Anoche, con la presencia del gobernador Axel Kicillof y de intendentes oficialistas y opositores, el presidente Alberto Fernández exhibió a todo el país la cruda diferencia respecto a la inversión en seguridad entre la Ciudad y la Provincia. Mientras que en la metrópolis porteña un policía tiene un salario básico de $49.204 pesos, en territorio bonaerense es de $37.572. Al mismo tiempo, el gasto per cápita en Seguridad (2019) en CABA es de $16.901, pero en Provincia es de apenas $6.702. El anuncio de la creación de un Fondo de Fortalecimiento Financiero Fiscal, realizado después de una jornada convulsionada que incluyó protestas policiales en casi todo el Conurbano y una concentración frente a la Residencia de Olivos, implica la quita de un punto de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires para transferirlo a la Provincia de Buenos Aires.
Esta medida debe entenderse como una reparación histórica que viene a subsanar en parte la pérdida de recursos económicos que sufrió el distrito más populoso del país a lo largo de las últimas décadas. Además, pone en tela de juicio los acuerdos político-partidarios que se efectuaron durante la gestión Macri entre la administración nacional y porteña. Hasta el año 2015, el total de transferencias desde el Gobierno nacional representaba entre el 10% y el 12% de los recursos de la Ciudad. Sin embargo, ya en el primer año del mandato de Macri, el aporte nacional a los recursos de la Ciudad pasó a representar casi el 23% alcanzando el 25,7% en el año 2019: un total de 91.890 millones de pesos. Cabe destacar que en el año 2016 el Ejecutivo Nacional aumentó la coparticipación de CABA del 1,4% al 3,75%, porcentaje que se redujo en el año 2018 al 3,5% en el contexto de la Reforma Tributaria de aquel momento.
De acuerdo con un reciente estudio del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM), realizado por Darío Ezequiel Romano y Sonia Filipetto, «tres datos explican el aumento de las transferencias: el incremento en la distribución de los fondos coparticipables a la Ciudad que pasaron del 1,4% al 3,75% en el año 2016, porcentaje que luego se redujo al 3,5%; las transferencias corrientes con un incremento del 663% desde que asumió Mauricio Macri, muy por encima de cualquier índice de inflación acumulada en 4 años, triplicándose entre 2016 y 2017, con una suba exponencial en los años 2018 y 2019».
El polémico Decreto Nº 399/16, que llevó la coparticipación de CABA al 3,75%, había sido justificado bajo la necesidad de incrementar los recursos para el traspaso de la Policía Federal; sin embargo, el texto incorporó no sólo el gasto producido por las fuerzas policiales, sino también todo lo referido a la función Seguridad: «Los fondos transferidos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (…), serán destinados para consolidar la organización y funcionamiento institucional de las funciones de seguridad pública en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
Este incremento desmedido permitió una situación excepcional, en la cual el principal distrito que gobierna el Pro se convirtió en la única jurisdicción que no utiliza recursos propios para financiar el área de seguridad. Esto también le permitió expandir su Policía en una forma desproporcionada si se compara con el resto del país. Según datos oficiales, la Provincia de Buenos Aires tiene un gasto en Seguridad que duplica a la CABA para una cantidad de población que es cinco veces y media mayor. «La Ciudad de Buenos Aires no sólo es la jurisdicción que más recauda y más presupuesto tiene por habitante, sino que es la que más se ha beneficiado de las transferencias nacionales en los cuatro años de Macri. Éste es un dato imprescindible a la hora de evaluar sus políticas, y la carencia inexplicable de otras como las de producción y empleo», explica Matías Barroetaveña, legislador porteño del Frente de Todos y director del CEM.
Otros beneficios recibidos
El aumento excesivo de fondos de la coparticipación y otras transferencias discrecionales no fueron las únicas concesiones que recibió la metrópolis porteña en los últimos años. También se destacaron obras públicas como el Paseo del Bajo, que implicó un préstamo de USD 400 millones del Gobierno nacional con la Corporación Andina de Fomento. Si bien Nación transfirió más tarde una parte del crédito a la Ciudad (USD 175 millones), al mismo tiempo le cedió una serie de inmuebles -entre ellos, la totalidad de los terrenos de la Villa 31- cuya venta le permitiría financiar el pago y sustentar una gran cantidad de negocios inmobiliarios.
La transferencia del juego fue otro de los beneficios que obtuvo la Ciudad durante el gobierno de Macri. Acordada a fines de 2016, la competencia de juegos de azar incluye la regulación del Hipódromo, el Casino flotante y 1200 agencias de juego. Durante el año 2019, los recursos que CABA recibió de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA SE) alcanzaron los $2894 millones. Por otro lado, también se destaca la reducción del aporte de la Ciudad al presupuesto del Hospital Garrahan, que pasó de ser un 50% a apenas el 20% desde el año 2017.
Actualmente, la Ciudad de Buenos Aires realiza gastos con dinero de la coparticipación que se imputan a la función seguridad y no corresponden a la Policía. En 2016, el presupuesto de la Policía de la Ciudad representó el 88% del gasto en el área seguridad, pero esa proporción muestra una tendencia descendente: para 2019 se proyectaba en el 84%. Es decir, otros gastos financiados con recursos detraídos de Nación eran parte del presupuesto de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), Ordenamiento y Control de Tránsito y Transporte, Seguridad del Subte, entre otros organismos.
