Uno de los síntomas de las crisis económicas que cada tanto sacuden al país es la multiplicación de familias agrupadas sobre una pila de cartones bajo las autopistas, en las plazas, los portones de los edificios o las estaciones de tren. También las filas cada vez más largas frente a las cadenas de comidas rápidas entrada la medianoche, una vez que cierran y desechan las sobras. En 2017, ante la ausencia de estadísticas oficiales confiables, más de 30 organizaciones sociales y ONGs realizaron su propio Censo Popular y contabilizaron 5872 personas sin techo solo en la Ciudad de Buenos Aires. El año pasado detectaron 7251. Ahora, con la pandemia, arriesgan a ojo que habrá cerca de diez mil. Además de los censos, en estos años hubo amparos judiciales, acampes frente al Congreso y más de un “frazadaso” y otros métodos de protesta para visibilizar la situación. Pese a todo, no hay hasta ahora una política pública específica o una coordinación entre ministerios capaz de abocarse a resolver la problemática, que no sólo incluye la falta de un techo, sino los consumos problemáticos, las enfermedades, la imposibilidad de trabajar: todo lo que acarrea la exclusión. Con la idea de revertir esa situación, el diputado nacional Federico Fagioli (Frente de Todos) presentó un proyecto de ley, que fue redactado por las organizaciones.
“Estamos hablando de una invisibilización absoluta: a la política tradicional no les interesan, no se sienten responsables ni sienten culpa de que por sus políticas económicas y sociales la población en situación de calle no pare de crecer. La vulnerabilidad social extrema que padece este sector de la población sólo fue trabajada con responsabilidad por los movimientos sociales. Por eso, estaremos asumiendo esta tarea indelegable en el Congreso Nacional para evitar que se repitan año tras año situaciones trágicas, por las bajas temperaturas del invierno, pero también porque es urgente que hagamos algo para transformar esta realidad que vulnera absolutamente todos sus derechos”, describió Fagioli en diálogo con El Grito del Sur.
El proyecto ingresó esta semana a las comisiones de Derechos Humanos y Garantías, Acción Social y Salud Publica y Presupuesto y Hacienda. Lleva la firma de 14 diputados y, aunque es el tercer proyecto de este tipo que ingresa a la Cámara en los últimos años, cuenta con un piso de consenso mayor que sus antecesores. “El proyecto es una construcción colectiva de años de trabajo y acompañamiento. Es producto de los debates y las construcciones territoriales que venimos dando hace tiempo. Participaron las mismas personas que estuvieron o que aún continúan en situación de calle y funcionarios de distintos ministerios de la Nación”, explicó el diputado.
La letra del proyecto viene a subsanar una deuda histórica: propone la creación, dentro del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, de una coordinación interministerial que aplique políticas transversales de salud, vivienda y trabajo para la gente en calle, con áreas y programas específicos a cargo de los ministerios de Salud, de Desarrollo Territorial y Hábitat y de las Mujeres, Géneros y Diversidad, además del Sedronar. Plantea la creación de un sistema de atención móvil en todo el país y de una “red nacional de centros de integración social” con actividad de formación y capacitación en oficios. También, que el INDEC incorpore un censo destinado a conocer la real dimensión de la problemática, que abarque no sólo a quienes están efectivamente en el peor de los mundos, sino también a quienes corren “riesgo” de estarlo y duermen en paradores u hoteles subsidiados.
Además, exige la elaboración de un plan de acceso a la vivienda específico para la gente sin techo, uno de los debates que se incorporó a la agenda pública a raíz de las tomas de tierras en el conurbano. “Ese es un tema medular para nosotros”, dijo Fagioli. “Es imprescindible generar una solución a esta problemática, porque nosotros sí queremos transformar la realidad de los humildes, no nos es indiferente ver como los pibes y sus familias duermen en un colchón a la intemperie, nosotros queremos que nuestro pueblo tenga por fin la posibilidad de vivir con dignidad”, aclaró.
De la redacción de la norma participaron el MTE, Proyecto 7 y la Red Puentes del Movimiento Popular La Dignidad, entre otras. La Red Puentes es una de las organizaciones que construye una salida de vida alternativa a cientos de pibes y pibas de todo el país con consumos problemáticos. En ese punto, el proyecto establece que “las personas en situación de calle tendrán acceso prioritario a los programas y tratamientos para los consumos problemáticos, la salud mental y las discapacidades, de acuerdo a las particularidades quien solicita el servicio”.
El proyecto también incluye un apartado que promueve la suspensión de los desalojos durante dos años. Ayer, el Gobierno extendió el plazo del decreto de emergencia que en ese sentido había firmado el Presidente, al inicio de la pandemia. “Ésta sin dudas es una medida de emergencia, no podemos interpretarla sin comprender el contexto. Estamos atravesando una de las peores crisis económicas causadas por el COVID-19. Los alquileres no sólo no bajaron, sino que siguieron aumentando. Las familias están perdiendo sus empleos, o viven hacinadas en barrios populares, donde tampoco pueden siquiera pagar el alquiler de su precaria vivienda, quienes pueden ingresar a un alquiler formal están perdiendo la posibilidad de sostenerlo en este momento. Lo que buscamos es acompañar y evitar que esas familias que no pueden pagar los exorbitantes precios de los alquileres se conviertan en nuevas personas en situación de calle”, dijo Fagioli. 
“El proyecto propone también muchas herramientas para acompañar a quienes estén en esta situación, no se trata meramente de suspender los desalojos, sino de evitar que niños/as y adultos/as mayores pasen por esta situación violenta de tener que dejar su hogar para irse a vivir a una plaza, o a una vereda. Es una medida más que se enmarca en un proyecto de abordaje integral. Queremos que no se desaloje, pero también que se concreten otras políticas como la construcción de viviendas y créditos especiales”, concluyó.
