La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) presentó el jueves pasado en el Congreso Nacional el proyecto de ley de Acceso a la Tierra, que busca crear un Procrear Rural para que las y los pequeños productores cuenten con una parcela que les permita acceder a una vivienda digna y a la producción propia de alimentos. La iniciativa se inscribe en la búsqueda de un desarrollo rural ambiental, social y económicamente sustentable. Si bien es la tercera vez que se presenta esta ley -anteriormente había sido impulsada en los años 2016 y 2018-, la diferencia en este caso es que cuenta con el apoyo de varios funcionarios del gobierno actual: el ministro de Agricultura, Luis Basterra; el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; el canciller Felipe Solá; y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, entre otros.
En la Argentina, sólo el 13% de la tierra está en manos de pequeños productores que producen más del 60% de los alimentos que circulan en el mercado interno, mientras que el 1% de las empresas agrarias controlan el 36% de la tierra cultivada. Desde la UTT estiman que, con un crédito del Banco Nación de 110 millones de dólares, unas 2000 familias podrían acceder a una hectárea propia con infraestructura productiva y vivienda digna. Esto podría «sentar las bases de un nuevo modelo agroalimentario en la Argentina», donde se ponga fin a la «hiperconcentración, especulación de precios, contaminación y trabajo informal o esclavo».
Una de las referentes de esta organización, Delina Puma Rocabado, explicó a El Grito del Sur que el proyecto «busca crear un fondo fiduciario que pueda garantizar créditos blandos a las familias productoras para que éstas puedan acceder a la compra de un terreno. Normalmente esto es muy difícil, porque está todo muy dolarizado y los terrenos son imposibles de pagar. Impulsar esta ley sería un gran avance porque hoy más del 95% de las familias productoras no son dueñas de la tierra en que trabajan».
En la provincia de Entre Ríos, decenas de pequeños productores se unieron al Proyecto Artigas para desarrollar en la estancia de Dolores Etchevehere un proyecto agroecológico bajo el lema de avanzar hacia la soberanía alimentaria. Buena parte de los conflictos por falta de tierra continúan invisibilizados en casi todo el territorio nacional. La referente de UTT señala que «las familias inquilinas se ven obligadas a renovar contratos cada 3 años, incluso ahora están haciendo contratos de sólo un año. Esto provoca una situación de incertidumbre que te lleva a trabajar de una manera muy acelerada -lo cual genera abuso de agroquímicos- y te impide planificar una producción. Tener la posibilidad de acceder a un terreno donde podamos quedarnos muchos años generaría un cambio para avanzar así hacia la producción agroecológica».
La principal oposición a esta iniciativa parte de la Sociedad Rural, que -como se está viendo en el conflicto de Entre Ríos- se muestra contraria a toda lógica que implique una alternativa al agronegocio y una mínima democratización de la tierra. En ese sentido, Puma Rocabado asegura que «la tierra está en manos de muy pocas personas y muchas veces no llegamos a saber quiénes son sus dueños. Igualmente, el proyecto es bastante viable porque es muy sencillo. Nadie se puede poner en contra de un proyecto que garantice créditos para una familia que pelea por algunos metros cuadrados, mientras otros tienen miles de hectáreas».
«Con la agroecología se puede planificar la producción y trabajar de una manera más sana, porque ya no hay un alquiler con un fin de mes que te está corriendo por detrás. La generación de alimentos sanos no sería sólo un beneficio para el productor, sino también para el consumidor», concluyó la referente de la Unión de Trabajadores de la Tierra.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:
https://elgritodelsur.com.ar/2020/10/dolores-etchevehere-es-necesaria-reforma-agraria-urgente-en-nuestro-pais.html
