Ser migrante antes y ahora

El 4 de septiembre fue instituido por Juan Domingo Perón como el Día del Inmigrante. Un recorrido a través del tiempo de los significados de este término y las diferentes condiciones sociales que albergaron en nuestro país a migrantes y refugiados. Cuando se habla de inmigración en Argentina, se siguen ocultando muchas cosas.

Argentina conmemora el Día del Inmigrante todos los 4 de septiembre. Esto fue establecido por Juan Domingo Perón a través de un decreto del año 1949. La palabra «inmigrante» no era algo nuevo para los argentinos y las argentinas, dado que se eligió ese día en recuerdo de la disposición dictada por el Primer Triunvirato de 1812, la cual protegía y valoraba la llegada de los inmigrantes a esta Nación.

¿Qué significa ser inmigrante hoy en Argentina? El objetivo de este artículo es entender un poco mejor la realidad de los inmigrantes por estas tierras y su estrecha relación con las ideologías de los gobiernos como los procesos históricos que vivió el país.

Ser inmigrante en la Argentina del siglo XIX

La Constitución de 1853 ya había reservado un lugar especial para la inmigración en Argentina, pero en su artículo 25 decía: «El gobierno federal fomentará la inmigración europea y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino (…)». De esta forma, los africanos -por ejemplo- eran vistos como un ser humano «incompleto» debido a su condición de no-europeos. En 1869, el entonces presidente Domingo Faustino Sarmiento describió al negro africano como «niño que canta, ríe, baila y obedece. Dios lo dejó así, a medio crecimiento».

En síntesis, ser inmigrante latinoamericano y afrodescendiente significó ser inferiores o menos humanos en esa época. Lo mismo ocurría con los inmigrantes blancos de la clase baja «(…) que traigan para labrar tierras (…)».  «En Buenos Aires no encontré trabajo y en el Hotel de Inmigrantes, una cueva inmunda y hedionda, los empleados nos trataron como esclavos. Nos amenazaron con echarnos a la calle si no aceptábamos ir a trabajar a las plantaciones de Tucumán. Prometían el alojamiento, la alimentación y salarios de 20 pesos por mes. Quisieron hacernos creer que 20 pesos representaban 100 francos; y cuando yo les dije que no era exacto, que 20 pesos no valían más que 25 francos, me insultaron tratándome de gringo de mierda y otras abominaciones de ese estilo. Me amenazaron con meterme preso si no me callaba», relató el obrero austríaco J. Wanza en El Obrero 18/7/1891, citado por J. Panettieri (1967): Los trabajadores en tiempo de la inmigración masiva.

Inmigrantes senegaleses en Argentina en el año 1889

El derecho y la inclusión de los extranjeros en la sociedad argentina del siglo XIX estaba reservado para los blancos europeos del norte, de clase social alta, los cuales eran considerados como los «(…) que mejorarán las industrias y enseñarán las ciencias y las artes».

Ser inmigrante en la Argentina del siglo XX

En las primeras décadas del siglo pasado, la definición de «inmigrante» se vinculó casi en su totalidad con la pobreza en Argentina. En el Manual del Emigrante Italiano (1913), se puede encontrar la significación implícita de INMIGRANTE: «Se llama así a quien deja la patria para establecerse en un país extranjero, ya sea definitivamente o por un tiempo indefinido, viajando con el medio de transporte más económico. ¿Es cierto que usted desea instalarse en la República Argentina para trabajar, viajando en la tercera clase de una nave? Si es así, usted es casi un inmigrante».

Después de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la ONU y distintas comisiones de las Naciones Unidas, algunos conceptos han sido evaluados globalmente y aparecieron nuevas definiciones para calificar a personas que dejaron sus países por un tiempo indefinido, viajando con el medio de transporte más económico bajo la finalidad de instalarse en otro país: por ejemplo, la condición de refugiado/a. Sin embargo, la palabra «(in)migrante» no tiene hasta ahora una definición jurídicamente dispuesta por las Naciones Unidas.

Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial nacieron y se expandieron también nuevos movimientos sociales e ideologías políticas en América Latina, incluso en Argentina. Algunas tienen como bandera la justicia y los derechos sociales de los obreros, los cuales eran mayoritariamente inmigrantes. Estas ideologías y movimientos impulsaron varias reformas en la Constitución Argentina, siguiendo los lineamientos del constitucionalismo social. Las modificaciones de 1949, que luego quedaron truncas, incorporaron en sus artículos los derechos laborales y sociales, mientras que en 1994 se otorgó rango constitucional a los principales tratados de derechos humanos, incluidos los derechos especiales de migrantes y refugiados.

Miguel Mbumbele, inmigrante uruguayo y psico-sociólogo que vive en Argentina desde la década de 1970, observa que «el Estado Argentino nunca toma medidas en sus políticas publicas para garantizarles a los inmigrantes sus derechos laborales y sociales, a pesar de que es una de las obligaciones más importantes que tiene el país». En vez de asumir el cargo de garantizar a un inmigrante sus derechos sociales, eligen siempre excluirlo a través de sus programas, políticas públicas o tratarlos como «delincuentes» en los medios. Esto no sucede con cualquier inmigrante: si viene de Francia o España, por ejemplo, recibirá otro tratamiento.

«En mi caso, como tenia apoyo financiero de mi familia en Haití, mi experiencia como inmigrante fue muy buena y había podido hasta cooperar con los argentinos en áreas como en la alfabetización. Sin embargo, hay personas que migran por razones humanitarias y ecológicas, entonces el sistema tiene más obligaciones en ofrecerles nuevas oportunidades», cuenta Carline Legros, haitiana y ex becada del postgrado en Ciencias Sociales de FLACSO entre los años 1988 y 1992. Actualmente es profesora en la Universidad de Quisqueya.

En el medio, Carline Legros en la Embajada de Haití en Argentina durante una conferencia de prensa. Año 1991.

La contradicción existe también entre la ideología de los gobiernos populares y sus políticas sociales. Por ejemplo, el rango constitucional que se otorgó a los tratados internacionales en la ultima reforma durante el gobierno de Carlos Menem fue algo muy positivo; sin embargo, el fin era hacerle ganar a la Argentina la confianza de la comunidad internacional y las normas en favor de migrantes y refugiados nunca han sido aplicadas en la realidad.

Nengumbi Celestin Sukama, director de IARPIDI y migrante congolés en Argentina desde el año 1995, señala que «en esa época, la falta de políticas públicas para los solicitantes de asilo y refugiados eran más que obvias. Todos ellos trabajaban en obras de construcciones, incluso un compañero de Benin que era licenciado en Filosofía y Letras a pesar de que tenía un excelente dominio del español. Paralelamente, los refugiados europeos y de piel blanca recibían otros tratamientos y la comisión católica les ayudaba a ellos a conseguir trabajos en los supermercados de Carrefour».

Nengumbi Celestin Sukama

«Lo que está de fondo en esas realidades es una cuestión racista, clasista y eurocéntrica sobre las cuales se construyó sistemáticamente el país durante siglos y a través de varios procesos históricos con el predominio de una élite blanco burguesa, de la cual salieron muchos presidentes argentinos», analiza el Dr. Juan Francisco Martinez Peria, historiador e investigador del CONICET.

Ser inmigrante en la Argentina del siglo XXI

La idea de que la mayoría de los sectores medio-altos son descendientes europeos, legitima pero también apoya estas exclusiones de los inmigrantes de pueblos limítrofes, África y Asia. Hoy en día, la realidad y la significación de ser inmigrante no blanco y del sector bajo no es muy diferente a la de los siglos XIX y XX, cuando los migrantes africanos o de los pueblos limítrofes y del hemisferio han sido tratados como «incapaces», «delincuentes» y «pobres». Hoy también existe invisibilización, exclusión e irregularidades que fomentan la explotación de todo tipo.

Entre el 90 y 94% de los inmigrantes que solicitó el IFE fueron rechazados en plena pandemia, mientras que el 92,5% tiene dificultades para pagar los alquileres y servicios. Más de 70.000 inmigrantes no pueden acceder al Documento Nacional de Identidad (DNI), las tasas migratorias aumentaron al 1000% y muchos pueden ser expulsados sin razones justificadas, debido al DNU 70/2017 del expresidente Mauricio Macri al igual que sucedió en 1902 con Julio Argentino Roca a partir de la ley de Residencia.

Cabe destacar que el aporte anual de esa misma inmigración en la riqueza de Argentina, solo en el sector formal, alcanza los USD 5000 millones (Impacto de las migraciones actuales en la estructura económica y sociocultural de la Argentina. Buenos Aires, UNTreF 2015). Esa migración representa además el 77% del sector informal y de la economía popular.

Según el Dr. Juan Federico Martínez Peria, se necesitan políticas sociales muy contundentes para que no se sigan repitiendo las historias xenofóbicas, racistas y clasistas. «Mientras tanto, los movimientos sociales y políticos de los inmigrantes seguirán exigiendo al Estado el respeto de sus derechos humanos y sociales», concluyó Nengumbi Celestin Sukama.

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