El Renabap sale de la órbita de María Eugenia Bielsa

La urbanización de los barrios populares se muda a Desarrollo Social

El Gobierno oficializó esta mañana el traspaso del Renabap y la secretaría encargada de la urbanización de barrios populares desde el Ministerio de Hábitat al de Desarrollo Social. Había críticas por demoras burocráticas en la ejecución de las obras y por "falta de conocimiento del territorio".

A través de un decreto publicado esta mañana en el Boletín Oficial, el Gobierno traspasó el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) al Ministerio de Desarrollo Social. En lo concreto, a partir de esta semana, la ejecución de las obras y de los programas de integración socio-urbana de más de 4 mil villas y asentamientos del país, a cargo de la dirigente del Frente Patria Grande y el MTE Fernanda Miño, dejarán de funcionar bajo la órbita del Ministerio de Hábitat y Vivienda y se mudarán hacia la cartera que conduce Daniel Arroyo. Se espera que Arroyo y Miño hagan el anuncio oficial y brinden detalles en los próximos días sobre la decisión, que tiene su origen en la necesidad de agilizar el proceso de las urbanizaciones.

Según había informado El Grito del Sur, el inicio de las obras en los primeros 40 barrios seleccionados, en su mayoría de la zona sur del conurbano, estaba planificado para mediados del mes pasado, pero no cobraron fuerza sino hasta la semana pasada, dos meses más tarde del anuncio oficial de la puesta en marcha el programa. De acuerdo a lo que relatan fuentes que trabajan en su implementación, surgieron diferencias con los funcionarios que responden a la ministra María Eugenia Bielsa en las formas de proceder en el territorio mismo, por lo que se buscó una salida que ofrezca un paradigma y un marco de funcionamiento más acorde con los métodos de trabajo de la Economía Popular, cuyas cooperativas son las que en definitiva ejecutan los fondos destinados a la urbanización.

La integración de los barrios populares fue una de las promesas del presidente Alberto Fernández en los primeros meses de la pandemia, que expuso en mayor medida la falta de servicios básicos y la dificultad para realizar medidas de aislamiento. Los casos de la Villa 31, en la Ciudad, y de Villa Azul, en Quilmes, habían visibilizado desigualdades profundas en el acceso a la vivienda, que volvieron a alcanzar repercusión mediática con las tomas de tierras que se extendieron el mes pasado por el conurbano.

Para semejante tarea, la Secretaría de Integración Sociourbana -a cargo de Fernanda Miño, dirigente popular del MTE que comenzó su militancia en La Cava de San Isidro– cuenta con un fideicomiso de 17 mil millones de pesos, financiado en parte por el Impuesto País al dólar y préstamos del BID y el Banco Mundial que vienen de la gestión anterior. Además, el 15 por ciento de los 300 mil millones que el Gobierno espera recaudar si el Congreso aprueba el aporte extraordinario a las grandes fortunas, también estaría a priori destinado a las urbanizaciones.

El traspaso no se dio en los mejores términos. En la Secretaría que conduce Miño había malestar porque entendían que las demoras en la ejecución de los fondos no se correspondían con el crecimiento del problema de la vivienda en el país, con las tomas de tierras como ejemplo de esa situación. Las obras no podían trabarse por “formalidades jurídicas”, explican desde la Secretaría, a lo que se sumaba un “desconocimiento del territorio”.

En Desarrollo Social, en tanto, tomaron el guante y prometieron agilizar los trabajos y los resultados. En ese ministerio, donde las organizaciones sociales dirigen gran parte de las políticas públicas, quienes llevan adelante la urbanización esperan tener “más flexibilidad” en la ejecución, lejos de una “mirada academicista” de la cartera que abandonan. Las primeras obras en Lomas de Zamora ya empezaron a realizarse la semana pasada. “Los vecinos y las vecinas no pueden esperar a tener agua potable”, insiste Miño.

 

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