La comunidad boliviana en Argentina se moviliza a la Embajada para defender su derecho al voto

Organizaciones de la comunidad boliviana denuncian que la mitad de los ciudadanos habilitados para votar en el exterior fueron proscriptos y que se busca desincentivar la participación en Argentina, donde en las últimas elecciones el MAS obtuvo el 82% de los votos.

Organizaciones de la comunidad boliviana realizarán una marcha esta tarde a la Embajada en la Ciudad de Buenos Aires en defensa de su derecho al voto en las próximas elecciones del 18 de octubre. La acción se realizará de manera coordinada en España, Inglaterra y Brasil y tiene como objetivo que se garantice la participación política de los bolivianos y las bolivianas en el extranjero, luego de que el pasado 5 de septiembre se conociera que más de 24 mil ciudadanos fueron inhabilitados para poder votar desde nuestro país. El dato no es menor, ya que Argentina concentra el 47% del padrón en el exterior y aquí el MAS de Evo Morales se impuso con el 82% de los votos.

«El órgano electoral subió el 5 de septiembre el listado en el que dio a conocer los inhabilitados en el exterior, donde figuraban más de 51 mil ciudadanos de los cuales casi 24 mil son residentes aquí, en Argentina», explicó en diálogo con El Grito del Sur Iber Mamani, referente de la comunidad boliviana. «Además, otorgó un plazo para hacer descargos de tres días, que debían realizarse a través de la página del Tribunal Supremo Electoral y de manera online», explicó Mamani. «Lo que es aún más grave es que el consulado boliviano en Argentina subió esta información el día 7, un día antes que caduque la fecha límite para hacer el descargo. Esperaron toda la semana y lo subieron un día antes de que cerrara el plazo», sentenció el dirigente.

«Vamos a estar haciendo una concentración en la Embajada reclamando las garantías para el voto en el exterior de cara a las elecciones en Bolivia del 18 de octubre», explicó por su parte Carla Montero, integrante de Ni Una Migrante Menos. «La concentración se va a replicar en Córdoba (Arg.), España, Brasil, Chile, Inglaterra y por supuesto Bolivia, donde vamos a entregar un documento unificado con los reclamos de cada país», agregó. «Hay un escenario orquestado entre el Tribunal Supremo Electoral y las autoridades consulares para tapar la información, desgastar a la gente y que no se pueda informar. Saben que el MAS gana en el exterior y en Argentina ganó con 82% por sobre el 8% de Carlos Mesa. Y los países donde más se concentra ese voto son Argentina, Brasil y Chile. Saben que si la gente participa va a votar por el MAS-IPSP», sostuvo Mamani.

«En Argentina el padrón de compatriotas bolivianos es aproximadamente de 160.000 personas, eso quiere decir el 2,2% del padrón general y más del doble que en el departamento de Pando, que es alrededor de 75.000 habilitados», explicaron en un comunicado las organizaciones. Entre sus reclamos, denuncian que el sistema informativo no funciona, que los ciudadanos no saben dónde se encuentran los colegios electorales y que desde el consulado han prescindido de las más de 100 radios de la colectividad que existen en Argentina. La desatención de las autoridades ha sido sistemática: a tan solo tres semanas de las elecciones no ha habido ningún operativo para renovar carnets vencidos y sólo se brinda horario de atención los miércoles y jueves, a la vez que permaneció cerrado los últimos 15 días por un caso de COVID-19. «Tampoco ofrecieron formas digitales o consulados móviles como se solía hacer en los tiempos de Evo Morales», agregaron.

Los funcionarios actuales son autoridades puestas por el gobierno de facto de Jeanine Áñez. Tal es el caso de Alberto Pinto, cónsul en Argentina, quien responde directamente a la presidenta golpista. La intención explícita de limitar la participación en el exterior se expresa en que otros puntos de votación sufrieron recortes para esta elección: Karen Longaric, canciller de facto, informó que no se podrá ejercer el derecho al voto en la provincia de Santa Fe, Argentina, ni en el Estado de Virginia, Estados Unidos, alegando restricciones propias de la pandemia de COVID-19.

 

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