La trama no es nueva, pero ahora se discute su regulación. La tecnología de reconocimiento facial, que el GCBA presenta como uno de sus principales logros en materia de seguridad, funciona desde 2019 en la Ciudad de Buenos Aires, cuando el Ejecutivo de Horacio Rodríguez Larreta instaló más de 300 sistemas en cámaras de vigilancia que operan a través del sistema CCTV en calles y estaciones de subte. A pesar de los resultados de éxito presentados por el GCBA, han sido numerosas las fallas del servicio e incluso se ha llevado a detenciones erradas y falsos positivos. De hecho, los antecedentes internacionales preocupan: las pruebas realizadas por la Metropolitan Police de Londres entre 2016 y 2018, arrojaron que se registró un 96% de personas mal identificadas como presuntas criminales.
Esta semana, la Legislatura porteña comenzó el debate para regular e incorporar al Sistema de Reconocimiento Facial dentro del marco de la ley del Sistema Integral de Seguridad Pública. La propuesta proviene de un grupo de legisladores del Frente de Todos CABA y, entre los considerandos del proyecto -elaborado por la legisladora Claudia Neira-, destaca la necesidad de tener lineamientos generales que garanticen la utilización racional de los dispositivos así como establecer criterios claros de distribución territorial.
El proyecto propone la modificación de los criterios de instalación de estas cámaras (actualmente dispuestos por el Poder Ejecutivo porteño) y la posibilidad de adecuar su ubicación a los datos que emergen del Mapa del Delito que dispone el GCBA. Asimismo, el texto de la ley establecería la prohibición de incorporar datos biométricos o registros de personas que no cuenten con orden de captura o restricción, argumentando que los datos recolectados por las cámaras no pueden ser utilizados para otra función de la que haya motorizado su búsqueda.
Una de las principales críticas a esta propuesta provino de la Fundación Vía Libre, que esta semana publicó un comunicado donde sienta una clara posición en torno al tema. «Apreciamos la buena voluntad de las y los legisladores firmantes que abren un debate que consideramos indispensable sobre la regulación de este tipo de tecnologías. Sin embargo, junto a organizaciones colegas como AccessNow, ADC, CELS y ODIA entendemos que, antes de avanzar en esta regulación, se debe dar otra discusión todavía más profunda: ¿es aceptable instalar tecnologías de esta naturaleza en la esfera pública?», señala el comunicado de la Fundación.
Desde la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) explicaron que “el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos no solo ha potenciado la vigilancia del espacio público como nunca antes; además ha puesto en jaque las mismas garantías Constitucionales que el Estado debe resguardar y asegurar”. “Nunca en democracia se había instalado un sistema tan invasivo de los derechos de libre circulación en la esfera pública”, sentenciaron desde Vía Libre.
A pesar de que la iniciativa presentada por Neira prevé que exista un control periódico y una entrega trimestral de informes a la Defensoría del Pueblo, desde las organizaciones del campo se señala que el proyecto no contempla el impacto en materia de derechos humanos. «Ni siquiera se ha cursado el proyecto a la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación, sede natural de un proyecto de este tipo». 
El software utilizado actualmente se llama “UltraIP®“ y su contratación directa fue adjudicada a la empresa DANAIDE S.A., el 22 de abril de 2019, por el total de un millón y medio de dólares. El reconocimiento se hace en base a una serie de imágenes y fotos preexistentes y, cuando se identifica a un sospechoso, se activa un mecanismo similar al de una denuncia policial. Consultados por la Asociación ADC, desde el GCBA argumentaron que la eficiencia del sistema se encuentra por encima del 90% y que los principales errores se deben a problemas en la carga de la base de datos.
En su momento, la presentación del sistema de reconocimiento facial contó con el auspicio de la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el actual vicejefe de Gobierno, Diego Santilli. Actualmente, el manejo del sistema está a cargo del Centro de Monitoreo Urbano de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y utiliza la base de datos de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CONARC) para la búsqueda de prófugos.
A pesar de las críticas por la falta de debate, la Comisión de Seguridad de la Legislatura ya comenzó a abordar el tema y se prevé que pueda estar dentro del temario que abordará el parlamento porteño en la sesión del próximo jueves.
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