«No sabemos dónde vamos a vivir en 15 días», se quejan las organizaciones de inquilinos e inquilinas frente a lo que consideran una fuerte «angustia e incertidumbre» que están viviendo. A sólo dos semanas de la finalización del decreto 320/20, desde este sector presionan con mayor fuerza al Gobierno para que tome en lo inmediato una decisión. Esta mañana, la diputada nacional Fernanda Vallejos (Frente de Todos) presentó un proyecto de ley para extender esta disposición hasta marzo de 2021 y se sumó al ya entregado por la también oficialista María de los Ángeles Sacnun en el Senado de la Nación.
La iniciativa de Vallejos extiende el congelamiento del precio de los alquileres, la prórroga de los contratos, suspende los desalojos y obliga a pagar el alquiler por transferencia bancaria. En los considerandos, se menciona la «delicada» situación que atraviesan inquilinos e inquilinas y se plantea que, en el marco de la pérdida de vigencia del decreto 320/20 el próximo 30 de septiembre, «hay aproximadamente un millón de familias en condiciones de ser desalojadas a partir de octubre por las deudas acumuladas».
Se estima que, en la actualidad, nueve millones de inquilinos destinan la mitad de su sueldo para pagar el alquiler de su vivienda, aunque una gran parte percibe menos ingresos desde que comenzó la pandemia. El proyecto oficialista, que aún se desconoce si cuenta con el aval del Presidente, señala que el decreto 320/20 «empodera al inquilino y es fundamental: si no se prorroga habría una gran cantidad de juicios de desalojo y embargos a garantes». «Es necesario extender por lo menos hasta el mes de marzo de 2021 dicha medida, sobre todo teniendo en cuenta los últimos datos y la necesidad de continuar resguardando la situación habitacional de las personas y familias que alquilan», agrega.
De acuerdo con la última encuesta de la Federación de Inquilinos Nacional, casi el 38% de los inquilinos del país no podrán pagar el alquiler de septiembre en parte o en su totalidad. Por esta razón reclaman un «plan de desendeudamiento que, así como el ATP, el Estado salde las deudas de los inquilinos con los pequeños propietarios». Desde la Campaña #ProhibidoDesalojar, por su parte, exigen también que «se incorpore al DNU la suspensión de todo tipo de desalojos, con o sin contrato, incluyendo casas colectivas y recuperadas». «Las casas con tenencia irregular, así como muchas situaciones de alquiler informal que se dan en hoteles y villas, quedaron exentas del DNU 320/20, dejando sin protección a un gran número de familias y personas, que con la creciente crisis económica y social dejaron de pagar los alquileres», plantean.
La situación de desalojos masivos a nivel mundial fue advertida inclusive por Balakrishnan Rajagopal, relator especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda. «El derecho a la vivienda es fundamental en cualquier respuesta a la pandemia; sin embargo, estamos viendo una aceleración en los desalojos y en la demolición de viviendas», dijo el referente de Naciones Unidas. En Brasil, por ejemplo, ya más de 11 mil personas fueron expulsadas de sus hogares.
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