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Costa Salguero y los paradigmas del extractivismo urbano

La Justicia frenó momentáneamente la venta del predio Costa Salguero - Punta Carrasco, pero es fundamental continuar con este reclamo. El extractivismo urbano en la Ciudad de Buenos Aires sigue afectando la calidad de vida de la población, dado que alienta la falta de espacios verdes y la especulación inmobiliaria.

Hace varios días, las cuestiones referidas al futuro del predio Costa Salguero – Punta Carrasco vienen resonando en la Ciudad de Buenos Aires. Dichos predios, ubicados en la costa del Río de la Plata y cuya concesión vence en 2021, se convirtieron -tras la autorización al Ejecutivo porteño para vender dichos complejos- en un terreno de disputa. Esta semana la Justicia frenó momentáneamente a través de una medida cautelar la venta del predio hasta que se resuelva la causa en curso, considerando en los fundamentos del fallo que la ley aprobada en diciembre del año pasado “podría resultar lesiva de los procedimientos constitucionalmente previstos para la desafectación del dominio público». Esto significaría un retraso para quienes especulan en torno a esta transacción, pero es fundamental continuar con los reclamos por parte de la sociedad civil en su conjunto.

En este marco, la Legislatura aprobó el jueves 8 de octubre en primera lectura un proyecto que plantea la resignificación de esos predios para habilitar la edificación sobre el margen del Río de la Plata. Al impactar en el Código de Planeamiento Urbano Ambiental y Edificación, el proyecto requiere de un procedimiento de doble lectura, con lo cual debe atravesar un proceso de audiencias públicas para luego ser tratado nuevamente y aprobado de manera definitiva. Según lo establece la Constitución porteña en su artículo 8, “los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad son públicos y de libre acceso y circulación”; sin  embargo, el proyecto del Ejecutivo porteño es construir en esos predios un emprendimiento de lujo de cara al río.

No se trata de un hecho aislado, sino una práctica reiterada que responde a un modelo de ciudad orientado a los intereses del lobby inmobiliario. En los últimos 10 años se vendieron 473 hectáreas de tierra pública, el equivalente a 236 Plazas de Mayo. El abogado ambientalista Enrique Viale denomina a este fenómeno “extractivismo urbano” y afirma que “tiene la misma lógica y dinámica que el extractivismo minero, petrolero o el agronegocio pero aquí no hay oro, ni petróleo, ni soja: hay tierras públicas”.

El extractivismo urbano es el punto de convergencia entre la emergencia habitacional, la falta de espacios verdes, las inundaciones y la especulación inmobiliaria. Según los parámetros de un modelo ligado a los intereses de la especulación inmobiliaria, la vivienda no es considerada un bien de uso sino un commodity: en CABA hay 138.328 viviendas desocupadas, mientras que se encuentran 600.000 familias en emergencia habitacional y 7.251 personas en situación de calle.

Otra de las consecuencias directas de este paradigma es la falta de espacios verdes. Esta problemática, que se puso en evidencia durante la cuarentena, se traduce en inundaciones por la falta de superficies absorbentes, compromete la calidad del aire, la salud pública y -en términos generales- la calidad de vida de la población.

Nathalie Röbbel, Oficial Técnica del Departamento de Salud Pública, Medio Ambiente y Determinantes Sociales de la Salud de la OMS, señala los efectos positivos de tener ciudades con una mayor cantidad de espacios verdes, ya que no solo son esenciales a mitigar contaminantes de corta vida, sino que también mejoran la salud mental, contribuyen a bajar las tasas de mortalidad y reducen el efecto de isla térmica (apaciguando las altas temperaturas que se sufren en las urbes y las “olas de calor’’). Por lo tanto, como explica Röbbel, “las inversiones en los parques urbanos, los espacios verdes y los cursos de agua son un modo eficaz y económico de promover la salud y mitigar el cambio climático’’.

Por otra parte, la calidad ambiental es uno de los índices que determinan el valor inmobiliario, por lo que son los sectores más históricamente relegados los se ven desplazados hacia zonas expuestas a inundaciones, basurales a cielo abierto, contaminantes como plomo en el agua, entre otros factores de vulnerabilidad ambiental, siendo éste además un factor de desigualdad social.

En un país donde más del 90% de la población vive en áreas urbanas, es fundamental que una “ciudad verde” deje de ser un slogan de campaña y que las políticas públicas estén orientadas a los intereses de la ciudadanía y no a intereses corporativos.

Por eso es necesario que como sociedad nos acerquemos a la audiencia pública en cuestión, que se llevará a cabo el día 27 de noviembre a las 14 hs. Las inscripciones se habilitarán aproximadamente un mes antes y para asistir habrá que mandar un mail a dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar o también podrá realizarse por la web https://www.legislatura.gov.ar/audiencia/119 . Hay tiempo hasta el 24 de noviembre.

 

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