La fiscal Nilda Ciccero, al frente de la Fiscalía de la Cámara de Apelaciones, respaldó esta semana la medida judicial que frena el avance del megaproyecto Ciudad Palmera por parte de la empresa IRSA en el corazón del barrio de Caballito. La decisión fue celebrada por vecinos, organizaciones y comuneros que resisten desde hace años la instalación del emprendimiento inmobiliario y exigen la instalación de un parque en la zona.
«La decisión de la Fiscalía nos vuelve a dar la razón a los vecinos y las vecinas de Caballito en este reclamo que le venimos haciendo al Gobierno de la Ciudad. La obra que quiere hacer IRSA es ilegal: intentaron falsificar información pública y utilizaron una maniobra para evitar la audiencia», explicó el comunero del Frente de Todos (FdT), Osvaldo Balossi, en diálogo con El Grito del Sur. «La decisión del juez, que nos dio la razón, ahora está respaldada por la fiscal y resta que la Cámara resuelva en función de la apelación que hicieron el GCBA y la empresa IRSA», agregó.
Este jueves se conoció la medida que refrenda la prohibición de avanzar en obras dentro del terreno lindero a las vías del Ferrocarril Sarmiento. “La significativa modificación respecto del uso original del predio brinda suficiente justificación para (…) que el proyecto inmobiliario pueda presentar un relevante efecto respecto de su entorno y que, en tanto tal, deba recorrer el proceso trazado normativamente para su aprobación”, explicita el texto emitido desde la Fiscalía.
El pasado 13 de agosto, el juez de primera instancia Darío Reynoso ya había otorgado la cautelar luego de evaluar que la obra, por su magnitud e impacto, requería una audiencia pública previa. El conflicto había comenzado cuando la empresa reinició de manera ilegal las obras para la construcción de 10 torres y un shopping a cielo abierto en el terreno de 24.000 metros cuadrados ubicado sobre la calle Avellaneda al 1300. «Creemos que hubo connivencia entre el Gobierno de la Ciudad y la empresa para hacer pasar como cuatro construcciones pequeñas la construcción de 10 megatorres», sostuvo Balossi.
«Desde hace 20 años Alto Palermo SA intenta desarrollar un megaproyecto inmobiliario para construir un shopping y un complejo de edificios. El origen fraudulento de las tierras, que fueron adquiridas por la empresa en el concurso de Ferro, se remonta a una resolución judicial del juez Rodolfo Herrera, quien luego fuera procesado y destituido», señaló Martín Iommi, integrante de la Coordinación del Consejo Consultivo de la Comuna y uno de los principales promotores de la lucha contra la instalación del shopping. «La presión de los vecinos logró en su momento que incluso el Club Ferro no haya sido destruido en su totalidad. Ahora lo que queremos es que allí se construya un gran parque público y por eso estamos haciendo una fuerte campaña de difusión», agregó Iommi.
Afectaciones al comercio barrial, impacto ambiental adverso, sobrecarga en los servicios públicos y una continuidad en la política de privatización de los espacios públicos que a esta altura ya resulta endémica en la Ciudad de Buenos Aires. Los argumentos de los vecinos y las vecinas tuvieron su réplica en la Justicia y ahora el proyecto espera parado por una resolución que dictamine sobre su futuro. «Logramos frenar la obra. Ahora lo que queremos discutir en serio es la constitución de un parque que integre al Playón Ferroviario, que contendría 17 manzanas y que sería inclusive más grande que el playón ferroviario», finalizó Iommi.
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