En el marco del 11º aniversario de la promulgación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Defensoría del Público anunció la creación de NODIO, un «Observatorio de la desinformación y violencia simbólica en medios y plataformas digitales». La iniciativa surgió a partir del aumento de la circulación de discursos de odio en redes sociales y medios de comunicación, y tiene como objetivo analizar la manera en que se generan y replican los discursos racistas, xenófobos, sexistas y violentos. Desde la oposición, raudos y veloces, salieron a hablar de GESTAPO y «Ministerio de la Verdad». Además, diputados de Juntos por el Cambio (entre los que destacan Fernando Iglesias y Waldo Wolff) denunciaron penalmente a Miriam Lewin, titular de la Defensoría. En diálogo con El Grito del Sur, Miriam Lewin explica los objetivos y desafíos del nuevo dispositivo.
¿En qué consiste la iniciativa NODIO y cuál es la razón de su lanzamiento?
Desde que asumí, en plena pandemia, empezamos a notar que había reclamos de las audiencias a la Defensoría acerca de la circulación de mensajes violentos en las redes y de un aumento de la desinformación. En el contexto del coronavirus la información resulta muy delicada, sobre todo lo que tiene que ver con el cuidado de la salud, la supuesta inmunización contra el virus o la ingesta de sustancias que pueden generar posibles daños a la salud e incluso a la vida, lo cual es muy preocupante. También vemos que estos discursos circulan desde las redes a los medios tradicionales, con mensajes violentos, homofóbicos, xenófobos y mucha desinformación, además de imágenes que no están chequeadas. Como estos insumos saltan a los medios se nos ocurrió desarrollar una línea de trabajo que promueva iniciativas ciudadanas muy simples: como por ejemplo, cuando aparece un discurso violento, un hashtag que diga #DiscutamosConRespeto. Hay una polarización social y un discurso de violencia en medios y redes que realmente no le hace bien a la democracia.
¿Qué experiencias de este tipo existen en otros países?
Hay muchas iniciativas de universidades, otras promovidas desde organismos supranacionales como la ONU o la Unión Europea, incluso hay países como Alemania y Francia que desarrollaron leyes punitivas que sancionan estas expresiones. Nosotros, desde la Defensoría, estamos a favor de la libertad de expresión y del cambio cultural. Estamos convencidos de que esto no puede modificarse con una política punitiva: de hecho, mediante la autoregulación, las plataformas digitales cierran cuentas y se vuelven a abrir. Ellos se han declarado prácticamente impotentes. Por eso queremos cooperar con ellos, con las plataformas de verificación, con organismos de DD.HH., con asociaciones de la sociedad civil, de periodistas, etc. Nos reunimos con FOPEA y nos vamos a reunir con ADEPA y FATPREN. Tenemos en nuestra agenda una ronda de consultas para que nos ayuden, absorbiendo las ideas que ellos puedan aportar a desarrollar esta línea de trabajo. Tratamos de analizar cómo circulan los discursos violentos y esta desinformación que no promueve la participación, no promueve la libertad de expresión, porque cuando una persona es agredida se retira de la plaza pública. La idea es que nadie más sufra en redes.
¿Cuál es la respuesta a quienes denuncian esto como un «ataque a la libertad de expresión»?
Nosotros creemos que calificar esto de GESTAPO de la información o Ministerio de la Verdad es errado. Esto parte de una mala comprensión de la iniciativa, que es abierta, participativa y transparente en donde están incluidos todos los actores interesados en sanear el debate democrático.
¿Qué mecanismos tienen las audiencias para denunciar discursos de odio?
La función del Observatorio no va a ser recibir denuncias. Vamos a tomar aquello que circula y lo vamos a analizar y va a ser un insumo sólido elaborado por académicos bien formados que se le va a otorgar como recurso a la sociedad civil.
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