Diego Rossi

«Este DNU marca una vocación política y un horizonte de gestión»

El Estado empieza a recuperar facultades regulatorias en un mercado altamente concentrado. Diego Rossi, docente de la UBA y especialista en Políticas de Comunicación, dialogó con El Grito del Sur y dijo que "es importante retomar capacidades que el gobierno anterior había autolimitado".

La pandemia puso de relieve las desigualdades de larga data en el acceso a servicios fundamentales para el pleno ejercicio de los derechos. En ese sentido, el congelamiento de las tarifas de telefonía celular, de Internet y de TV por cable, y su declaración como “servicios públicos esenciales”, resulta un paso importante en el actual contexto de emergencia sanitaria para garantizar el derecho de toda la población a estar informada y comunicada. Según el texto del decreto, el ENACOM establecerá una reglamentación para que las empresas ofrezcan una “prestación básica universal que deberá ser brindada en condiciones de igualdad”.

De esta forma el Estado recupera su capacidad de regular un sector estratégico, altamente concentrado en manos de Telefónica y el Grupo Clarín. “Este DNU equilibra la cancha, porque las empresas de telecomunicaciones que ocupan posiciones dominantes de mercado definían de facto las políticas públicas para el sector. Entonces, si lo vemos con un criterio amplio del concepto de regulación, hay un reacomodamiento de la cancha en virtud de que el Estado decide retomar capacidades que el gobierno anterior había autolimitado”, explicó a El Grito del Sur Diego Rossi, docente de la UBA y especialista en Políticas de Comunicación.

El DNU 690/20 anunciado por el presidente Alberto Fernández produjo reacciones de todo tipo. Algunos dirigentes de la oposición salieron al cruce rápidamente, incluso antes de que se conociera el texto de la norma y de que fuese publicado en el Boletín Oficial. Por su parte, las empresas que dominan la actividad -Telecom, Telefónica, Claro, DirecTV y Telecentro, entre otras- difundieron una solicitada para rechazar la medida regulatoria y advirtieron sobre posibles inconvenientes en sus inversiones a futuro. El argumento empresarial llamó la atención de los especialistas. Diego Rossi afirma “que las empresas en los últimos años hicieron anuncios de desinversiones producto de las sucesivas devaluaciones que sufrimos los argentinos”. Además, las estadísticas marcan que desde 2016 a este año el rubro de telecomunicaciones lideró el índice de inflación: llegó al 268% de incremento, cuando la inflación general fue del 228%. Es decir que las empresas no invirtieron en infraestructura ni mejoraron la calidad de sus servicios durante el período de recesión económica que produjo la gestión de Cambiemos y, además, aumentaron las tarifas en forma arbitraria.

Cabe destacar que Telecom-Cablevisión, propiedad del Grupo Clarín, ostenta una posición dominante respecto de las demás compañías, ya que es la única con capacidad de ofertar paquetes en cuádruple play. A nivel nacional Telecom concentra el 40,9% de los abonados a la telefonía fija, el 34% de la telefonía móvil con Personal, el 68% de los servicios de Internet por banda ancha fija bajo la firma Fibertel, el 39,5% de la banda ancha móvil y el 38% del mercado de la TV por cable. En este mapa de situación, los sectores Pymes y cooperativos que operan en diferentes zonas del interior vienen pidiendo una interlocución con las autoridades y bregan por políticas públicas que los contemplen. Con respecto a estos actores y en relación al congelamiento de tarifas, Rossi sostuvo que “el DNU -al ser una norma de carácter general- alude de igual manera a los grandes que a los chicos”. Y agrega: “Son sectores a los que hay que escuchar y a los que no se les puede aplicar la misma vara que a las multinacionales o a empresas integradas verticalmente en la cadena de valor”.

Si bien el decreto presidencial resulta indispensable para achicar la brecha digital en un momento de extrema vulnerabilidad social, aún queda un largo camino por recorrer en el cual el Gobierno deberá desplegar estrategias para acabar con la profunda desregulación que produjo el macrismo, materializada en el desguace de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (2009) y de la Ley Argentina Digital (2014). Dos normas que garantizaban la pluralidad informativa y regulaban el otorgamiento de licencias de radiodifusión. Con respecto a este tema, Diego Rossi sostiene que “no se puede volver a reestablecer situaciones” y que el Gobierno tiene el desafío de “diseñar un Estado con más capacidades institucionales”. Y explica: “Tener más capacidad institucional implica tener la posibilidad de planificar escenarios, y para esa planificación hay que tener información consistente y un mapa multiactoral, no sólo con los actores privados múltiples sino también con actores públicos múltiples”.

En síntesis, el DNU es un paso importante para garantizar el derecho humano a la conectividad y, a la vez, multiplica los desafíos que quedan por delante, especialmente en los barrios populares, territorios rurales o semirurales a donde no llega la cobertura de internet por banda ancha. “Según el Ministerio de Educación, más de la mitad de las escuelas no tienen un piso tecnológico adecuado, y no alcanza con el fondo de Servicio Universal del ENACOM que actualmente está arriba de los 10 mil millones de pesos”, reveló Rossi a este medio. Y concluyó: “Hay que retomar palabras como sinergia y eficiencia con sentido social. Hay que desplegar capacidad institucional y eso es un desafío que, en ésta como en otras áreas, tiene el actual Gobierno en un contexto de escasez de recursos. Para eso es importante trasparentar. Y creo que este DNU trasparenta la situación y marca una vocación política y un horizonte de gestión”.