En febrero de 2018, el rectorado de la Universidad Nacional Tres de Febrero (UNTREF) firmó la Resolución 289/18 por la cual cualquier migrante que cuenta con un documento temporario, precaria de residencia o que se erige como solicitante de refugio y asilo o pasaporte, no podrá ingresar en ninguna de las carreras de pregrado y grado que ofrece esta casa de estudios si no abona 200 dólares en concepto de matriculación y 150 dólares en concepto de cuota mensual. Mientras algunos creen que la decisión del Consejo Superior de dicha universidad tiene muchas influencias o presiones de las autoridades locales de Juntos por el Cambio -el intendente de Tres de Febrero es Diego Valenzuela-, otros argumentan que esta determinación no tiene vínculo con la ideología del gobierno anterior, que implementó el DNU 70/2017 para limitar las condiciones de permanencia e ingreso de les migrantes al país.
La difícil situación socio-económica de migrantes y refugiados reanimó el debate sobre este tema en las redes sociales, puesto que el salario mínimo está calculado en apenas 101 dólares mensuales y el 58% de les migrantes dejó de percibir un salario durante la pandemia. Además, muchos de ellos y ellas enfrentan dificultades para seguir cursando en distintas universidades. La UNTREF es una de las universidades públicas del conurbano y está sometida al Decreto Nº 29.337, por el cual sus servicios educativos deben ser gratuitos. Al mismo tiempo, esta casa de estudios es una de las pocas que ofrece carreras como la licenciatura en sistema de información geográfico y la licenciatura en protección civil y emergencias. Sin embargo, hoy está exigiendo a les migrantes sin documentos permanentes a pagar por una carrera de 4 años la suma total de 7500 dólares estadounidenses.
“Actualmente cuento solo con la precaria porque soy solicitante de refugio. Quisiera estudiar la licenciatura en sistema de información geográfico a fin de insertarme y ayudar a mi nuevo país. Esta carrera sólo la encontré en la UNTREF. De repente, un cercano me compartió la resolución donde voy a tener que pagar una fortuna, eso me desanimó totalmente y ni siquiera me preinscribí. ¿Dónde puedo encontrar tanta plata mientras que el peso sigue perdiendo valor de día en día?”, se preguntó Snyre Charles en diálogo con El Grito del Sur.
Las y los estudiantes extranjeros en la Argentina en las carreras de pregrado y grado representaban apenas el 2,8% en el año 2015. Esta cifra no aumentó en los años siguientes. La presencia de éstos diversifica cultural, social y epistemológicamente a las universidades argentinas. Aquellos y aquellas que luego regresan a sus países de origen brindan imágenes positivas de sus estadías y además, entre los estudiantes extranjeros que eligen carreras cortas, sólo en la Ciudad de Buenos Aires dejan 1900 millones de pesos al año en concepto de alquileres, gastronomía y turismo (Encuesta de Turismo Internacional del INDEC para el año 2016). Según la propia UNTREF, la contribución de les migrantes al país alcanza los USD 5000 millones sólo en el sector formal.
Tanto les estudiantes migrantes, así como aquellos/as que ya obtienen sus títulos pero que se quedan a trabajar en Argentina, rechazan esa resolución que viola la Constitución argentina, las leyes migratorias y los tratados/convenciones internacionales sobre migrantes y refugiados, así como los tratados contra el racismo, la discriminación y la xenofobia. Además, muchos creen que la solicitud de la residencia permanente como requisitos afines de ser exceptuado es una excusa. Aún con ese documento, ningún afrodescendiente, africano o latinoamericano que quisiera realizar una carrera de grado en la UNTREF va a poder porque la fortuna pedida en sí es una barrera. En cambio, el acceso sí es posible es para un norteamericano o europeo. Es una resolución clasista, racista y xenófoba.
Otros testimonios
“Hay dos temas, el primero es la pandemia que precariza más a les migrantes y afrodescendientes que cualquier otro grupo social tanto social como económicamente. Por otro lado, las dificultades de acceder a documentos es también un tema (debido a la falta de criterios, a las restricciones que puso el gobierno anterior, a las máquinas rotas, al ciberataque contra la Dirección Nacional de Migraciones). Esa resolución no tomó en cuenta esas realidades sociales, así como hay una falta de respeto a las leyes. Hasta el periódico más cercano al gobierno anterior, La Nación, publicó varias notas sobre la importancia de los estudiantes extranjeros que vienen a estudiar aquí en la Argentina, sus aportes en las relaciones internacionales y económicas. Es una decisión absurda”. Javier Núñez Iglesias, migrante afro uruguayo, licenciado en Sociología (UNSAM)
“Es una locura. No se paga tanto dinero ni en las universidades privadas. Estoy en la UADE, yo pagaba 76 dólares más o menos por la matrícula, y por el cuatrimestre pago 150 dólares más o menos, además el año pasado nos dieron bonificaciones. La resolución de la UNTREF es una barrera y no puede ser más explícito como mensaje a les migrantes que no necesitan en su universidad”. Estudiante haitiana de la licenciatura en Gobierno y Relaciones internacionales (UADE)
“Hay un grupo que decide cobrar al otro (en ese caso son les migrantes) por el simple hecho de que hay un discurso social que lo está avalando y esos discursos provienen de los sectores conservadores. En cuanto a lo legal atenta contra las leyes, convenciones y tratados hasta la Constitución de Argentina (…) es un ataque sistémico que viene desde el conservadurismo o desde la elite supuestamente dominante hacia las clases subalternas”. Ángela Adriana del Valle Coman, profesora de Lengua y Literatura. Tesista de la licenciatura en Letras, UNSE (Universidad Nacional de Santiago del Estero)
“Desde la agrupación EsMiUBA (Estudiantes Migrantes Universidad de Buenos Aires), manifestamos nuestro rechazo a la privatización paulatina del derecho a la educación en Argentina, empezando por el sector estudiantil migrante. Nos manifestamos en contra de la resolución 289-18 de la Universidad Nacional Tres de Febrero (UNTREF), la cual establece un costo para la inscripción y un arancel mensual en dólares estadounidenses, desconociendo la Ley 25.871 art 6 y 7, violando la garantía del Derecho a la Educación para todas y todos los habitantes de la Nación Argentina. Nos solidarizamos con las y los compañeros migrantes [aspirantes] de la UNTREF y acompañamos en la pugna llevando el diagnóstico ante todos los entes nacionales y la sociedad en general, hasta lograr echar abajo esta resolución que atenta contra los derechos adquiridos por el pueblo argentino para todos sus habitantes”. Esteban Trujillo Gaitán, abogado en formación (UBA) y referente de EsMiUBA.
Dentro de la AGENDA MIGRANTE 2020, colectivo integrante de Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la campaña #MigrarNoEsUnDelito -que agrupa a investigadores, academicxs, militantes, líderes y referentes de un centenar de organizaciones sociales, académicas y sindicales-, ya están juntando firmas a través de este link : https://forms.gle/KhmW9RiH1GSavJxGA para denunciar este hecho públicamente y a través de los organismos de derechos humanos como el INADI y la Secretaría de Derechos Humanos. Esta petición ya recibió el apoyo de muchas organizaciones e instituciones y se siguen recolectando firmas.
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