El boom privado de residencias estudiantiles

Larreta va por un Airbnb universitario con precios dolarizados

El Ejecutivo porteño envió a la Legislatura un proyecto denominado "Régimen de Promoción para Residencias de Estudiantes", por el cual se ofrecen fuertes exenciones impositivas a empresas y fideicomisos que desarrollen inversiones vinculadas a la construcción y remodelación de este tipo de establecimientos.

El Gobierno porteño ya mira al 2021 y por eso apura una serie de iniciativas en la Legislatura, donde cuenta con mayoría junto a sus aliados de la UCR y la Coalición Cívica, para llegar mejor parado a la recuperación económica «post-pandemia». En un contexto de fuerte retracción en los ingresos públicos desde abril hasta ahora, Horacio Rodríguez Larreta cree que el mercado inmobiliario puede ser nuevamente su as bajo la manga y esta semana envió al recinto parlamentario un proyecto de ley denominado «Régimen de Promoción para Residencias de Estudiantes», que habilita importantes exenciones impositivas a empresas y fideicomisos que desarrollen inversiones destinadas a la construcción y remodelación de este tipo de establecimientos.

La iniciativa se inscribe en la concepción de Buenos Aires como una «ciudad universitaria». Cabe destacar que la metrópolis porteña tiene más de 50 instituciones de educación superior en la que se forman unos 575 mil estudiantes, la mayoría de éstos se desempeñan en carreras de grado. Alrededor de 85 mil estudiantes provienen de distintas ciudades de todo el país y el 80% lo hace desde distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, la Ciudad recibe un flujo anual de más de 90 mil estudiantes internacionales. Desde la oposición a Larreta plantean que la lógica de un boom privado de residencias estudiantiles esconde otra cosa: la intención de seguir encareciendo el costo de la vivienda al mejor estilo Airbnb, puesto que el proyecto no distingue entre las residencias que «cobran en dólares porque reciben extranjeros y las que tienen precios en pesos porque están destinadas a estudiantes nacionales».

Según explicita el proyecto de ley, las personas físicas y jurídicas inscriptas -así como los fideicomisos- recibirán grandes beneficios impositivos por la construcción y equipamiento de nuevos establecimientos, pero también por la remodelación de las residencias estudiantiles existentes. Allí se destacan la posibilidad de convertir en crédito fiscal hasta un 60% de la inversión realizada, que «podrá ser computable contra el pago destinado a la cancelación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos generados por la explotación del establecimiento en cuestión», y la eximición del pago de Ingresos Brutos por un plazo máximo de 24 meses. En caso de que el inversor/a revista la condición de micro, pequeña y mediana empresa, podría obtener un 10% de beneficio adicional. Lo mismo si el establecimiento nuevo o en vías de refacción se hallara localizado dentro del Área de Protección Histórica y el Casco Histórico de la Ciudad.

El primer punto polémico de la iniciativa es que en el artículo 4 plantea que «los inmuebles destinados al desarrollo de un proyecto de inversión en los términos del artículo 3º podrán poseer usos complementarios a la actividad de residencia de estudiantes, siempre que el principal se destine a la explotación de aquella». Es decir, deja abierta la posibilidad de cualquier otro tipo de inversiones -sin aclarar tampoco a qué se refiere con «Residencias de Estudiantes»- a expensas de la ventaja impositiva.

Actualmente existen en territorio porteño unas 38 residencias universitarias con unas 1.100 plazas disponibles, pero este proyecto busca ampliar la oferta para estudiantes que llegan a Buenos Aires por distintos motivos. De acuerdo con sus fundamentos, «menos del 1% de los estudiantes pueden acceder a esta modalidad de hospedaje» y se destaca que «ampliar y mejorar la calidad de las residencias es especialmente importante para los 86.000 estudiantes de todo el país que vienen a estudiar a Buenos Aires, dado que la mayoría son estudiantes de grado que realizan estadías más largas, con un promedio de 5 años». Teniendo en cuenta que las residenciales estudiantiles están dentro del nomenclador tarifario que incluye a hoteles y alojamientos Airbnb, rubros fuertemente desregulados, la iniciativa podría agravar aún más la falta de accesibilidad de les estudiantes de grado a dichos establecimientos.

El proyecto de ley «Régimen de Promoción para Residencias de Estudiantes» pasó ayer por una reunión de la comisión conjunta de Desarrollo Económico, Turismo y Presupuesto, y podría tratarse el próximo jueves en la Legislatura.

El negocio del estudiantado extranjero

En 2018 llegaron a la Ciudad de Buenos Aires 92.500 estudiantes internacionales -la mayoría para hacer cursos cortos- y gastaron 16.624 millones de pesos entre aranceles universitarios, visitas de familiares o amigos y en los diferentes rubros de consumo. Estos jóvenes, que suelen gastar mucho más que un ciudadano/a promedio, se ven tentados desde el propio Gobierno porteño con «tarifas especiales» (¡en dólares!) con listas de alojamiento, traslados, actividades y hasta medios de transporte como la Eco-Bici. Esto se puede observar en la página https://turismojoven.buenosaires.gob.ar/, aunque con la pandemia este gran negocio se encuentra totalmente paralizado.