Columna de Jóvenes por el Clima

De las cenizas del humedal, construir una ley

Como consecuencia de las quemas descontroladas ya se han perdido más de 175.000 hectáreas en Argentina y la situación se volvió crítica también para las comunidades de isleños que viven cerca de los incendios. Este hecho puso de manifiesto la necesidad de tener una ley de humedales, deuda pendiente en nuestro país.

El Delta del Río Paraná yace reducido en cenizas. Desde febrero del 2020, los incendios en esta región se intensificaron, a pesar de que no se trata de un problema nuevo, pero del que solo se habla cuando llega a Buenos Aires y afecta a la capital del país. La bajante del río Paraná, cuyo caudal se redujo drásticamente, ha alcanzado niveles históricos, producto de la sequía y la crisis climática que complica aún más la situación. El Delta constituye uno de los sistemas de humedales más importantes del país; sin embargo, las actividades productivas que se realizan allí alteran el paisaje poniendo en peligro a la biodiversidad y a las comunidades que habitan en ese lugar.

Las principales actividades que se llevan a cabo en esta zona son la ganadería intensiva y la agricultura, pero además comienza a ganar terreno el negocio inmobiliario que se encuentra acechando la oportunidad para instalarse en el lugar (una actividad que está muy desarrollada en la zona del Delta bonaerense, donde los countries y barrios privados ya son parte del paisaje). Todas estas prácticas alteran el suelo y la dinámica propia de los humedales, y además -junto a la ganadería- viene consigo la práctica tradicional de quemar el terreno para producir el rebrote de la vegetación que servirá de alimento para el ganado. Todo esto, producido a gran escala y sin ningún tipo de regulación, impacta negativamente en estos ecosistemas y, en muchos casos, de forma irreversible.

Como consecuencia de las quemas descontroladas ya se han perdido más de 175.000 hectáreas en todo el país, ya que los incendios se replicaron también en otras provincias. Ciudades como Rosario se han visto invadidas por el humo durante semanas, donde la contaminación aérea superó hasta cinco veces los valores permitidos y quienes residimos en estos lugares tuvimos que enfrentarnos a la dificultad de salir a las calles y no poder respirar, además de que muchas personas han sufrido hasta desmayos y alergias producto de lo mismo. La situación se volvió crítica también para las comunidades de isleños que viven a metros de donde se produjeron los focos de incendios y que se tuvieron que enfrentar a los mismos, y ser ellos quienes, con lo que tenían a su alcance, tuvieran que apagar los incendios que amenazaban con arrasar sus casas, ya que los recursos del Estado nunca llegaron. A medida que la situación se complicaba aún más, una multitud de autoconvocados se organizó y fue a ayudar, porque ante la ausencia del Estado, la organización popular gana terreno.

Los humedales de Argentina representan más del 20% del territorio nacional, lo cual implica una enorme heterogeneidad. En consecuencia, las actividades que se realizan allí también lo son. Sin embargo, todos tienen algo en común: la ausencia de una ley nacional que legisle sobre estos territorios que se encuentran seriamente amenazados por el modelo productivo profundamente extractivista predominante no solo en estos lugares, sino en toda Latinoamérica.

La ley de humedales es una deuda pendiente que tiene nuestro país hacia estos ecosistemas que brindan un montón de servicios ecosistémicos esenciales para la vida, como el agua potable, la amortiguación de inundaciones y la absorción de carbono. En la última década se han presentado más de ocho proyectos de ley de humedales, aunque todos perdieron estado parlamentario en parte debido a la fuerte presión que ejercieron los lobbies del agronegocio y el inmobiliario. En este último tiempo, la situación que vivió el Delta puso de manifiesto la necesidad de tener una ley de humedales y en los últimos meses se presentaron 11 proyectos de ley, ocho en la Cámara de Diputados de la Nación y tres en la Cámara de Senadores. Todavía no se han tratado.

Como era de esperar, los lobbies que vienen impidiendo la sanción de la ley están presionando fuertemente para que ésta no salga. La disputa entre ambientalismo y producción no sólo es errónea, sino también un argumento que busca contraponer dos aspectos que no son opuestos, sino complementarios ya que para producir en un ambiente éste debe estar sano y si esto no se cumple, los modelos productivos son insostenibles en el tiempo y provocan costosas consecuencias.

La ley de humedales no viene a convertir al 20% de la Argentina en un gran parque nacional o en territorios intocables, todo lo contrario, es un instrumento que permitirá a las provincias ordenar el territorio y planificar qué actividades se van a llevar a cabo en estos ecosistemas, de qué forma, dónde, quiénes, etc. Es decir, la ley solo viene a regular y legislar sobre los humedales y, principalmente, a impedir que todo lo que hoy se está viviendo, se vuelva a repetir.

La pandemia del Covid-19 puso en manifiesto las falencias de todo un sistema que ya está al borde del colapso. Esta crisis sistémica demostró que es urgente planificar el territorio, que este sistema es inviable y que tenemos el deber de avanzar hacia uno en donde comer no sea un privilegio, donde la salud de los ecosistemas no se negocie, donde los derechos humanos sean garantías de todos y todas, y donde las generaciones que vienen no tengan en juego su futuro. Urge abandonar las lógicas colonizadoras que nos han traído hasta acá, y caminar hacia un modelo donde los excluidos de ayer sean protagonistas del hoy, con la dignidad de los pueblos como bandera. La crisis climática y ecológica es una realidad y la salida de ésta, colectiva.

 

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