Mercado informal y pandemia, un combo explosivo

No hay DNU que detenga los desalojos en la Ciudad

Desde marzo hasta ahora, la Defensoría del Pueblo porteña asistió a más de 300 solicitudes de intervención por riesgo de desalojo en la Ciudad. Esta situación se agravó en el último mes por la demora en la extensión del DNU 320. Testimonios de personas que sufren la problemática y la respuesta de las organizaciones.

Tres días atrás, el Gobierno extendió el congelamiento de los precios de alquileres y la suspensión de los desalojos por falta de pago, medida vigente desde marzo en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia. La crisis habitacional se ha agravado en los últimos meses, debido a que muchas familias se quedaron sin ingresos y -quienes no quedaron en situación de calle- tuvieron que recurrir al hacinamiento en hogares donde vive más de una familia. Este fenómeno se vio reflejado con mayor visibilidad mediática en el conflicto de Guernica, donde la falta de techo de unos contrasta con el creciente número de viviendas vacías y la construcción orientada a la lógica especulativa.

En la Ciudad de Buenos Aires, a pesar de la vigencia del DNU 320/20, los desalojos no se detuvieron con la cuarentena. Las víctimas siguen siendo los sectores de bajos recursos que padecen condiciones de pobreza, vulnerabilidad y exclusión socio-económica agravadas por el elevado valor del suelo urbano y de los alquileres en el mercado inmobiliario. En muchos casos, se trata de mujeres y migrantes. Es que la «Ciudad informal», la de los hábitat precarios y desregulados en hoteles y villas, deja muchos resquicios para que la norma no tenga valor ni importancia allí.

Desde marzo hasta la fecha, la Defensoría del Pueblo porteña asistió a 187 solicitudes de intervención por riesgo de desalojo en la Ciudad. Este dato no incluye la situación en barrios populares, donde ya se registraron otras 141 solicitudes de intervención por riesgo de desalojo. En todos los casos se activó el protocolo que dispone hablar con ambas partes explicando los alcances del Decreto 320 y notificando al GCBA. En caso de que haga falta, se pone a disposición un servicio de mediación para resolver el conflicto.

«La situación económica es el detonante de los conflictos debido a la falta de pago de los alquileres, pero también existen situaciones desencadenadas por problemas de convivencia producto de la cuarentena. Nuestras intervenciones buscan no sólo contener la situación y mediar entre las partes, sino también articular con diferentes áreas del Gobierno de la Ciudad y organizaciones de la sociedad civil -esto último en el caso de los migrantes- para poder ayudar a los vecinos que se ven imposibilitados de pagar sus alquileres o bien para reubicar a aquellos que son víctimas de discriminación o situaciones de violencia», explicó a El Grito del Sur Gastón Juan, miembro de la Subsecretaría de Derechos Sociales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.

El Ministerio Público de la Defensa (MPD CABA) también lleva su propio conteo desde que se inició el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Según datos proporcionados a este medio, la Dirección de Asistencia a Personas Involucradas en Procesos de Desalojo recibió 91 solicitudes de intervención a raíz de situaciones de este tipo en la Ciudad. «Esto hasta el 15 de agosto, pero en el último mes subieron mucho las consultas porque se temía la finalización del decreto contra los desalojos. La situación es muy preocupante a futuro, el decreto del Gobierno nacional es una buena medida de alivio pero se necesitan medidas de fondo en forma urgente porque sino el año 2021 va a ser muy complejo», agregaron desde el MPD. Cabe destacar que en la Justicia Civil ya hay una gran cantidad de desalojos firmes, que apenas se levante el decreto podrían ejecutarse.

Testimonios en primera persona

Kimberly tiene 30 años, es migrante venezolana y vive en una pensión ubicada en las inmediaciones de la Villa 1-11-14. A lo largo de la pandemia sufrió diferentes intentos de desalojo que afortunadamente no se llegaron a concretar. «Yo me había quedado sin trabajo y no tenía como pagar en ese momento, pero le dije al dueño que lo iba a poder solucionar. Igualmente los problemas ya venían desde antes, había un problema de xenofobia conmigo. Me quisieron cortar los servicios unas diez veces. Eran todas medidas de presión para echarme. Yo estaba desesperada porque tengo un hijo de cuatro años», cuenta a este medio.

Victoria tiene 26 años, es migrante uruguaya y vive junto a sus dos pequeños hijes en el Hotel Sáenz Peña (barrio de Montserrat). Antes de ingresar en marzo a esta residencia, había estado en situación de calle mientras atravesaba su embarazo. «Las cosas se fueron poniendo difíciles porque en este lugar no aceptan niños. Entonces el dueño y la encargada quisieron echarme a toda costa. Pagar no podía pagar porque estando embarazada me quedé sin trabajo y tampoco tenía los documentos en regla, estoy ahora con esos trámites. Se hace más difícil en pandemia porque todas las oficinas están cerradas», relata.

Kimberly señala que «cada vez que viene a la casa, el dueño dice que me va a desalojar. Yo le estoy pagando de a poco, pero él nunca me dio un recibo. Hoy estoy vendiendo cosas en la calle y tratando de subsistir de esa forma». Por su parte, Victoria afirma que «el jueves vino el dueño y dijo que los que no podían pagar se tenían que ir. Estamos en una situación de incertidumbre que va cambiando día a día. No llegó a venir la policía, pero ya nos quiso sacar varias veces a la fuerza. Yo no podría soportar estar nuevamente en calle y menos con un bebé».

La respuesta desde las organizaciones

Diferentes organizaciones vienen atendiendo el incremento de la problemática habitacional que sufren una gran cantidad de familias. Este último mes fue particularmente intenso, debido a la demora del Gobierno para extender el DNU que congela los precios de los alquileres y prohíbe los desalojos. Algunas deudas de inquilines llegan en la actualidad hasta los 50 mil pesos, cuestión que afecta en mayor medida a quienes no pueden acceder al circuito formal de alquileres. Es por esto que uno de los reclamos vigentes es la suspensión real de todos los desalojos, que incluya la falta de pago de locaciones con o sin contrato, así como los devenidos por causas que tramitan en juzgados de distintos fueros.

«Más allá de las distintas respuestas que se dieron a las amenazas de desalojo, hasta ahora fue imposible lograr la aplicación del DNU 320 en hoteles, pensiones y villas dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Al realizarse desalojos en el circuito informal, aumentaron de manera exponencial las recuperaciones de tierras ociosas siendo uno de los casos emblemas la recuperación de Guernica. Les más afectades por la emergencia habitacional son las mujeres y disidencias, pero también compas migrantes. Personas que son desalojadas y quedan en esta situación, es muy difícil que puedan encontrar un espacio para vivir», aseguró Gigi Krein, integrante de Consejerías de Vivienda.

Desde este espacio, cuenta Gigi, reniegan contra los «caprichos del mercado inmobiliario», como impedir el alquiler a familias con niñes. El principal riesgo es un aumento aún mayor de la gente en situación de calle, problemática que ya fue relevada por dos censos populares en 2017 y 2019. «No hay medidas desde el Estado como un impuesto a la vivienda ociosa, al achicarse tanto la oferta y crecer demasiado la demanda se provoca un desajuste enorme en un mercado que ya de por sí tiene muchas injusticias», concluyó Krein.

Foto de portada: Mariano Martino / Tiempo Argentino

 

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