Policías sublevados

La protesta de efectivos de la Policía Bonaerense apareció pocos días después de que el Presidente anunciara un ambicioso plan de seguridad para el AMBA. Gabriel Ganón y Mariana Lorenz, especialistas en el tema, analizan un reclamo que propicia cierto clima destituyente favorable a los sectores más radicalizados de la oposición.

Todo empezó con los oscuros dichos del expresidente Eduardo Duhalde el pasado 25 de agosto: «La Argentina puede tener un golpe de Estado». Luego se produjo la confirmación de que el cuerpo hallado en el partido de Villarino era el de Facundo Astudillo Castro, el joven que estuvo cuatro meses desaparecido tras haber subido a una camioneta de la Policía Bonaerense. Ahora, las alarmas volvieron a sonar más fuerte tras el inicio de una serie de protestas policiales en la Provincia de Buenos Aires, que hasta el momento tienen su epicentro en La Matanza, Almirante Brown y Lanús dentro del conurbano, pero también en otras ciudades como La Plata, Bahía Blanca y Mar del Plata. Si bien el gobierno de Axel Kicillof prometió ayer un aumento salarial del 30 por ciento, entre otras mejoras, el anuncio no logró acallar los reclamos de la fuerza de seguridad por sus condiciones de trabajo. La protesta sigue, aunque en la mayoría de los municipios siguen cumpliendo con sus tareas básicas.

El descontento policial se produce pocos días después de que el presidente Alberto Fernández presentara el Programa de Fortalecimiento de Seguridad para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), un ambicioso plan que comprende la inversión de 38 mil millones de pesos para distintos sectores vinculados con la problemática en el distrito. El propio Kicillof ya tenía previsto realizar esta semana el lanzamiento del Plan Integral de Seguridad, que también implica una incorporación de agentes, de vehículos y de equipamiento.

La protesta policial se anunció el pasado 4 de septiembre y se difundió principalmente a través de las redes sociales ligadas a los efectivos. «Sueldo básico de 60 mil pesos y mejores condiciones para poder trabajar en las diferentes jurisdicciones de todo el país», fue el principal pedido en un contexto en que el salario de un oficial apenas ronda los 32 mil pesos de bolsillo y 35 mil en caso de sumar adicionales. Tal como era de esperar, las imágenes de móviles con las sirenas prendidas obstruyendo el paso en las calles y de policías organizados en asambleas, tras rodear la casa particular del gobernador Kicillof, se viralizaron en medios de comunicación de todo el país. También protestaron hoy cerca de la Quinta de Olivos.

Con el mismo tono belicoso que viene sosteniendo en los últimos meses, Juntos por el Cambio sacó rápidamente un comunicado en el que se respaldó el «reclamo salarial» de la policía y planteó que «luego de 9 meses de descuido, a los policías bonaerenses les cuesta llegar a fin de mes y muchos de ellos están bajo el límite de la pobreza».

Por el lado del oficialismo, la primera en recoger el guante en apoyo al gobernador Axel Kicillof fue la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, quien sostuvo que «estos actos que nunca le hicieron ni a Vidal ni a Macri nos demuestran quiénes están detrás de todo esto». Al mismo tiempo, pidió que no sólo se les aumente el sueldo a los policías, sino que «les aumentemos el estudio, la formación ciudadana, la responsabilidad en el uso de las armas». Desde el sindicalismo, la Corriente Federal de Trabajadores de la CGT también repudió el accionar de grupos de las fuerzas policiales bonaerenses y planteó que «detrás de la reivindicación salarial, se mueven oscuros personajes exonerados y retirados de la fuerza, y no es casualidad que la provocación frente a la residencia del Gobernador coincida con otras manifestaciones que desde hace semanas producen sectores del sistema político y de poder que se mueven en un sentido opuesto a lo que votó una mayoría de la ciudadanía argentina».

Antecedentes recientes y orígenes del actual reclamo

En el año 2012, más de 1000 gendarmes y prefectos encabezaron varias manifestaciones frente a las sedes centrales de sus fuerzas en Buenos Aires. En ningún momento llegaron a realizar una huelga, sino que protestaron en sus tiempos libres. En 2013, una serie de protestas por parte de efectivos de policías provinciales en reclamo de mejoras salariales y de condiciones de trabajo afectaron a 20 provincias de Argentina. Algunas de las medidas consistieron en el abandono de tareas y la toma de edificios públicos. A raíz de esta situación se produjeron saqueos en provincias como Córdoba y Tucumán. Tanto en 2016 como en 2018, también se registraron manifestaciones por parte de policías federales en contra del traspaso a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

«En la policía hay una concepción de su quehacer profesional que tiene que ver con entenderlo más bien como un servicio o una misión, que les impide verlo como un trabajo. Entonces no han sido tan frecuentes las protestas policiales. Siempre tiene que existir una motivación para superar estas restricciones de tipo simbólica -de cómo entienden su trabajo visto como una misión o un servicio- y normativa, puesto que los funcionarios policiales de las fuerzas provinciales y/o federales no están habilitados a hacer reclamos colectivos y no cuentan con ningún tipo de agremiación para defender sus condiciones de trabajo», analizó en diálogo con El Grito del Sur Mariana Lorenz, doctora en Ciencias Sociales (UBA) e investigadora del Instituto Gino Germani.

Diferentes sectores buscan arrogarse la representación de los policías en la actualidad. Uno de éstos es el autodenominado Sindicato de Policías Bonaerenses (SIPOBA), que no cuenta con personería gremial porque la Corte Suprema de Justicia obturo esta posibilidad en el año 2017. Una de las gotas que habría hecho rebalsar el vaso, según consignó el portal Red 92 de La Plata, fue una nueva disposición por la cual cada policía que se contagie de coronavirus deberá informarlo en la comisaría de la jurisdicción en la que esté fijado el domicilio, dando lugar a la posibilidad de apertura de un sumario administrativo por «no cuidarse bien» o «no haber tomado las medidas de cuidado». Precisamente, Lorenz planteó que este fuerte despliegue y exposición pública desde el primer día de la cuarentena -sosteniendo los mismos salarios y las pésimas condiciones laborales- por parte de la policía «puede haber ayudado para dar un puntapié y trascender esas limitaciones simbólicas y normativas, y de esa forma salir a reclamar».

¿Clima destituyente?

Gabriel Ganón, criminólogo y especialista en temas de seguridad, señaló a este medio que «el desmadre con intencionalidad política que lleva adelante la Policía de la Provincia de Buenos Aires ya ha ocurrido otras veces, cada vez que se pone en crisis o se empieza a acumular algún ruido político vinculado con la cuestión de la policía suelen aparecer este tipo de manifestaciones. En este caso tiene que ver con generar un estado destituyente». En ese sentido puso el ojo sobre el actual ministro de Seguridad Sergio Berni, quien «está jugando su propio partido individual generando todos los días un conflicto diferente».

En noviembre del año pasado, previo al golpe de Estado contra el expresidente boliviano Evo Morales, una rebelión policial se extendió por las principales ciudades de este país dejando a las sedes del Ejecutivo y Legislativo sin protección. Por esta razón, resulta fundamental prestar atención a estos movimientos en clave regional. «La salida a este tipo de problemas siempre es política. Debería haber más firmeza en este momento. La Bonaerense se maneja con mucha verticalidad, esos autodenominados sindicatos son un sello de goma que no responden a las bases sino a las cúpulas. No me parece que haya habido hasta ahora un cambio profundo en la Bonaerense como sí hubo en la gestión de Arslanian», aseguró Ganón.

«En principio estas manifestaciones son más bien autoconvocadas, la voz cantante suele partir de funcionarios retirados y/o que han quedado fuera del ámbito por algún motivo. Incluso con la participación de las parejas de los policías con el objetivo de evitarles sanciones normativas. Espero que esto no se traslade a otras provincias. Afortunadamente, nuestro país tiene una historia y una transición democrática muy fuerte que impediría cualquier tipo de golpe de Estado o levantamiento con fines políticos de derrocar a un gobierno. No descarto que pueda existir algún componente destituyente en algún sector policial relacionado con la oposición, pero yo creo que hay una fuerte motivación sobre las condiciones de trabajo de los policías en medio de una pandemia, con los salarios bajísimos que tienen», concluyó Mariana Lorenz.

 

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Sebastián Furlong

Estudié en la UBA, pero el adn de periodista lo construí pateando la calle. Sigo la agenda popular y analizo la política todos los días para aportar al quehacer colectivo. Recorrí una partecita de Latinoamérica y en Madrid toqué el cielo con las manos.