Toma de tierras en Guernica

Tierra para vivir, feminismos para habitar

Desde el 20 de julio, dos mil familias ocupan menos de 100 hectáreas en Villa Numancia, Guernica. Mientras la Justicia recibe las denuncias de los terratenientes ricos de la zona y busca desalojarlas, las mujeres reclaman mejores condiciones habitacionales para sus familias.

“Toma, ocupación, recuperación… hay muchas formas de nombrar. Lo que nosotras queremos es tierra para vivir, feminismos para habitar”

 Fragmento del fanzine realizado por Yo no fui y Reunión

con las mujeres de la toma de Guernica

 

“Muchas de nosotras nos vimos frente a la peor decisión que puede vivir una madre: elegir entre pagar un alquiler o comprar comida y pañales para nuestros hijos”, dicen las palabras que caen como piedras en la carta que las Mujeres en Lucha de la Toma de Tierras de Guernica dirigen a las ministras Elizabeth Gómez Alcorta y Estela Díaz. Dos mil familias ocupan desde el 20 de julio menos de 100 hectáreas en Villa Numancia (Guernica) empujadas por el déficit habitacional, el desamparo estatal y la precariedad que les dejó la pandemia. Muchas de estas mujeres son víctimas de violencia de género, jefas de hogar y madres solteras. Algunas también son empleadas de casas particulares que fueron despedidas o dejaron de percibir su sueldo durante la cuarentena. Junto a ellas, hay 3 mil niñes para quienes piden viviendas e infancias dignas.

Guernica es la ciudad cabecera del municipio de Presidente Perón y para 2010 ya contaba con una población de 81.141 habitantes. Este territorio comenzó a poblarse por su extensión y la diferencia de costos respecto a Zona Norte, llegando a tasar el lote más barato alrededor de los 30 mil pesos según se desprende del informe «Conflicto por la tierra en Guernica», de EDIPO Investigación Política .

Durante la pandemia, esta situación empeoró y la desigualdad quedó más expuesta. Vecinos y vecinas de la zona, dedicados en su mayor parte al empleo informal, vieron mermados sus ingresos y, por lo tanto, la posibilidad de sostener un alquiler. Esto les dejó como única opción asentarse en las tierras contiguas -aunque esto suponga una total precariedad- que, según explicaron, llevaban años abandonadas.

Crédito: Ricardo Pristupluk para La Nación

Desde que comenzó la toma hasta ahora, ya se conformaron cuatro sectores: “20 de Julio”, “San Martín”, “La Lucha” y “La Unión”. Éstos surgieron en los cuatro días de ocupaciones que solamente se frenaron por la intervención de personas armadas que se arrogaron la propiedad de las tierras. Estos pocos terratenientes, en complicidad con el negocio inmobiliario, lograron impulsar un proceso de desalojo que significaría dejar totalmente desprovistas de vivienda a miles de personas en situación de vulnerabilidad.

“La situación de Guernica deja explícito que, por un lado, están las miles de familias que necesitan un lugar para vivir porque no tienen donde estar y, por otro lado, están los que integran este modelo de desarrollo para muy pocos, que se expande gracias a una alianza entre negocios inmobiliarios y las mismas autoridades del lugar”, explica a El Grito del Sur Estefanía, integrante del organismo de derechos humanos que surgió con la idea de generar mapeos que sirvan como insumos a las organizaciones sociales. “La gran pregunta es qué van a hacer con esas 2 mil familias que en este momento no tienen una solución ni una respuesta habitacional, que están sin techo y en un predio de menos de 100 hectáreas con frío, con una crisis económica y en el medio de una pandemia. Creemos que el tratamiento de los medios solamente criminalizó a los sectores más amplios y vulnerables de la población, defendiendo a los poderosos”, agrega.

Informe «El conflicto por la tierra en Guernica». EDIPO

Según el relevamiento efectuado, las parcelas ocupadas forman parte de dos sociedades anónimas a las cuales se suman algunos otros propietarios más pequeños. La primera de ellas es Bellacoso S.A., empresa que cuenta con 360 hectáreas donde ya se comenzaron a construir el country San Cirano y otros complejos de lujo. El total de tierras ocupadas por las familias de las tomas representan 60 hectáreas, es decir solo un sexto del terreno. A pesar de la opulencia del proyecto, Bellacoso S.A. le debe $970.959 a la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), ya que desde septiembre del año 2018 no paga impuestos. A esto se suma que, desde junio del año pasado, la empresa no aporta ni al seguro ni a la obra social de sus empleados, lo cual generó que en febrero de 2020 la aseguradora Experta ART cancelara la cobertura. La segunda empresa se trata de Liorsel S.A., presidida por Nidia Edith Desplats, quien es denunciante de la causa incluso sin que sus tierras estén ocupadas. La denuncia por parte de esta empresa que ocupa 350 hectáreas fue realizada por Guido Giana, hijo de Desplats y concejal de Presidente Perón por Juntos por el Cambio. “Es necesario encontrar una solución a la toma de tierras en Guernica y toda la Provincia. Es un delito que avanza contra la propiedad privada, que me toca vivir en primera persona, y que no es una solución para nadie”, destacó en su cuenta de Facebook el ex gerente financiero de PAMI que ahora, como empleado de la planta permanente del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de la Ciudad de Bs. As., cobra alrededor de 150.000 pesos de sueldo.

Informe «El conflicto por la tierra en Guernica» EDIPO

El desarrollo legal y la puja de intereses por las tierras no es fácil y aún continúa. El pasado 24 de agosto, el juez Martín Miguel Rizzo a cargo de la causa dispuso una cautelar para que no ingresen más familias al predio. Una semana después, por las denuncias de unas pocas familias, el fiscal Juan Cruz Condomi solicitó el desalojo, que fue dictaminado el 7 de septiembre. Esta medida, apelada sin éxito por los abogados defensores, fue confirmada por la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata estipulando el desalojo para los días 23, 24 y 25 de septiembre. El Gobierno provincial, en conversación con los representantes de la toma, generó un  “dispositivo interministerial” con el objetivo de censar a la población -lo cual se realizó los días 18 y 19 de septiembre- y generar propuestas habitacionales que puedan coordinar las necesidades de las familias con la devolución de las tierras, especialmente aquellas que luego del desalojo queden en mayor situación de vulnerabilidad.

“Es curiosa la posición de la intendenta de Presidente Perón, que se mostró en contra de las familias y apoyó el desalojo pidiendo ‘no quedarse con la película de la lástima’. Quiere mostrar el hecho como un oportunismo por parte de las organizaciones de izquierda más que un negociado de tierras”, suma Estefanía.

Sin embargo, este conflicto viene de larga data. Según el propio secretario de Acceso al Hábitat de la provincia de Buenos Aires, Rubén Pascolini, el déficit habitacional proyectado en la Provincia marca que aproximadamente 1.240.000 familias tienen problemas de vivienda. El 50 por ciento de este número se basa en un déficit cuantitativo, es decir familias que necesitan una vivienda; y el otro 50 en déficit cualitativo, familias que para tener una vida digna necesitan mejoramientos o ampliaciones de vivienda. A esto se suma que el RENABAP sostuvo que Presidente Perón cuenta con ocho asentamientos a los cuales se podrían sumar los cuatro de la toma.

Crédito: Ricardo Pristupluk para La Nación

Desde EDIPO explican que el desalojo solicitado por el fiscal y aprobado por el juez puede hacerse sin que se haya cometido el delito de usurpación gracias al artículo 181 del Código Penal, que permite los desalojos express sin que sea necesario acreditar la propiedad de la tierra del supuesto poseedor, ni imputar a personas concretas como eventuales “usurpadores”. Contradictoriamente, desde 2013 existe la ley de Acceso Justo al Hábitat (14.449), que establece un paradigma del derecho a la ciudad para abordar el déficit urbano habitacional. Por otro lado, en 2018 el Congreso Nacional sancionó la Ley 27.453 alentada desde las organizaciones sociales que, además de declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación todos los inmuebles donde se encuentran los barrios del Registro Nacional de Barrios Populares, dispone la suspensión de todos los desalojos.

En Guernica, como sucede en muchas otras partes del país, la frontera simbólica -marcada a veces por una autopista, un muro o algún alambre precario- divide las vidas que valen de las que no y separa a aquellos que ocupar tierras los vuelve terratenientes de aquellos que los convierte en delincuentes. Así, mientras la desigualdad estalla como una granada madura manchando la cara de miles de familias expulsadas de sus casas, las organizaciones sociales y los vecinos luchan por tener acceso a una vivienda digna, a una tierra habitable y a los servicios básicos, sin ser criminalizados ni expulsados.