El Juzgado N° 6 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires decidió hacer lugar a una medida cautelar interpuesta por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y ordenó al Gobierno porteño a crear un canal de denuncias para aquellas madres y padres que son rechazados por las escuelas de gestión privada cuando quieren matricular a sus hijes con discapacidad y difundir el derecho a la educación inclusiva. Según ACIJ, el Ejecutivo de Horacio Rodríguez Larreta apeló la decisión judicial.
“Recorrimos aproximadamente 30, 40 colegios -cuenta una de las madres que brindó su testimonio a ACIJ-. Íbamos a los colegios, nos atendía el personal administrativo y cuando llegábamos a la directora y le comentábamos sobre (nuestro hijo) Iñaki, cómo era Iñaki y sus características decían ‘ah, no hay vacante’”. Las historias como la de Iñaki y su familia se repiten una y otra vez. “Nosotros nos vamos enterando porque en la época que se abren las inscripciones a las escuelas empiezan a llegar los llamados y mails de los padres. Muchas familias se convencen de que esa negativa de las escuelas está justificada y no es así”, dice a El Grito del Sur Dominique Steinbrecher, abogada e integrante del Programa de Derechos de las Personas con Discapacidad de ACIJ.
Aunque no hay un número exacto de la cantidad de niñes que han sido discriminados por las escuelas de gestión privada en la Ciudad, Steinbrecher señala que “es una práctica sistemática y generalizada”. Por esta razón, hace un año que ACIJ -con el asesoramiento de la Clínica Jurídica del CDH de la Facultad de Derecho de la UBA- presentó la medida cautelar y una demanda colectiva solicitando al Gobierno porteño que adopte las medidas necesarias para evitar los rechazos de inscripción por motivos de discapacidad.
“La medida cautelar se encuadra en el marco de la demanda que se interpuso en base a la identificación de una práctica sistemática y generalizada de las escuelas comunes de rechazar la (re)matriculación de niños, niñas y adolescentes con discapacidad por motivos discriminatorios y en un contexto de tolerancia por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que debe fiscalizar, controlar y sancionar a estas escuelas porque brindan un servicio público”, explica Steinbrecher.
La jueza Patricia López Vergara resolvió hacer lugar a la medida cautelar e instruyó al Ejecutivo porteño a que implemente un canal de denuncias online para que los padres y las madres puedan presentar su reclamo de forma rápida y que difunda el derecho a la educación inclusiva en los sitios web y las carteleras del Ministerio de Educación, de la Dirección General de Educación de Gestión Privada y de las escuelas privadas de CABA.
A pesar de que el Gobierno porteño apeló la medida judicial, Steinbrecher afirma que “la tiene que cumplir de todas maneras” porque “es una resolución ejecutoria”. La administración de Rodríguez Larreta tendrá que poner tanto en el sitio web del Ministerio de Educación como en las carteleras el texto de la ley 2681, la cual establece que las escuelas de gestión privada no pueden negar la matriculación por motivos contrarios a derechos reconocidos en la Constitución.
“Los argumentos con los que se encuentran los padres a la hora de inscribir o reinscribir a sus hijos pueden ser indirectos, como decirles que no hay más vacantes o que no pueden recibir a más chicos con discapacidad, o directamente algunos dicen ‘en esta escuela no hacemos inclusión’. Eso va en contra de la normativa internacional”, asegura Steinbrecher en referencia a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en Argentina tiene jerarquía constitucional.
Según la Convención, los Estados deben garantizar que las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación y que accedan a “una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás”.
“Hoy nos regimos por un modelo social de la discapacidad, que es el que tiene la Convención, que pone el foco en las barreras que impone el entorno social de las personas con discapacidad, en sus derechos y en la participación en igualdad de condiciones. Por eso los niños, niñas y adolescentes con discapacidad tienen que recibir su educación en entornos comunes (en lugar de en escuelas de educación especial)”, sostiene la abogada de ACIJ.
Steinbrecher relata que cuando las familias que tienen hijes con discapacidad van a la Dirección General “se encuentran con el silencio” o que “la respuesta que les dan es un listado de escuelas especiales”. “Esto no debería ser así. La tendencia tiene que ser a un sistema general de educación común y no la derivación constante a la escuela especial cuando las únicas opciones que te dejan son eso o la desescolarización. Todos los niños, niñas y adolescentes, independientemente de su tipo de discapacidad, tienen derecho a la educación inclusiva”, manifiesta la letrada.
El canal de denuncias online previsto por la medida cautelar deberá ser implementado para las inscripciones del próximo ciclo lectivo que comienzan ahora. Esto es así, explica Steinbrecher, para que “no se produzca el daño” y que “no cierren las inscripciones, se queden sin vacante o, peor, que empiecen las clases sin tener definida su educación”.
Aunque todavía no hubo un pronunciamiento judicial por la demanda, la abogada afirma que “lo que destacamos desde ACIJ es que esta resolución incorpora los estándares internacionales y se centra en la incorporación de derechos inclusivos”. “Hemos acompañado a muchas familias y nos parece muy valorable que se ponga el foco en su testimonio porque son quienes viven esos hechos de discriminación”, concluye.
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