Los claroscuros de una ley que sigue persiguiendo el autocultivo

La Legislatura porteña comenzó a debatir la regulación del cannabis medicinal. Si bien nuestro país cuenta con una ley que reconoce su uso medicinal y paliativo, no es claro cómo se garantiza el acceso al tratamiento. Especialistas opinan sobre la necesidad de una nueva reglamentación de la normativa por parte del Estado.

En la Ciudad de Buenos Aires empezó el debate en comisión por la regulación del cannabis medicinal. A pesar de que la Argentina cuenta con una ley nacional que regula la materia desde el año 2017, organizaciones sociales argumentan que la reglamentación de la normativa aún es deficiente y, además, continúa la criminalización de la tenencia y el autocultivo.

“Lo más importante es que se dé el debate, que se escuche a las personas y que se genere esa discusión en el ámbito legislativo para que se tome conciencia de la gravedad de la situación y de los Derechos Humanos afectados”, dice a El Grito del Sur Victoria Baca Paunero, defensora oficial criminal y correccional en la provincia de Buenos Aires, diplomada en Política de Drogas, Salud y Derechos Humanos por el CIDE e integrante del Centro de Estudios de la Cultura Canábica CECCa.

En la Legislatura hay dos proyectos para debatir en comisión: uno propuesto por María Rosa Muiños (Frente de Todos) y otro de Leandro Halperín (UCR-Evolución). La coincidencia es que ambos plantean la adhesión de la Ciudad a la ley nacional de investigación médica y científica del uso medicinal de la planta del cannabis y sus derivados. “Los dos proyectos son similares, pero hay una variación entre cuán específicos son al tratar el tema del autocultivo”, opina Jaime Buchuk, médico psiquiatra e integrante de Profesionales de la Salud por el Cannabis Terapéutico Argentina (Procannt), en diálogo con este medio. Para Buchuk, es importante que los textos de los proyectos sean “lo más específicos posibles”. “Porque todo lo que queda en gris en el proyecto, el dictamen tiende a ser hacia menos y no se reglamentan más libertades”, advierte.

La importancia de contemplar el autocultivo

El autocultivo de cannabis, explica Baca Paunero, es “la siembra y cultivo de una planta, considerada por la ley penal como un estupefaciente, para uso exclusivamente personal y privado de la persona que cultiva”. “Esa conducta está prevista como un delito, pero esto fue declarado inconstitucional a partir del año 2009 con el fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)”, afirma. El fallo señala que “hay un ámbito de la privacidad en la que el Estado no te puede perseguir” y después hubo decisiones judiciales similares en otras causas en todo el país.

“El problema es que una persona todavía puede ser perseguida por la conducta, que le hagan un allanamiento y enfrente un proceso penal -señala Baca Paunero-. Si se aclara que el fin era el consumo o tenencia personal, se archiva el expediente y la persona no recibe una pena, pero el perjuicio de la persecución penal no tiene solo que ver con la pena. Ya que vivas con miedo a un allanamiento deteriora tu calidad de vida”.
Para Buchuk, a pesar de que la ley de 2017 “fue un avance”, tiene el problema de que el autocultivo quedó por fuera en el texto final de la norma. “Y la reglamentación que hizo Cambiemos de la ley fue aún peor porque no formaba parte de su plan de gobierno regular el uso del cannabis. En esa ‘persecución al narcotráfico’ aumentaron las causas a usuarios”, añade.

Cannabis y el derecho a la salud

La ley nacional reconoce el uso medicinal y paliativo del cannabis; sin embargo, no es claro cómo se garantiza que un paciente acceda a este tratamiento. “Las vías de acceso están restringidas. Te digo que esto te sirve, pero no te doy un acceso legal, salvo a través de la importación de un derivado de cannabis a precio dólar, solo de un tipo de cannabis que no le sirve a todo el mundo y que se usa para epilepsia refractaria”, apunta Baca Paunero.

Otra forma de acceso es invocar el uso compasivo de medicamentos, una figura contemplada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat). “Si una persona tiene una dolencia que condiciona su calidad de vida y no encuentra en el medio local un tratamiento, se puede indicar un tratamiento que exista en la región y que avale con un estudio aquello que se va a llevar adelante. Ahí el cannabis encaja de manera perfecta”, señala Buchuk.

Sin embargo, todo esto implica un proceso de trabas burocráticas que genera que las personas busquen formas alternativas de obtener ese cannabis. “La gente va a ejercer su derecho a tener la mejor salud posible, es una cuestión de supervivencia. ¿Cómo acceden? Cultivan, porque otra manera no hay, y cuando lo hacen se meten en un riesgo por la aplicación de la ley penal”, asegura Baca Paunero.

Aquellos que no cultivan, pueden recurrir a cultivadores solidarios. “No se afecta la salud pública, sino que se busca asegurar el derecho a la salud de una persona. Esto no debería ser considerado un delito, pero como excede el ámbito privado, el fallo Arriola te queda corto”, apunta la integrante de CECCa. Esto, agrega, es “mal visto por la policía y el Poder Judicial” porque “operan con la lógica del prohibicionismo”.

“Y la vía de acceso cuando no es el autocultivo ni el cultivo solidario es un mercado ilegal gigante que tiene más daño en la salud que el que se pretende evitar con la ley penal -manifiesta Baca Paunero-. Ese mercado ilegal no tiene control de calidad ni de trazabilidad y la gente no sabe qué es lo que está comprando hasta que lo lleva a analizar”.

No es solo una cuestión pública

Otra crítica que recibe la ley nacional es que sólo hace referencia al estudio y uso del cannabis medicinal en el ámbito de la salud e investigación pública. “Esto está bien, pero termina generando trabas. Por un lado, queda desregulado qué pasa en el ámbito privado o de las obras sociales -afirma Buchuk-. Por el otro, avala la producción pública de medicamentos, el cultivo público y elimina la actividad privada”.

La industria derivada del cannabis es inmensa y en otros lugares del mundo, como California, genera ganancias millonarias. A partir de la planta se puede hacer comida -conocida como “hemp food”-, cosméticos, textiles e incluso material de construcción. “Vemos que a lo largo y ancho del país surgen empresas de capital público y privado, como es el caso de Jujuy. Eso está buenísimo, pero cuando vemos lo que sucede es que los que obtienen la licitación son una empresa allegada al Estado -la empresa Cannabis Avatara es presidida por Gastón Morales, hijo del gobernador Gerardo Morales- y termina siendo una cartelización del sector productivo”, sostiene el integrante de Procannt.

Asimismo, a pesar de que la ley crea un Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales, tanto Buchuk como Baca Paunero aseguran que existen dificultades para los científicos y las científicas que quieren investigar la planta.
“Se persigue y se obstaculiza a la planta como si ésta fuera el problema. Pero después a la hora de discutir la legalización te dicen que no pueden hacerlo porque no hay estudios científicos que la avalen”, manifiesta la integrante de CECCA.

Uno de los reclamos de los investigadores argentinos es que se haga un “blanqueo de semillas”. “Como nada es considerado válido y no se pueden importar semillas ni reactivos, lo que se pide es que se abra un período ventana para que se registre lo que es propio”, detalla Buchuk.

«El Estado debe intervenir»

Para ambos profesionales, es clave que el Estado intervenga para regular la situación. Este año, desde el Ministerio de Salud aseguraron que iban a desarrollar una nueva reglamentación de la ley que cuenta con el visto bueno de organizaciones como Mamá Cultiva. Sin embargo, todavía no se sabe exactamente cuándo se hará oficial el cambio.

Según Buchuk, es necesario que el Estado garantice la oferta de cannabis para que las personas puedan elegir y tratarse, además de “acompañar, promover, garantizar y gravar” la actividad para que no sea “un negocio de pocos y que sigan gastando millones para perseguir a los usuarios”. “El Estado debe intervenir, no puede hacer de cuenta que no pasa nada -asegura Baca Paunero-. El Estado argentino tiene compromisos internacionales de Derechos Humanos que debe respetar e implican realizar acciones positivas para garantizar el acceso a derechos”.

 

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Ludmila Ferrer

Periodista y Licenciada en Comunicación Social (UBA). Escribe también en Página/12 y sigue más podcasts de los que puede escuchar.