Necesitado de dólares frescos, Horacio Rodríguez Larreta recuperó la costumbre de pasar la gorra en el sector inmobiliario. Esta vez fue a través de nuevas concesiones a un grupo de desarrolladores privados, a quienes se les permitirá ampliar la capacidad constructiva (más pisos hacia arriba, más metros cuadrados hacia los costados) de dos futuras megatorres que se levantarán en Villa Crespo y Puerto Madero, a cambio de una compensación de unos pocos millones de dólares extra para las golpeadas arcas porteñas. La letra chica del negocio se terminó de cerrar casualmente el miércoles pasado, el mismo día que Alberto Fernández decretaba el recorte del 1,2 por ciento de coparticipación a la Ciudad. Se trata de dos convenios urbanísticos que fueron girados ayer a la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura, que ya apura el paso para ratificarlos. Los fondos recaudados, según argumentó el Ejecutivo en los proyectos, serán «destinados a los gastos generados por la Emergencia Sanitaria y la Emergencia Económica y Financiera».
Mediante ambos acuerdos, la Ciudad autorizó una ampliación de la capacidad constructiva de dos proyectos de megatorres que ya están en etapa de diseño. El primero se ubica en la calle Fitz Roy al 800, sobre un predio lindero al viaducto de la Línea San Martín, a cargo del Grupo Koolhaas S.A. El beneficio para la empresa, en este caso, es la autorización para construir un total de 34.472 m2, mientras que el último permiso de obra que había conseguido, cuando compró la parcela en 2017, era de 21.195 m2, un 40 por ciento menos. A cambio, los desarrolladores deberán compensar al Gobierno porteño con poco más de un millón de dólares y la construcción de un espacio público, que a la postre será el patio del edificio. El segundo proyecto se emplaza en Juana Manso al 300, en Puerto Madero, y el convenio beneficia a Profidu S.A y Mitre Construcciones S.A, que lograron ampliar de 29,5 metros de altura a 140 los permitidos para construir. La Ciudad recauda a cambio 2,5 millones en billetes norteamericanos.
El total de ingresos por ambos convenios para las arcas porteñas supera los 3,5 millones. A pesar de todo, el negocio para la Ciudad no termina de ser tan brillante como para los privados. Las torres en cuestión se levantarán sobre terrenos que pertenecían al Estado Nacional, y fueron rematados por chirolas en 2017 por decisión del ex presidente Mauricio Macri. Con los nuevos convenios urbanísticos firmados por Rodríguez Larreta, aquellos valores de compra quedaron obsoletos, porque la ampliación de la capacidad constructiva se traduce automáticamente en más departamentos y oficinas para vender y alquilar, lo que redunda en un negociado que supera ampliamente lo que recibirá el Ejecutivo de la Ciudad a modo de compensación.
«Este es otro claro ejemplo de que el Estado vende mal, barato y las compensaciones que deberían ser en beneficio de la sociedad terminan siendo capitalizadas por los privados», describió la jugada Jonatan Baldiviezo, director del Observatorio del Derecho a la Ciudad, que elaboró un informe junto a Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria (CLIC), el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP) sobre los convenios que puede encontrarse acá.
«El Gobierno porteño vende norma al mejor postor», denunció por su parte el legislador porteño Javier Andrade (Frente de Todos). «Los terrenos del Estado se subastaron con una norma que determinó su valor, y ahora la Legislatura, a cambio de un monto insignificante de plata, amplía la constructividad de los mismos haciéndoles ganar muchísimo a los desarrolladores. Así de simple e increíble», agregó desde su cuenta de Twitter.
«Mientras los arquitectos independientes y pymes de la construcción luchan para sobrevivir en la pandemia, el GCBA favorece a los grandes desarrolladores y subasta norma. La Ley no es pareja para todos, es para los que puedan pagarla», concluyó Andrade.
