internacionales por su sistemática violación a los Derechos Humanos. Esto no sucede solo en las ciudades, como pudimos ver en esta ocasión, sino en los territorios de la Colombia profunda, donde, a partir de lo que vimos en Bogotá, no hace falta imaginar qué tipo de procedimientos y de qué forma los desarrollan en las zonas rurales del país, donde la política contrainsurgente estigmatiza y victimiza a diario a las comunidades campesinas. Es importante aclarar que los delitos que cometen los agentes de la policía, como el asesinato de Javier Ordóñez, el joven Dylan Cruz el año pasado en el marco del Paro Nacional, y los 13 asesinatos cometidos por el cuerpo policial en la última semana, son investigados por la Justicia Penal Militar -fuero que solo ostentan los militares en otros países- que tiene un recorrido en garantizar la impunidad de los uniformados. Un dato alarmante teniendo en cuenta las cifras de violencia policial: según la ONG Temblores, entre 2017 y 2019, en promedio murieron 18 civiles por mes a cuenta de presuntos abusos policiales.
Los hechos ocurridos en Bogotá y otras ciudades del país prenden las alarmas de la profunda necesidad que tiene Colombia de reformar la institución y la doctrina policial, haciendo de la Policía Nacional una entidad de carácter civil, con un claro enfoque en el respeto irrestricto de los Derechos Humanos, que debe ser protagónico en todas las Fuerzas Armadas. Los asesinatos y abusos ocurridos a manos de la policía en la capital y otras ciudades del país han sido calificados como una nueva masacre, que se suma a las más de 50 que han sucedido en el país solamente en el 2020. La crítica situación humanitaria que atraviesa Colombia es cada vez más dramática y más silenciada por parte de los medios hegemónicos y el gobierno nacional: a las más de 50 masacres, se suma el asesinato de 1010 líderes y lideresas sociales desde la firma de los Acuerdos de Paz, entre los que se cuentan ambientalistas y feministas, así como de 250 ex combatientes de las FARC-EP en proceso de reincorporación y miembros del partido legal.
El aumento de la violencia social, política y policial nos lleva a preguntarnos cuántas masacres más tiene que haber en Colombia para que lo que pasa allí tenga mérito de ser cubierto por los medios de comunicación. ¿Qué tan común puede ser convivir con el asesinato por razones políticas, a manos del Estado? ¿A cuántos compañeros, compañeras y amigos tenemos que ver caer bajo el fuego de la brutalidad policial y militar? Es fundamental que los medios de comunicación de América Latina y el Caribe, así como la juventud de nuestros países, se sienta interpelada por la dura realidad que vive el pueblo colombiano y se comprometa en la defensa de los Derechos Humanos en el país. La visibilización en el exterior de lo que sucede en Colombia es una tarea fundamental que todos y todas -quienes nos sentimos profundamente latinoamericanos y latinoamericanas- debemos desarrollar sin titubeos.
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