La provincia de Córdoba enfrenta la temporada de incendios más grande de los últimos 12 años; de hecho, a nivel mundial, se encuentra entre los 10 incendios más graves de la actualidad. Para darle a esto un marco temporal, es preciso nombrar que un estudio realizado por el Instituto Gulich (UNC – CONAE) afirma que entre los años 1999 y 2017, los incendios afectaron a más de 700 mil hectáreas de la provincia de Córdoba. Para establecer una analogía, esto equivale a 12 veces la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La zona más golpeada por los incendios es la de Sierras Chicas, habiendo afectado un 38% de su territorio en el mismo período. Además el Instituto Gulich declara que, en lo que va del año 2020, ya se han quemado en la Provincia de Córdoba unas 146 mil hectáreas, según lo indica la información satelital recolectada. Como consecuencia de los incendios nos enfrentamos a pérdidas materiales sufridas por quienes habitan las zonas y por los pequeños productores, la destrucción del ecosistema y la pérdida de biodiversidad, la contaminación del aire, el suelo y el agua, y la propiciación de grandes inundaciones a medida que la temporada de lluvia se reúne en un período cada vez más corto.
La situación que estamos afrontando se enmarca en el punto crítico de la crisis climática global. Si bien la mayoría de los incendios son producto de la actividad humana directa, es imprescindible denunciar a los agentes históricos que -tras décadas de negacionismo empresarial e inacción política- son causantes de la catástrofe climática que agrava los incendios forestales. El aumento de la temperatura global y la alteración en los regímenes climáticos -locales y mundiales- están desencadenando un aumento de la secuencia de sequías extremas: al enfrentar temperaturas cada vez más cálidas, se incrementan las tasas de evaporación y extracción de humedad de la vegetación. Este proceso aumenta la vulnerabilidad de los ecosistemas para retener focos de incendio acelerando su extensión. Según indica una nota de Carbon Brief, en julio de este año el cambio climático ha acrecentado la probabilidad de incendios forestales en un 30%.
En Argentina, esta situación fue también advertida en estudios de la Facultad de Agronomía y del Sistema Meteorológico Nacional. Los mismos habían pronosticado para las provincias de Córdoba, San Luis y La Pampa, una probabilidad de entre 20% y 25% de atravesar períodos prolongados de sequías extremas durante primavera y otoño, aumentando a un 50% durante el invierno. Particularmente, el Observatorio Meteorológico de Córdoba y la Administración Provincial de Recursos Hídricos determinaron que el año 2020 presentó el mayor déficit de precipitaciones registrado desde 1955. 
Este desastre también tiene su impacto en la esfera económica. Como referencia a nivel nacional, la pérdida por el bajo rendimiento de los cultivos durante el fenómeno de El Niño (2015-2016) fue de 30 mil millones de pesos, y durante la sequía (2017-2018) fue de 112 mil millones de pesos. Si tenemos en cuenta el impacto en pequeños y medianos productores que no cuentan con grandes excedentes, la situación se agrava. Por otro lado, los eventos de precipitaciones concentrados y sucesivos luego de largas temporadas de sequía, producen el lavado de los suelos degradando el terreno al arrastrar los nutrientes, según advierte la Dra. Olga Penalba, climatóloga del Conicet.
Teniendo como marco lo detallado anteriormente, es preciso agregar dos factores fundamentales que permiten comprender con mayor pertinencia lo que está sucediendo. En primer lugar, sabemos que alrededor de un 95% de los incendios forestales en Córdoba son de origen humano. En referencia a este porcentaje, debemos detenernos en las causas que exceden lo accidental. En este sentido, ingresan a la discusión los intereses económicos de sectores muy específicos: los grandes productores ganaderos y la industria minera, pero principalmente el negocio inmobiliario. Los actores territoriales de las zonas afectadas advierten desde hace años el avance de este sector sobre los montes, con el objetivo de construir complejos turísticos, barrios privados (countries), y ampliar el loteo para desarrollos inmobiliarios en general. Lo que para el resto de la sociedad son áreas protegidas, zonas de viviendas y terrenos de pequeños productores, para otras personas es territorio de especulación sobre el cual avanzan ilegalmente.
En segundo lugar, es preciso hacer hincapié en la responsabilidad política directa del gobierno provincial a cargo de Juan Schiaretti y, específicamente, de la Secretaría de Ambiente de la Provincia a cargo de Juan Carlos Scotto. Esta responsabilidad se vincula no sólo al control actual de la situación, sino también a su reparación futura, pero principalmente a la prevención de estos hechos. En este marco, también debemos decir que es fundamental el rol del Poder Ejecutivo Nacional y del Poder Judicial, también responsables en distintas medidas de lo que está sucediendo.
Frente a estas situaciones contamos con marcos legales como la Ley Nº 9.814 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de Córdoba, la Ley Nº 26.331 de Presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos, y la Ley Nº 26.815 de Manejo del Fuego. La segunda de ellas establece el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) a nivel nacional, y para ello otorga distintas categorías de conservación: la roja (I), que integra sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse; la amarilla (II), que comprende sectores de mediano valor de conservación, susceptibles de ser restaurados y que pueden usarse para aprovechamiento sostenible, turismo e investigación científica; y la verde (III), que indica sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse bajo las precisiones de la misma ley.
Este proceso de ordenamiento territorial no se ha finalizado en la provincia de Córdoba, y hace ya unos 5 años que necesita ser actualizado. Avanzar en este sentido es fundamental ya que, por ejemplo, del territorio quemado por los incendios que se produjeron en la provincia entre 2006 y 2018, un 38% aún estaba sin categorizar. Esto deja un vacío legal respecto de lo que luego se hace con los suelos incendiados: aunque para las categorías I y II no se permite el cambio de uso del suelo después de los incendios, es imposible aplicar esta normativa si las zonas no se encuentran categorizadas. Aún más, cabe aclarar que los controles al respecto no son estrictos; otro punto a reclamar rotundamente. En relación a esto, aguardamos con atención el tratamiento urgente del proyecto de modificación de la Ley Nº 26.815 de Manejo del Fuego que busca prohibir el cambio de uso de suelo luego de incendios en bosques, humedales y áreas protegidas, por un plazo de 60 años. En este sentido, la responsabilidad de quienes legislan es clave y debe ser asumida inexorablemente.
En definitiva, la coexistencia del avance de la frontera agropecuaria, el lobby inmobiliario, el desmonte ilegal y demás actividades que sustentan y maximizan las ganancias concentradas de las grandes corporaciones, en conjunto con la intensificación de las sequías inducidas por el cambio climático, resultan en la combinación perfecta para empujar a los ecosistemas a un punto de inflexión, a medida que la disminución de las precipitaciones los transforma en territorios más propensos a la propagación del fuego. Ante esto, la demanda debe ser política: es fundamental exigir que se cumplan las leyes existentes, actualizando el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, reforzando la presencia de guardaparques y puestos de vigilancia, aumentando el equipamiento y el presupuesto para atender esta problemática, en general.
Pero además debe atenderse la recuperación de las zonas y poblaciones afectadas, y teniendo en cuenta que es indispensable que el Estado esté al servicio de la prevención de nuevos incendios. Su presencia debe hacerse material brindando instrumentos de adaptación para las comunidades más expuestas a las sequías y, por lo tanto, con mayor riesgo de incendios, acompañado de la restauración y el mantenimiento de los ecosistemas para aminorar los impactos negativos en su funcionamiento.
Si bien la responsabilidad de asegurar la protección, prevención, recuperación y control de nuestros bosques nativos es de quienes gobiernan, es esencial que las políticas públicas que se elaboren, se hagan en conjunto con la sociedad y ancladas en las demandas de los actores territoriales; aquí radica el rol clave de los movimientos que sostienen las banderas del ambientalismo y se unen al pedido de Justicia Climática YA. Las soluciones provistas no deben limitarse a apagar los fuegos, ya que esta situación continuará agravándose si las agendas de gobierno no demuestran una disposición seria para atacar al problema de raíz y desde un enfoque transversal. Los causantes políticos y económicos de este desastre socioambiental deben ser penalizados, pero las dirigencias deben dejar de evadir un problema que cada día cobra mayor realidad y cuya sentencia cae sobre las poblaciones más vulnerables y con menor grado de responsabilidad: estamos en emergencia climática y ecológica, estamos al borde del colapso.
*Columna de Jóvenes por el Clima
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