Una niña correntina de 11 años fue abusada sexualmente por la pareja de su madre y, producto de esas violaciones, quedó embarazada. Aunque la nena fue al sistema de salud, se repite la misma historia: una vez más se obstruye el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE) y obligan a una niña a ser madre. Además, luego de que el caso se diera a conocer en medios de comunicación, un médico y comunicador anti-derechos sostuvo que la violación se produjo “por cuestiones de educación” de la niña, a quien ahora “hay que educarla a ser madre de golpe”. Organizaciones feministas denunciaron los dichos del médico y señalaron que el caso de la niña es ejemplo de “la visión patriarcal, machista, clasista y racista” que hay en Corrientes, provincia declarada “pro-vida”.
“Venimos advirtiendo que no sólo hay una falta de perspectiva de género en el abordaje de estos casos, sino que cuando las niñas van al sistema de salud no se les brinda información de manera precisa. Algo pasa para que haya tantas niñas forzadas a la maternidad infantil -dijo a El Grito del Sur Leticia Gauna, integrante de la Fundación Derechos Humanos Equidad y Género-. Una cosa es ser objetor de conciencia y otra muy distinta es ser obstaculizador de un derecho”.
Según información publicada por la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, en 2017, 91.586 niños y niñas nacieron de madres adolescentes entre 15 y 19 años, y 2.493 de niñas/adolescentes menores de 15 años, mientras que en Corrientes 3.518 niñas y adolescentes fueron obligadas a gestar y parir.
“En 2018 hubo 146 niñas menores de 14 que fueron obligadas a ser madres”, agregó Gauna y lamentó que todavía “tenemos que repetir porque a algunos no les quedó claro que cualquier embarazo de niñas menores de 13 años es una violación en Argentina”. Además, acusó a las autoridades provinciales de “querer maquillar estos casos como si fueran embarazos adolescentes”. “Es maternidad infantil forzada”.
El caso
La niña tenía 10 años cuando comenzaron los abusos. Ella y su madre vivían en una casa en un paraje rural y se habían mudado a la casa de la pareja de la mujer en Monte Caseros, al sureste de Corrientes. Quien se percató del embarazo fue la abuela de la nena. La madre denunció al abusador, un hombre de 31 años que hoy está preso.
Gauna cuestionó lo sucedido cuando la niña acudió al sistema de salud. “¿Saben esos profesionales de la salud que tienen la obligación de informar en forma clara? ¿Saben que no hace falta que haga la denuncia de una violación para que acceda a la ILE? ¿Son profesionales de la salud que contienen? ¿Qué atención le dan? ¿Tienen perspectiva de género?”.
La integrante de la Fundación remarcó que “ser objetor de conciencia no es lo mismo que ser obstáculo de una decisión”. De acuerdo a lo establecido por el protocolo nacional de ILE, la objeción de conciencia es individual y el profesional de la salud que lo sea tiene la obligación de informar de manera clara, derivar la consulta médica y garantizar la autonomía del paciente. “No es lo mismo dar información con carga valorativa que darla con la carga más neutra posible para que la persona tome la decisión que considere mejor”, señaló Gauna y lamentó que las obstrucciones a la práctica sean moneda corriente en la provincia.
Este martes por la noche le hicieron una cesárea a la niña.
“Cuestión de educación”
En el medio de todo, Horacio Costa, médico obstetra con un programa de radio propio y representante de grupos anti-derechos, responsabilizó a la niña de haber sido abusada. “Si esta nena tuviera educación, por ahí podría resistirse al abuso”, aventuró durante una entrevista y siguió: “Con la educación de la niña, sabiendo que no debe ser tocada, que no le deben levantar la pollerita, que no le deben bajar la bombacha, que no la deben sentar en el regazo, cosas mínimas, pero que ella conociendo puede denunciar (la situación a un familiar)”.
Para Gauna, Costa “pone sobre ella (la niña) la responsabilidad de no haberse resistido, como si dependiera de ella” y no señala la necesidad de “educar a los varones a no violar” en lugar de “educar a las niñas de no dejarse levantar la pollera”.
El médico obstetra “tranquilizó” a la audiencia del programa diciendo que las mujeres nacen “con el instinto maternal” y que por eso la niña “puede tranquilamente criar a su hijo”. “Las mujeres corrían hacia donde están las muñecas, querían el carrito, pasearlo, darle el chupete -afirmó-. El instinto maternal está en la mujer. A esta niña, lamentablemente muy pequeña, hay que educarla a ser madre de golpe, pero lo va a ser. Necesita la contención y educación del Estado porque, por lo visto, la familia no le va a ser útil. Pero ella tranquilamente puede criar a su hijo”.
“En ese discurso, el doctor Costa revictimizó a la niña, estigmatizó a su entorno y justificó las violaciones diciendo que pasaron porque ‘no estaba bien educada’”, manifestó Gauna. Para ella y para los integrantes de la Fundación, los dichos de Costa fueron graves por su carácter de médico y comunicador que “representa al movimiento pro-vida de Corrientes”.
Luego Costa pidió disculpas en su programa a la niña, su familia y a quienes “se hayan sentido ofendidos” por lo que dijo. Pero Gauna sostuvo que el discurso del médico responde a “la visión patriarcal, machista, clasista y racista” que hay en Corrientes y que ya ha quedado en evidencia en casos similares.
Corrientes, provincia “pro-vida”
En 2011, el entonces gobernador Ricardo Colombi (UCR) firmó el decreto 2.870 que declaró a Corrientes “como provincia Pro-Vida, estableciéndose como política de Estado la defensa de la vida desde el momento de la concepción y de la familia”.
Este compromiso fue reafirmado por el actual gobernador Gustavo Valdés a principios de este año. “Corrientes sigue siendo una provincia ‘pro vida’ y vamos a seguir abrazando la vida de todos los seres humanos. Apostamos a la Educación Sexual Integral (ESI) en los colegios para aspirar a una mejor salud reproductiva, cuidando a las mujeres y también al niño por nacer”, prometió.
“Desde hace rato que venimos pidiendo la adhesión al protocolo nacional de ILE, pero el Ministerio de Salud (de la provincia) dijo que iba a hacer uno y nunca prosperó -lamentó Gauna-. ¿Va a terminar todo en una espectacularización (del caso) o se va a obtener una respuesta concreta del Estado? Porque urge la aplicación de la ley Micaela, de la ESI, del protocolo ILE. Hay vidas concretas, cuerpos concretos y mientras sigamos naturalizando estas situaciones, nada va a cambiar”.
