«El impacto sobre el empleo fue más fuerte en países con estructuras ocupacionales más informales»

3,7 millones de personas perdieron su empleo en el último año en Argentina y los principales afectados son los trabajadores y trabajadoras informales. "El combo de políticas que aplicó el Estado Nacional logró mitigar el impacto de la crisis”, explica Matías Maito, investigador de Estudios sobre el Trabajo y Desarrollo en la UNSAM. ¿Cómo le fue al resto de la región y qué escenario se abre para el país?

La crisis económica que deja a su paso la pandemia de COVID-19 está afectando directamente al mercado laboral. La tasa de desempleo en Argentina subió al 13,1% en el segundo trimestre y es la más alta desde 2005, enmarcándose en tres años consecutivos de recesión. Como suele suceder, estas crisis golpean a los sectores más desprotegidos y así lo demuestra el informe “Impacto de la pandemia sobre un mercado laboral vulnerable” realizado por el Centro de Capacitación sobre Estudios y Desarrollo (Cetyd-Idaes) de la Universidad Nacional de San Martin. El trabajo resalta que se contabilizó una pérdida de 3,7 millones de empleos en todo el país y desde El Grito del Sur dialogamos con Matías Maito, director del CETyD, para entender la complejidad del asunto.

“La parte más delgada de nuestro mercado laboral es demasiado extensa”, señala el informe, y esto explicaría la importancia del trabajo informal o como cuentapropista en la composición de los nuevos “desocupados”. “Justamente esa diferenciación entre los sectores es clave para entender la gravedad del impacto. La pandemia en todo el mundo tuvo un impacto muy grave sobre la actividad económica y el mercado laboral. Ahora, no es casual que el impacto más fuerte sobre el empleo haya sido en los países con estructuras ocupacionales con mayor proliferación de ocupaciones precarias, de empleo informal o de trabajo por cuenta propia”, explica Maito.

Para el investigador resulta fundamental contextualizar cuáles eran las condiciones del mercado laboral previo a la crisis. “En nuestro país, como en la mayoría de Latinoamérica, hay una alta proliferación de este tipo de ocupaciones. Si uno veía qué pasaba antes de la pandemia, una de cada dos personas tenía problemas de empleo: porque estaban desocupadas, porque trabajaban en relación de dependencia pero en la informalidad o porque trabajaban de manera independiente como cuentapropistas en actividades de baja calificación. Ese era el punto de partida de una estructura ocupacional precaria y que obedece a raíces estructurales de muy larga data, que se agudizaron mucho durante los últimos años», explica Maito.

«Entre el año pasado y éste hubo una caída de 3,7 millones de ocupados. Pero lo interesante es que de esos 3,7 millones, el 86% estaba inserto en ocupaciones precarias o inestables, es decir, en empleo asalariado informal o en el trabajo independiente. El empleo asalariado informal cayó 43%, mientras que los trabajadores por cuenta propia cayeron un 27%”, agrega el investigador. “El empleo asalariado formal (que se encuentra registrado, con mayores ingresos, derechos y niveles de protección) cayó sólo un 3%: en comparación con la caída del empleo informal y del trabajador por cuenta propia, es una cifra muchísimo menor. Claro que da cuenta de una reducción de 250.000 trabajadores formales, lo que es realmente un número muy importante. Pero la diferencia con las ocupaciones precarias es realmente muy notoria”.

Frente a esta situación, el director del CETyD explica: “De este cuadro de situación general hay que sacar dos lecturas: una es que las políticas que implementó el Estado Nacional para mitigar el impacto de la crisis sobre el empleo, fueron eficaces. Esas políticas tenían básicamente tres ejes: prohibición de los despidos; el programa ATP de pago de salarios y reducción de contribuciones patronales; y un mecanismo de validación ágil de suspensiones, destinado a aquellas empresas que -incluso con la ayuda del Estado- no podían pagar los salarios. Ahora, como el empleo asalariado formal es solo una parte del total del empleo en nuestro país, y como el resto de las ocupaciones precarias e inestables tiene un nivel de proliferación considerable, justamente el impacto de la crisis terminó siendo considerable porque cayó sobre ese tipo de empleo”, agrega Maito.

Otra caída significativa que muestra el informe del CETyD, es la tasa de actividad (que mide la cantidad de personas que tienen trabajo o lo buscan activamente). El indicador pasó del 47,7% al 38,4%, lo cual da cuenta que 3 millones y medio de personas se retiraron del mercado laboral. ¿A qué se debe este fenómeno? Para Maito, “la pandemia despertó una particularidad respecto a cómo esa crisis se expresa en los distintos indicadores. Entre 2019 y 2020 tuvimos un crecimiento de la desocupación de un 10,6% al 13,1%. Pero las personas desocupadas, son personas que no tienen un trabajo aunque lo están buscando. La pregunta entonces es: ¿cuántas personas tenían posibilidad efectiva de buscar trabajo en los momentos más álgidos del aislamiento social y obligatorio, como fue en el segundo trimestre de este año? La verdad es que no muchas. Por eso, el indicador que mejor explicaría por qué cayó el empleo no es el crecimiento de la desocupación, sino la muy importante caída de la tasa de actividad de 9 puntos porcentuales. Esa caída de la tasa de actividad es la salida de personas del mercado laboral. Las personas que no solo perdieron el empleo, sino que en ese plazo ni siquiera buscaron empleo ante la imposibilidad fáctica de hacerlo”.

¿Las políticas para sostener el empleo fueron suficientes?

Otro punto interesante que muestra el informe es la variación de las personas ocupadas en diferentes países de nuestra región y el mundo. Argentina aparece allí entre los más afectados. Sin embargo, el análisis que hace el informe muestra la otra cara de la moneda. “Depende con que países compares. Si uno compara la situación de nuestro país con la de Europa, la caída de empleo fue importante: en la Argentina la cantidad de personas ocupadas cayó un 21%. En Portugal fue de un 4%, en España un 6%, en Suiza el 2% y en Francia el 2%. Pero en nuestro país, si uno observa solo la caída de las personas que están ocupadas en empleos asalariados formales, la caída fue de apenas el 3%, lo cual se asemeja a los países europeos», explica Maito.

«El problema es que nosotros tenemos una altísima incidencia de empleos no formales, que no son asalariados. Por eso se explica ese número tan relevante de retracción del empleo, que en realidad es similar al del resto de los países latinoamericanos: en Chile cayó un 20%, en Colombia 22%, en Perú 49% y en Brasil (con una política sanitaria mucho más permisiva) un 11%. En todos aquellos países con estructuras ocupacionales de muchísima incidencia de empleos precarios, la caída del empleo fue muy fuerte”.

Tecnología, informalidad y sindicatos

Un dato que viene preocupando en el mundo del trabajo es que la pandemia ha permitido incorporar una gran cantidad de tecnología en los procesos laborales. Ejemplo de esto son las apps de delivery o la expansión del teletrabajo. Entre los trabajadores informales y los de cuenta propia, el número de personas supera los 2 millones. Esta incorporación de tecnología podría generar que las relaciones laborales giren hacia una “nueva normalidad” en la post-pandemia, aumentando un mercado ya de por sí vulnerable. No obstante, Maito tiene una mirada mas esperanzadora: “Depende de la política. Yo soy de la idea de que la tecnología no necesariamente precariza las relaciones laborales. Eso depende de cómo se regule o administre la incorporación de tecnología», argumenta el investigador de la UNSAM. «Es muy importante, por un lado, la política pública y el rol del Estado, pero también en qué medida participan los actores, y me refiero no solo a las empresas sino en particular a los sindicatos: en qué medida se pueden armar mesas de discusión para que estos temas se definan a partir del diálogo social”.

El estudio demuestra que los sectores formales, aquellos que se encuentran sindicalizados y tienen mayores derechos, son los que han podido enfrentar de mejor manera la grave crisis que vivimos. Por eso es importante seguir sosteniendo esa organización laboral y, como dice el director del CEyTD, que los sindicatos tengan un rol clave en la regulación de estas nuevas tecnologías en sus ámbitos de trabajo. “Me parece que lo central es la participación de los trabajadores, es deseable que se involucren en estas grandes definiciones para justamente administrar y tener una voz en esos procesos que son tan definitorios para las formas del trabajo”, concluyó Matías Maito.

 

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Nahuel March Rios

Delegado Gral. de la CGI Banco Credicoop. Siempre cerca de ser Sociólogo. Cuervo de alma por herencia y decisión (siempre Club Social, nunca S.A.). Militante por la patria liberada. Autopercibido periodista, win derecho y asador de achuras.