Giro en las políticas del gobierno porteño

Larreta prepara medidas de asistencia a la economía popular para un diciembre en paz

Tras delegar en el gobierno nacional el apoyo económico a los sectores populares durante estos siete meses de pandemia, el Ejecutivo porteño se apropió de una idea del Frente de Todos para asistir a los emprendimientos de la economía social y popular. La iniciativa, que aún no empezó a tratarse en la Legislatura, prevé el acceso al crédito y nuevas herramientas de financiamiento.

A lo largo de más de siete meses de pandemia, el gobierno porteño fue cuestionado debido a la falta de apoyo financiero a los sectores más afectados por la crisis. Sin embargo, mientras Nación aún no define si bajará un último IFE, el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta dio un golpe de timón y envió a la Legislatura un proyecto de ley para asistir a los emprendimientos de la economía social y popular, en el marco de la crisis agravada por la pandemia. La iniciativa prevé el acceso al crédito y nuevas herramientas de financiamiento para fortalecer a un sector que perdió buena parte de sus ingresos durante 2020.

Lo llamativo es que el Ejecutivo de la Ciudad tomó en parte una propuesta del Frente de Todos que había presentado la legisladora Laura Velasco allá por abril. Quien recogió el guante fue la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, María Migliore, una de las funcionarias larretistas que presta mayor atención a la situación social. El oficialismo porteño no desconoce que, más allá de cierto repunte en la actividad económica producto de las medidas aperturistas, la cercanía del fin de año hace resonar los fantasmas de un posible estallido social en medio de una de las peores crisis de la historia argentina.

«Esta semana presentamos un proyecto de ley para darle un nuevo impulso a las 500 mil personas de distintos sectores que trabajan en la informalidad. Esta ley los va a ayudar a salir de esa situación, favoreciendo su capacidad de producción y su acceso al financiamiento», sostuvo el Jefe de Gobierno el pasado 23 de octubre a través de Twitter. El proyecto, que aún no empezó a tratarse en reuniones conjuntas de comisiones en la Legislatura, promueve el otorgamiento de líneas de crédito específicas para unidades productivas inscriptas en un nuevo registro y la constitución de un Fondo Fiduciario para el Desarrollo de la Economía Popular y Social (FONDEPyS), «conformado mediante el aporte de fondos públicos y privados». Éste habilita, entre otras cosas, los recursos «provenientes de legados o donaciones y/o cualquier otro tipo de liberalidades» y «los fondos provenientes de empresas, sociedades, organizaciones, organismos, agencias o instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales».

Larreta, junto a la ministra Migliore y un trabajador de la economía popular.

En principio, desde el Frente de Todos saludaron esta iniciativa. «La acuciante situación que se vive en nuestros barrios, donde surgen y se desarrollan la mayoría de estos emprendimientos productivos frente a la imperiosa necesidad de ganarse el mango para sobrevivir, precisa una respuesta urgente. Por eso celebramos que el Ejecutivo porteño haya escuchado los reclamos y decidido avanzar en la sanción de una ley para la Economía Social y Popular», manifestó Laura Velasco.

No obstante, desde el despacho de la legisladora que milita en Somos plantearon a El Grito del Sur ciertos reparos a partir de diferencias entre la letra oficial y el proyecto opositor presentado seis meses atrás. «En nuestro proyecto especificamos que los créditos sean a tasa cero, pero en el del Ejecutivo eso no se especifica. Además, queda definir si el Fondo va a ser el mismo todos los años como plantea el nuestro o si va a ser por asignación presupuestaria que es más la línea que sigue el del Ejecutivo», analizaron. Al mismo tiempo, existen suspicacias respecto a los espacios físicos y la constitución de una «mesa permanente» con las organizaciones que permita darle un seguimiento a la implementación de la ley.

El Ejecutivo porteño está apurado en tratar el proyecto con el objetivo de dar un alivio al sector de la economía popular antes de fin de año. Un giro político respecto a la pasividad de esperar medidas nacionales como el ATP y el IFE, este último con destino incierto mientras los grupos más vulnerables de la Ciudad continúan atravesando un año más que difícil.

 

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