La discusión por los fondos que la Ciudad recibe de la Nación sigue su curso en el Congreso y en la Corte Suprema. La secretaria de Relaciones con las Provincias del Ministerio de Interior, Silvina Batakis, adelantó que la Oficina de Presupuesto del Congreso realizará una auditoría para determinar a cuánto asciende realmente el gasto en Seguridad del Ejecutivo conducido por Horacio Rodríguez Larreta, punto central de la pelea en el que hasta ahora hay más oscuridad que certezas: mientras el informe elaborado por la propia Batakis sostiene que la Ciudad se quedó con 86 mil millones de pesos de más durante los cuatro años que gobernó Macri, en Parque Patricios afirman incluso lo contrario, que los recursos girados por la Rosada no llegaron a cubrir siquiera la totalidad de ese ítem sensible de su presupuesto.
Probablemente los números finos estén en un punto intermedio pero, aun así, hay una suerte de sensación generalizada en el sistema político de que la Ciudad tiene todas las de perder, independientemente de la otra discusión, que gira en torno a la legitimidad o no de los recursos que se transfirieron en su momento y que ahora se busca recortar. De todas formas, el debate está desnudando la falta de transparencia con que se manejan los fondos de Seguridad no sólo en territorio porteño, sino en todos los niveles de gestión nacionales, provinciales y municipales: pasadas dos semanas desde el DNU con el que Fernández realizó el primer recorte, del 3,5 al 2,32 por ciento, no hay claridad aún –al menos en el debate público– sobre cuál es el costo real de la Federal, ni que hablar del resto de los cuerpos policiales del país. Eso permite que cada bando haga su cálculo particular. En hora buena, entonces, que la pelea arroje finalmente algo de luz sobre la cuestión.
Por ahora, el Ejecutivo porteño prefiere centrarse en las formas en que se determinó el recorte, más que en justificar en qué gastó y gasta la plata recibida. En el amparo que elevó a la Corte, afirma que es “arbitrario” el porcentaje que determinó Fernández para financiar de ahora en más la Policía, pero no aporta números. La estrategia legal de Rodríguez Larreta apela al derecho a la “progresividad” en los recursos que reciben las provincias de parte del Estado, tema sobre el cual habría una extensa jurisprudencia a su favor. La Nación, en cambio, fue por dos caminos: buscará fijar por ley un nuevo recorte y ya avisó que los resultados de la auditoría del Congreso podrían hacer retroceder al Jefe de Gobierno, porque de comprobarse que recibió fondos de más, se expondría a una catarata de reclamos del resto de los gobernadores. El nombre técnico de eso es «enriquecimiento sin causa» y podría poner a la Ciudad en un verdadero problema fiscal y político.
Ahora bien, ¿cuáles son hasta ahora los números finos que mostró cada bando? Antes de empezar a desmenuzarlos es necesario repasar el marco histórico del conflicto: en 2016, ni bien asumió como presidente, Mauricio Macri cumplió su promesa de campaña y traspasó a Rodríguez Larreta una porción de la Federal, que se fusionó enseguida con la vieja Metropolitana en la Policía de la Ciudad. El traspaso se hizo mediante un convenio que garantizaba también el afluente de recursos necesarios para financiar los sueldos de los agentes. Vía el DNU 194 de 2016, Macri triplicó los fondos porteños de coparticipación a ese fin, que pasaron del 1,4 al 3,75 por ciento hasta 2018 y, luego del pacto fiscal, al 3,5. En cuatro años, hasta 2019, la Nación transfirió en total de 206 mil millones de pesos. Para darse una idea de la masa de recursos que eso significó, basta con decir que equivale a 13 veces el presupuesto entero del municipio de La Matanza (de población similar a la Ciudad) para este año.
LOS NÚMEROS
Si se toman como parámetro los últimos cuatro informes que todos los años la Ciudad presenta ante la Comisión Federal de Impuestos (CFI), se desprende que el Ejecutivo porteño tuvo que poner recursos propios para completar el gasto en Seguridad, que incluye obviamente la Federal traspasada. De acuerdo a esos documentos, en 2019 la Ciudad recibió 50.326 millones de pesos de coparticipación destinados a Seguridad vía el DNU de Macri, y gastó 52.364 millones, es decir, puso más de dos mil millones de sus propias arcas. Vale aclarar que ese gasto se divide entre los sueldos y funciones de la Policía de la Ciudad, de 51.055 millones y “otros gastos de seguridad”, por 1.309 millones. “El gasto en Seguridad de la Ciudad es incluso mayor a los recursos que nos pasa Nación”, alegó durante el pico del debate el vicejefe de Gobierno y secretario de Seguridad, Diego Santilli.
Pero Nación dice exactamente lo contrario. En el informe que hizo circular el Ministerio de Interior la semana pasada, se calcula que el gasto de los efectivos traspasados fue de apenas 13.945 millones de pesos, muy por debajo de los 50.326 que transfirió Nación ese año a la Ciudad para financiar la Seguridad. Es decir, en lugar de un “rojo” en las cuentas como dicen en Parque Patricios, hubo un “exceso” de 36.617 millones de pesos solo en 2019. En total, durante cuatro años, según el Gobierno nacional, la Ciudad gozó de 86 mil millones “extra”.
¿Por qué hay tanta diferencia entre uno y otro cálculo? La respuesta es compleja y tiene varias aristas. La primera: como Nación dejó de manejar a la Federal en 2016, sólo puede calcular cuánto se va en salarios actualizando esos montos según la inflación de los años subsiguientes. En la Ciudad dicen que el cálculo está mal hecho y que en la Rosada sólo toman los salarios más bajos de los efectivos para llegar a ese número.
La segunda: el traspaso de la Federal vino acompañado de sus “funciones”, entre ellas, de los “servicios” que brinda y que van a parar a los salarios de los agentes en forma de los famosos “adicionales”. Traducido: son los ingresos que genera la Policía cuando cubre la seguridad de un evento deportivo, cultural o político, desde los partidos de fútbol hasta los recitales y las marchas. Según Nación, hay unos 6 mil millones de pesos más que el Estado nacional dejó de recibir en ese concepto en favor de la Ciudad.
Ese es un punto de mayor complejidad: los “servicios” de la Federal iban a parar a los sueldos de los efectivos en modo “adicionales”; por lo tanto no representaban únicamente un “ingreso”, sino también, podría decirse, un gasto. El problema es que, aún con ese “adicional” en el salario, los federales cobraban mucho menos que los agentes de la Metropolitana, con los que fueron fusionados. Eso representaba un problema político para la Ciudad, pero los recursos de coparticipación pudieron equipararlos, aunque no del todo. Es decir, la Nación transfirió los recursos necesarios para que los agentes de la Federal tuvieran el aumento necesario para equipararse a los que percibía la Metropolitana. Eso, más el «gasto» y el «ingreso» de los adicionales.
Además, los recursos nacionales también financiaron los sueldos de la Policía Metropolitana, que hasta 2015 pagaba la Ciudad. Según el presupuesto de ese año, su funcionamiento representaba el 4,5 por ciento del presupuesto. A 2020, equivale a aproximadamente unos 21,7 mil millones de pesos, que debería estar pagando la Ciudad y no la Nación.
Ese es el único cálculo posible, a ojo, dado que desde la fusión entre ambas en la Policía de la Ciudad no hay forma de desagregar esos números. Lo mismo sucede con los “adicionales”, que siempre fueron un punto oscuro de la financiación policial. Habrá que ver qué resultados arroja al respecto la auditoría del Congreso.
Ahora bien, el Gobierno nacional dice, con razón, que el decreto a través del cual Mauricio Macri estimó que la Ciudad debería recibir el 3,75 por ciento de coparticipación para gastos de Seguridad no contaba con un cálculo técnico que justificara esa cantidad de recursos. Así que realizó el suyo propio que fijó ese número en 0,92. El proyecto de ley que ya ingresó en el Senado va incluso más allá y busca que la coparticipación vuelva al 1,4 original, previo al DNU de Macri, y se fije un monto a transferir por fuera de los recursos coparticipables únicamente para financiar la porción de la Federal transferida, con una fórmula atada a la inflación. Un ajuste todavía mayor al que se discute hoy y, que como se vio esta semana en el Senado, tiene el apoyo de la mayoría de los gobernadores del interior del país.
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