El 17 de octubre tiene un significado particular para nuestro país y para la clase trabajadora. El 75º aniversario del “subsuelo de la patria sublevada” nos recuerda ese primer momento que marcó el protagonismo de los trabajadores y las trabajadoras en el debate de las grandes cuestiones nacionales. El inicio del peronismo fue de la mano de la defensa de los derechos laborales y sobre esa base se inició una etapa en donde la justicia social iba a ser parte del desarrollo económico. Pero, ¿qué pasó en el “campo”? si bien el movimiento obrero organizado es “la columna vertebral del peronismo”, la organización de los trabajadores y trabajadoras rurales nunca logró ser una pata importante para la puja distributiva o para enfrentar boicots u otro tipo de acciones que limitaron a los gobiernos populares de turno.
La relación con el “campo” siempre fue compleja para el peronismo y, a su vez, para el mundo sindical. El proyecto de un país industrialista siempre se topó con el inconveniente de la generación de divisas, algo común en los mercados de Latinoamérica, en donde el monocultivo y el agronegocio son los que sostienen la entrada de dólares a las arcas del Estado. Más allá del debate teórico, la relación entre “el campo” y los gobiernos populares han sido una constante de este tiempo, desde el debate por “la 125” en el año 2008 hasta la actual puja por el precio del dólar, que se abre cada año en los momentos donde los productores agropecuarios deben liquidar sus siembras. La disputa política con estos sectores del empresariado del agro no se limita solo a cuestiones económicas ni las banderas peronistas, ya que también han tenido diferencias con gobiernos como el de Raúl Alfonsín o han armado campañas de desprestigio y de ahogo económico a otras sectores económicos, como es el actual ataque que diferentes entidades rurales le están realizando al diputado Carlos Heller y al Banco Credicoop, por iniciar el proyecto de “aporte solidario extraordinario a las grandes fortunas”.
Argentina tiene uno de los mayores índices de sindicalización de nuestro continente y hasta de varias regiones del mundo, algo fundamental para la puja distributiva y para sostener muchas de las políticas sociales del peronismo. Este proceso no pudo sostenerse en el área rural a lo largo del tiempo, a pesar de que en sus inicios desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Juan Domingo Perón realizó avances sobre la precaria y vulnerable situación de los peones rurales de nuestro país: el primer Estatuto del Peón Rural, el Estatuto del Tambero-Mediero y el traslado del Consejo Agrario Nacional al ámbito de la Secretaría de Trabajo y Previsión. En este contexto se fortalecieron las Bolsas de Trabajo y se conformó el sindicato nacional de obreros rurales: la Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (FATRE).
Esa primavera duró poco, dado que luego del Golpe de 1955 se produjeron avances significativos en la tecnificación de las tareas que afectaron severamente la demanda de fuerza de trabajo. Ese avance tecnológico sería una constante desde ese momento hasta la actualidad (entre los años 1970 y 2001 la población rural de la Argentina se redujo prácticamente en 1 millón de personas, mientras que la población total del país crece en 10 millones de habitantes). Por otra parte, la dictadura cívico-militar de 1976-1983 derogó las leyes rurales del peronismo. A esto hay que sumarle que los dirigentes más combativos del FATRE fueron perseguidos y aniquilados, lo que generó una gran desorganización de este gremio y luego pasó muchos años intervenido.
UATRE: el sindicato perfecto para las patronales agrarias
En 1988, la FATRE se organizó como sindicato nacional, adoptando el nombre de Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). El sindicato fue conducido por Gerónimo “Momo” Venegas desde 1991 y empezó a manejar cada vez más fondos gracias al apoyo del ex presidente Carlos Menem. Desde ese momento, no solo se posicionó en los extremos de la derecha en lo político, siendo parte de estructuras como las de Eduardo Duhalde y Mauricio Macri, sino que también se encargó de armar una lógica sindical totalmente funcional a las patronales agrarias. El claro ejemplo de esto fue la creación del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores -más conocido como RENATRE- durante el interinato de Eduardo Duhalde en el año 1999. Lo particular del RENATRE es que regula el trabajo en el campo, pero cuyo directorio está conformado por la UATRE y las cuatro entidades patronales: FAA, SRA, CONINAGRO y CRA. Entonces el Estado no regula el trabajo en el campo, sino que lo hacen las principales entidades patronales junto al sindicato.
Como explica el sociólogo Lautaro Lissin, “la propia composición directiva del RENATRE incidió negativamente en la posibilidad que los trabajadores rurales pudieran realizar alguna denuncia respecto a las condiciones de vida y de trabajo que evidenciaban. Más complicado aún era su estructura territorial, es decir las sedes en las cuales los trabajadores debían recurrir para realizar alguna denuncia, porque funcionaban en las mismas locaciones que las organizaciones patronales o del sindicato. Esto llevaba a la situación de que un trabajador, en el caso de querer realizar una denuncia, debía hacerlo en la misma sede de la organización de la cual su patrón era asociado”. Claramente este tipo de ente de “protección laboral” permitió durante años que en el campo se fomente el trabajo esclavo, la informalidad, los bajos salarios y hasta el trabajo infantil.
Pero, como sabemos, el peronismo de la justicia social volvió al gobierno de la mano de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner y esta problemática del campo fue parte de sus políticas. En diciembre de 2011 se sancionó la Nueva Ley de Trabajo Agrario (Nº 26.727) y con ella la creación del RENATEA como organismo de derecho público dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. “Esta ley 26.727 recuperó lo mejor de los antecedentes normativos del estatuto del Peón Rural y reguló, en sentido protectorio de los trabajadores, a un conjunto de particularidades del trabajo agrario (como la jornada de trabajo, el trabajo infantil y adolescente, la intermediación laboral, las licencias y jubilaciones, las modalidades de contratación, entre otras tantas cosas)”, analiza Lautaro Lissin.
De esta forma, el Estado Nacional recuperó una herramienta fundamental para revertir la precariedad laboral en el sector, pero lamentablemente duró muy poco. Apenas tres días después de la asunción de Mauricio Macri como presidente en 2015, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de una presentación realizada cuatro años antes por la UATRE del Momo Venegas, que bregaba por la anulación de dos artículos (números 106 y 107) de la nueva Ley de Trabajo Agrario (Ley 26.727). Luego se disolvió el RENATEA y se pasó el control nuevamente a la UATRE. Todo volvió a foja cero. Los asalariados rurales volvieron a perder parte de sus derechos alcanzados y las patronales rurales volvieron a tener el poder.
Dos funerales y un sindicato
El 26 de junio de 2017, Gerónimo «Momo» Venegas falleció en Necochea a los 75 años de edad. Lo reemplazó Ramón Ayala, quien paradójicamente también falleció el 6 de octubre pasado tras haber contraído coronavirus. Al igual que Venegas, Ayala manifestó su apoyo al gobierno de Cambiemos e incluso fue uno de sus aportantes de campaña, aunque en un primer momento lo negó y luego aclaró que sí había hecho un aporte de 5 mil pesos. Sin embargo, en los registros apareció que había aportado 25 mil. Tras su muerte, en el gremio UATRE se abrió una disputa por la sucesión en la conducción. Dirigentes, delegados y congresales expresaron su disidencia con las decisiones tomadas por el nuevo secretariado nacional, y manifestaron la «necesaria convocatoria a un Congreso del sindicato para llamar a elecciones soberanas».
¿Será posible pensar otro tipo de sindicalismo dentro del campo ante la crisis de representación que tiene la UATRE en combinación con la llegada de un nuevo gobierno popular? La dispersión espacial, la escasa concentración de trabajadores por contratista, la mecanización de todas las labores, la ocupación temporal y la permanente movilidad entre diversas latitudes —a veces muy alejadas—, caracterizan la vida del obrero agrícola. Sin embargo, los debates con respecto a la organización del trabajo en el campo vienen fortaleciéndose con nuevas experiencias populares como las cooperativas agrarias que tienen un claro componente popular y se están organizando en espacios como la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) o la Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE).
A 76 años del primer Estatuto del Peón Rural, una de las medidas de mayor relevancia sancionadas por el peronismo, puede ser la hora de pensar nuevas políticas para mejorar la correlación de fuerzas dentro del campo.
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