Un grupo de investigadores del Conicet lanzó esta semana la primera encuesta a nivel nacional que busca relevar datos estadísticos confiables sobre la situación de la población migrante en el país. La iniciativa surge luego de una experiencia piloto que durante las primeras semanas de la cuarentena puso la lupa en cómo el coronavirus afectó a la comunidad de extranjeres que vive y trabaja en los principales centros urbanos, en su mayoría trabajadores informales y con muchos obstáculos para obtener la documentación argentina definitiva. Ese paneo inicial, que abarcó a unas 1500 personas, arrojó datos alarmantes: más de la mitad de les encuestades dijo haber perdido su trabajo o sus ingresos relativamente estables por la pandemia, y dos de cada diez se quedaron afuera del IFE. La idea de les investigadores es dar un paso más, profundizar ese censo y realizarlo de forma estable todos los años, con el objetivo de aportarle al Estado los insumos necesarios para el diseño de posibles políticas públicas destinadas a ese colectivo, uno de los más golpeados –y discriminados– durante los cuatro años del gobierno de Cambiemos.
“En general, la capacidad del Estado en el registro de la realidad de la población migrante es muy limitada. Si no empezamos por preguntar, que es lo más elemental, es muy difícil después sacar conclusiones y mucho más realizar políticas públicas reparadoras de derechos que sean efectivas. Por eso, desde nuestro lugar, que es el académico, intentamos de alguna manera incidir, poniendo nuestras herramientas a disposición. Es un proyecto muy ambicioso porque apostamos realmente a tener información sobre la realidad de les migrantes en todo el país y para visibilizar a todas las comunidades”, describe la iniciativa Natalia Debandi, doctora en Sociología de la Universidad del Río Negro y del Conicet.
La encuesta fue redactada en conjunto por la Red Orientada a la Solución de Problemas en Derechos Humanos del CONICET y un extenso colectivo de organizaciones sociales y ONGs, que impulsaron a su vez el relevamiento realizado durante las primeras semanas de pandemia. Como esa primera experiencia resultó positiva –respondieron 1500 personas y sirvió para poner en agenda la problemática migrante–, la idea ahora es redoblar la apuesta. El cuestionario ya circula online y cierra en un mes.
“La idea tiene dos objetivos principales –explica Lourdes Rivadeneyra, de la Red de Migrantes y Refugiados de la CTA y una de las referentes del colectivo–. Por un lado, entendemos que la encuesta nos va a dar insumos para desterrar esos mitos xenófobos que se generan alrededor de les migrantes y, por otro, nos va a permitir darle cuerpo a nuestras reivindicaciones, que queremos que sean parte de la agenda del Estado y se transformen en políticas públicas destinadas al acceso a derechos plenos y a la ciudadanía plena para nuestro colectivo”. La lista de organizaciones que participan es extensa: el Bloque de Trabajadorxs Migrantes, la Campaña Migrar no es Delito, ANDHES (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales), Red Nacional de Líderes Migrantes de Argentina y la Secretaría de Trabajadores Migrantes y Refugiados de la UTEP, entre muchas otras.
Entre otros datos coyunturales y de fondo, la encuesta busca averiguar sobre la situación documental, de vivienda, trabajo, y sobre la cobertura de salud de las personas migrantes. También pregunta si se percibe alguna ayuda del Estado o se tienen deudas, y por la escolaridad de los hijos. Además, incorpora dos dimensiones culturales y políticas: uno de los énfasis está puesto en qué lengua habla el encuestade (se incluye, por ejemplo, el Wolof, idioma de la comunidad senegalesa), si se sufrió algún tipo de violencia de género o de parte de la policía y si sabe que se tiene derecho a votar.
En ese sentido, Debandi aclara que “hay muchas de esas respuestas que pueden ser previsibles por lo que vemos todos los días, por ejemplo la persecución que sufre la comunidad senegalesa por parte de las fuerzas de seguridad. Pero no está mal cuando los datos no nos sorprenden, justamente parte del proyecto surge de corroborar lo que se denuncia, y en ese sentido no sólo aparece la violencia sino también la discriminación y los problemas a la hora de realizar los trámites de radicación”.
La propuesta, sobre todas las cosas, viene a llenar un vacío: toda la información que se recolecte será, por decirlo así, inédita. Si bien algunos organismos como el INDEC y la propia Dirección General de Migraciones tienen datos diversos y puntuales sobre la migración, lo que falta es la dimensión humana y de derechos. Además, se suma que en los últimos años hubo varios cambios en la dinámica migratoria en el país, por lo que el censo de 2010 quedó prácticamente inutilizable a la hora de pensar la problemática.
“Desde el censo de 2010 hubo muchos cambios en las dinámicas migratorias. Desde la llegada de venezolanes hasta, por citar un ejemplo, de haitianes, que vienen en su mayoría a estudiar, y hasta desde Colombia, que están subrepresentades en los datos que existen y, pese a que son colectivos pequeños cuantitativamente hablando, también es necesario conocer sobre elles”, señala la socióloga.
También se busca saber cómo afrontan les migrantes la pandemia, teniendo en cuenta que muchos fueron y son trabajadores esenciales. Según el primer relevamiento, surgió que la mayoría no pudo acceder a las ayudas del Estado, como el IFE, por trabas burocráticas y por no cumplir con los requisitos mínimos de residencia en el país. A lo que se suma, además, la necesidad de acudir a comedores populares para subsistir. “Todo el trámite resultó restrictivo”, afirma Debandi. “Siempre es mejor escuchar”, concluye.
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