A través de una transmisión en vivo, una costumbre impuesta este contexto, y con la presencia de referentes y referentas de decenas de organizaciones y colectivos de personas con VIH, así como también autoridades del Ministerio de Salud de la Nación y de ONU Sida, se presentó públicamente el proyecto de Ley Nacional de respuesta integral al VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e Infección de Transmisión Sexual (ITS). La iniciativa parlamentaria fue presentada por tercera vez en el Congreso de la Nación con la firma de diputados y diputadas de distintos signos políticos y fue trabajada, a diferencia de las dos oportunidades anteriores, en diálogo directo con distintos actores de la sociedad civil y autoridades nacionales, algo que destacan muy positivamente desde las organizaciones que impulsan esta nueva ley. «Estamos muy esperanzades», dijo a El Grito del Sur Jose María di Bello, presidente de la Fundación Grupo Efecto Positivo, en relación a las expectativas que tienen sobre el avance de esta propuesta.
Desde hace años, decenas de organizaciones se vienen organizando en pos de la reglamentación de una nueva ley que dé respuesta y garantice un piso de derechos para aquellas personas con VIH, hepatitis virales, tuberculosis o infecciones de transmisión sexual. El reclamo parte de la base de una ley vigente desde los años ’90 hasta la actualidad, que aunque es bien valorada por los distintos colectivos, tiene -explican- una concepción biomédica y no contempla una serie de avances en materia de derechos humanos en las últimas tres décadas, importantes a la hora de legislar en esta materia. Finalmente, luego de dos presentaciones legislativas que perdieron estado parlamentario, los y las activistas se entusiasman ahora con la posibilidad de poder avanzar hacia la conquista de una nueva legislación.
«Es muy importante porque con esta normativa se corre de lo que era la ley de los años ’90, que en realidad es producto de los ’80, donde el conocimiento, los avances científicos y ni que hablar de las cuestiones sociales y el reconocimiento de derechos de las personas afectadas casi no existía», plantea Di Bello en defensa del nuevo escrito, que fue ingresado a la Cámara de Diputados hace poco menos de tres semanas. «Y es importante porque la ley actual es para frenar la epidemia del sida, pero no asegura derechos fundamentales ni una respuesta efectiva a la pandemia. Esta ley entiende al VIH, hepatitis, tuberculosis e ITS como una respuesta integral e intersectorial, asegura derechos fundamentales, no solo la salud, sino la alimentación, la educación, el trabajo y la eliminación del estigma y la discriminación», suma Emir Franco, referente de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (RAJAP), en esa misma línea.
También participó de la presentación virtual del proyecto la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, quien intervino en favor de la iniciativa que lleva la firma de un total de 13 diputades del Frente de Todos, la Unión Cívica Radical, el PRO, el Partido Socialista, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda y los Trabajadores: Carolina Gaillard; Leonardo Grosso, Cecilia Moreau, Mara Brawer, Mónica Macha, Brenda Austin, Carla Carrizo, Itai Hagman, Ayelén Sposito, Maximiliano Ferraro, Silvia Lospenatto, Romina Del Plá y Gabriela Estévez. «Nos parece muy importante que después de 30 años se actualice esta ley. Hay que emprender nuevos desafíos, avanzar en la respuesta integral y redoblar compromisos para trabajar en derechos humanos en contra de la discriminación, con perspectiva de géneros y los derechos laborales», expresó Vizzotti durante el streaming por YouTube.
«La respuesta al VIH cambió con el tiempo. La ley del año ’90 está redactada desde la perspectiva biomédica y no contempla distintas problemáticas que hacen a lo que significa vivir con VIH. Actualmente con los tratamientos se puede tener una buena calidad de vida; sin embargo, el estigma y la discriminación son problemáticas que vienen asociadas al VIH y que no están abordadas plenamente en la ley vigente», sostuvo Matías Muñoz, coordinador de la Asociación Ciclo Positivo, en comunicación con este medio. «Por lo tanto planteamos esta modificación en clave de derechos humanos, que le preste atención a los determinantes sociales de la salud, a distintas cuestiones que van más allá de lo que sucede dentro del organismo, sino lo que pasa socialmente al vivir con el VIH. Además, esta nueva ley, como su título lo indica, incorpora a las hepatitis virales, a la tuberculosis y a otras infecciones de transmisión sexual que también deben ser atendidas en este contexto», agrega.
Consultado por las modificaciones que incorpora este proyecto, en relación a la ley actual, Emir Franco enumera algunos de los puntos más importantes: «Tiene un apartado especial para mujeres y cuerpos gestantes. Donde protege a la persona gestando y al bebé, asegurando un trato digno sin violencia obstétrica, asegurando la leche de fórmula por 18 meses (actualmente se da por 6); asegura el acompañamiento de la transmisión de lxs niñxs en la atención pediátrica y el paso al médico de adultos; habla de la participación de las personas con VIH en la toma de decisiones; una ampliación del diagnóstico, ahora por ley, el ofrecimiento del test a las mal mencionadas «poblaciones de riesgo», esta ley menciona que el ofrecimiento del test debe ser en toda consulta médica; es una respuesta integral porque incluye investigación, tratamiento, cura, reducción de riesgos y eliminar el estigma y la discriminación». Y continúa: «Prohíbe el test preocupacional para el ingreso y exámenes periódicos que pidan realizar en el ámbito laboral; declara de interés nacional los tratamientos, lo que asegura la provisión de los mismos; asegura la capacitación de los equipos de salud que trabajen VIH, hepatitis, tuberculosis e ITS, incluyendo además a los medios de comunicación y autoridades nacionales, provinciales y municipales; crea un régimen de pensiones para las personas más vulnerables; fomenta campañas de prevención, información, tratamientos y hacía quienes vivimos con el virus con enfoque especial en cada colectivo, y la creación de un observatorio sobre el estigma y la discriminación en la órbita del INADI».
El proyecto, aunque llega con mucho empuje, se presenta sobre la recta final de la actividad parlamentaria de este año y debe pasar por las comisiones de Salud, Legislación General y Presupuesto antes de llegar a ser tratado en el recinto. Sin embargo, les activistas no bajan los brazos ni pierden las esperanzas. «Si no sale en este mes y días que queda de actividad ordinaria parlamentaria, tenemos muchas esperanzas de que va a ser el año entrante», cerró confiado el presidente de la Fundación GEP.
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