Situación de calle: la mitad de los testeos en paradores porteños dio positivo de coronavirus

Un informe de la Procuración porteña revela que la mitad de las personas en situación de calle testeadas dentro de los paradores y centros de inclusión dio positivo de Covid. Desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat sostienen que los paradores "no son la excepción" a la circulación comunitaria del virus. Las organizaciones sociales reclaman instancias para el control de la aplicación efectiva de los protocolos y soluciones alternativas al encierro.

A mediados de mayo, el Gobierno porteño debió clausurar el parador Retiro para personas en situación de calle en medio de un escándalo: se habían confirmado 79 casos de coronavirus, más del 90 por ciento de la población que dormía en ese dispositivo, donde se había constatado la ausencia de protocolos sanitarios. Las organizaciones sociales que trabajan la problemática reclamaron en ese entonces mayores medidas de prevención y una contención de parte del Estado capaz de evitar una escalada de contagios. Más de tres meses después, casi la mitad de las personas sin techo testeadas en 26 de los 32 paradores y centros de integración administrados directa o indirectamente por la Ciudad dieron positivo, según un informe de la Procuración General porteña al que accedió El Grito del Sur.

Sobre un total de 1153 testeos realizados por el Ministerio de Salud porteño en paradores, 512 personas sin techo dieron positivo de COVID-19, casi la mitad. La mayoría se concentra en el Hogar “Cáritas San Francisco”, donde se detectaron 147 casos; seguido por el “Parque Roca 3”, con 54; el “Parque Martín Fierro”, con 46; y el “Parque Chacabuco 1”, con 36. En el Parador Retiro se contaron finalmente 91 positivos antes de su cierre definitivo. La Ciudad agregó unas mil camas en paradores al inicio de la pandemia, y se estima que hay unas tres mil personas alojadas en éstos. Según el informe de la Procuración, la Ciudad testeó hasta ahora a una tercera parte.

El informe fue presentado por el propio Gobierno porteño en el marco del amparo colectivo impulsado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), y la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC), entre otras organizaciones, para que las personas sin techo puedan ser reubicadas en viviendas sociales o transitorias, como los hoteles conveniados, en forma preventiva. La lista de testeos está actualizada al 21 de agosto, y abarca 26 de los 32 dispositivos desplegados por la Ciudad, diez de ellos abiertos de forma excepcional por la emergencia. En el resto directamente no se realizaron hisopados, por lo que el número de contagios podría ser mucho más alto.

«A principios de la pandemia solicitamos que el GCBA no replique la solución habitacional para las personas en situación de calle concentrándolas en paradores porque no era una medida preventiva para evitar los contagios del COVID-19, además de ser violatoria de la Ley N° 3.706. Sabíamos que, por más protocolos que llegasen a implementar, una vez que el coronavirus ingresara al parador iba a ser muy difícil, casi imposible, romper la cadena de contagios. Los datos aportados por el GCBA vienen a reconocer nuestros cuestionamientos. En los paradores donde se rompió el cerco comunitario, casi la totalidad de las personas se infectaron», afirmó el titular del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, que conduce María Migliore, aseguraron que los contagios se explican por la alta circulación comunitaria del virus, del que los paradores “no están exentos”. “En todos los casos (positivos) la Ciudad aisló a las personas y les dio tratamiento, de hecho la mayoría fueron dados de alta”, agregaron.

Las organizaciones, sin embargo, tienen otra mirada. Denuncian un lastre de años de desinversión en políticas públicas destinadas a contener a la población en calle y recuerdan el maltrato -que muchas veces incluyó violencia organizada de fuerzas de seguridad o parapoliciales, como la UCEP- y la negativa de las sucesivas gestiones del Pro a reconocer la real dimensión de la problemática. El año pasado, para el Ejecutivo había 1146 personas en calle, mientras que las organizaciones contabilizaron, en su propio censo, siete veces más. La llegada del Covid, explican, sólo desnudó y profundizó un problema que había crecido en los años anteriores por la desidia estatal.

Foto: Nicolás Cardello

«Es un número realmente alto de contagios», dijo Bárbara Alegre, de la ONG Sopa de Letras y militante de la Asamblea por los Derechos de las Personas en Situación de Calle. «No nos extraña, de todos modos, porque en todos los contextos de encierro del Gobierno de la Ciudad, justamente para las poblaciones más vulnerables y vulneradas, como paradores, hogares y geriátricos, no se controló efectivamente el cumplimiento de los protocolos”, agregó.

Según la explicación oficial, el protocolo vigente para paradores establece que se le tome la temperatura y se realice una «entrevista de salud» a la persona que necesita ingresar, a modo de chequeo de síntomas. Si ya dentro del parador la persona se contagia, se la traslada a un hotel de los que dispone de la Ciudad, aunque en su mayoría son aislados en Costa Salguero, que “posibilita un abordaje más personalizado con cada una de las personas”, dijeron cerca de la ministra. Una vez que la persona termina la cuarentena estricta, sólo tiene dos opciones: vuelve a la calle o al parador. Los casos sospechosos, en tanto, se aíslan dentro del parador mismo.

El Gobierno porteño insiste en que el protocolo se aplicó «desde el primer día de la cuarentena», pero las organizaciones -y más de un fallo judicial- lo desmienten. «Hasta abril y principios de mayo no hubo ningún protocolo, y la gestión era realmente muy mala, hasta que pedimos una cautelar para que cumplan con cuestiones básicas de higiene y seguridad, y de a poco se fue acomodando», aseguró Horacio Ávila, referente de Proyecto 7, organización que acudió a la Justicia para obligar al Ejecutivo a elaborar los protocolos, que no llegaron hasta fines de mayo.

«En los nuevos paradores abiertos durante la pandemia por el GCBA, se produjeron la mayor cantidad de contagios masivos. En estos lugares, cientos de personas están conviviendo hacinadas durante las 24 horas del día en un espacio cerrado. El Código de Edificación aprobado en 2018, redujo de 30 a 18 m2 la superficie mínima de una vivienda. Decisión muy cuestionada socialmente. Pero el gobierno no respeta lo que exige a los privados que construyen en la Ciudad. A los que están en situación de calle les ofrece un espacio de alrededor de 4 m2. Las viviendas colmenas, que existen en otros países y nos escandalizan, por lo menos otorgan esos espacios con intimidad», sostuvo Baldiviezo.

«Queda demostrado que la propia existencia del parador es contraria a toda medida de prevención en esta crisis sanitaria y las personas en situación de calle debieron ser alojadas en hoteles, algo más digno y respetuoso del derecho a la vivienda. Dignidad que el gobierno reconoció a los repatriados, pero desconoce a los que viven en la calle», concluyó María Eva Koutsovitis, referenta de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC).

Compartí

Comentarios

Matias Ferrari

Periodista, comunicador y militante social. Trabajó en Página/12 y colaboró en la investigación del libro "Macristocracia" publicado por Editorial Planeta.