Reclaman por salarios dignos y mejoras laborales

Trabajadoras domésticas: entre las nuevas habilitaciones y el pedido urgente de recomposición salarial

Con las nuevas habilitaciones, muchas empleadas domésticas volvieron a sus trabajos y con esto regresaron los abusos laborales. A las desigualdades estructurales de un sector integrado en su mayoría por mujeres, con bajos salarios y un alto nivel de informalidad, se le añade el contexto de pandemia y el atraso en los salarios.

Uno de los sectores laborales más afectados desde el comienzo de la pandemia es indudablemente el de las trabajadoras de casas particulares. Como advertíamos a comienzos de abril en este medio, a las desigualdades históricas que caracterizan al sector se le sumaba el contexto pandémico como un panorama poco alentador. Desigualdades estructurales e históricas de una actividad integrada en su mayoría por mujeres, con un alto nivel de informalidad –en Argentina casi el 77% no está registrada-, y con salarios de pobreza. No estamos hablando de un sector minoritario de la economía: es una de las principales ocupaciones de las mujeres asalariadas en nuestro país y comprende alrededor de 1,4 millones de trabajadoras. Quienes cotidianamente limpian, cocinan, cuidan, lavan, y un largo etcétera en hogares ajenos.

Desde que se decretó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) el 20 de marzo, el sector atravesó dos situaciones. Quienes realizan tareas de asistencia y cuidado fueron consideradas personal esencial y podían tramitar el permiso de circulación para ir a trabajar. Y el resto de las categorías -tareas generales (limpieza), caseras/os, jardineros/as, cocineros/as- no estaban habilitadas y sus empleadores tenían la obligación de abonar el salario completo.

Entre abril y mayo, desde el CEIL-CONICET y la UNLa, realizamos una encuesta a 635 trabajadoras del sector que arrojó que entre 5 y 6 de cada 10 habían empeorado su situación laboral: fueron despedidas, no les pagaban, les redujeron el salario o la cantidad de horas, les cambiaron de categoría para que fueran a trabajar. Y si bien las políticas impulsadas por el gobierno nacional como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el congelamiento de las tarifas y la prohibición de despidos fueron medidas tendientes a aminorar el impacto de la crisis económica producto de la pandemia, la situación no deja de ser preocupante (y angustiante).

Nuevas habilitaciones, las mañas de siempre

Luego de algunos meses, diversas provincias fueron habilitando al sector doméstico con algunas restricciones y protocolos sanitarios para la vuelta al trabajo. En el caso de ciudad de Córdoba, por ejemplo, se habilitó en el mes de julio con recomendaciones de no utilización del transporte público. En Entre Ríos la actividad estaba habilitada desde junio y aunque pueden viajar en transporte público, el paro de colectivos en Paraná y otras ciudades generó varias veces una tensión en la que «el empleador no te quiere pagar el remis, o que te hace pagar uno y ellos pagan el otro. Entonces llega un momento que vos vas a trabajar a veces por 200 pesos”, cuenta Marcela Muño, secretaria de Asuntos Laborales de SECFER.

A estas habilitaciones del trabajo en casas particulares se sumó recientemente el AMBA: tanto CABA, el 15 de octubre, como la Provincia de Buenos Aires, el 20, habilitaron el regreso de la actividad pero también con restricciones. Las trabajadoras deben trabajar en un único domicilio y sus empleadores tienen que garantizar las condiciones de higiene y seguridad, y el traslado de la trabajadora sin la utilización del servicio público de transporte. Al igual que en el resto de las provincias, la situación implica una dificultad porque muchas veces lxs empleadores no se quieren hacer cargo de los costos que esto implica.

“A partir de la apertura que estamos habilitadas, lo que está pasando con nuestro sector es que los empleadores no nos quieren pagar el transporte privado -sea Uber, remis o pasarte a buscar- y les dicen que se saquen el permiso y usen el medio de transporte público», comenta Mónica de Monzón, trabajadora y referente a cargo del grupo Nos las trabajadoras de casas particulares. «A muchas chicas, si no cedían o se negaban a hacerlo, sus empleadores les decían que eran unas vagas, que no tenían predisposición para ir a trabajar y que ya les habían hecho un favor todos estos meses de pagarles el sueldo”.

La situación es alarmante, más aún si tenemos en cuenta que -por ejemplo- el 70% de trabajadoras que se emplean en el sector doméstico en CABA residen en el conurbano bonaerense. Cabe aclarar que en todos los casos que mencionamos, las trabajadoras embarazadas, las que se encuentran dentro del grupo de «personas de riesgo» o quienes tienen a cargo de menores de edad, continúan eximidas de ir a trabajar y tienen derecho a seguir cobrando su salario habitual completo.

Un reclamo urgente: la recomposición salarial para el sector

Hace unos días, el Ministerio de Trabajo publicó la resolución N° 4/2020 que fijaba el Salario Mínimo Vital y Móvil en un monto que en octubre ascenderá a 18.900 pesos y para marzo llegará a los 21.600 pesos. El sector doméstico, al estar bajo un régimen especial, queda por fuera de lo fijado por el Consejo del Salario. Actualmente, en la escala salarial para el personal de casas particulares, si tomamos la categoría de tareas generales con retiro -la más numerosa en cantidad de trabajadoras- el salario mensual desde mayo de 2020 es de 17.785 pesos.

Fuente: Web de la AFIP

Entonces, el reclamo de recomposición salarial es urgente. “La problemática más grave del sector resulta ser el tremendo atraso del poder adquisitivo de los salarios, los cuales están por detrás del salario mínimo vital y móvil, de la jubilación mínima y de la canasta básica que marca la línea de la pobreza», cuenta Matías Isequilla, asesor legal de la Unión de Trabajadores Domésticos y Afines (UTDA). «Por ello, y toda vez que el acuerdo salarial de 2019 se encuentra vencido desde mayo del corriente año, resulta imperioso que el Ministerio de Trabajo convoque a la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares a los fines de establecer una adecuada recomposición de los salarios mínimos de la actividad”.

El sector viene reclamando que la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, que depende del Ministerio de Trabajo, se reúna para la recomposición y adecuación salarial. El pasado 2 de octubre se realizó una movilización al Ministerio de Trabajo convocada por UTDA, a la que asistió también la agrupación Trabajadoras de Casas Particulares en lucha, con el objetivo de exigir que se reuniera la comisión y se implementen otras medidas necesarias: la mensualización y universalización del IFE, el establecimiento de un fondo de desempleo, la fijación de un adicional por antigüedad, un subsidio para empleadores que tienen reales dificultades para pagar salarios y una campaña nacional para terminar con el empleo no registrado, entre otras.

Esta situación que atraviesan las trabajadoras de casas particulares, en su mayoría jefas de hogar y con hijes a cargo, debe ser puesta sobre la mesa. Porque cuando hablamos de la feminización de la pobreza, estamos hablando -en parte- de las trabajadoras domésticas. Es ahora. Es urgente.

 

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