En los últimos 13 años se implementó en la Ciudad de Buenos Aires un plan sistemático de privatización de tierras. Más de 500 hectáreas públicas fueron vendidas o concesionadas para la construcción de grandes emprendimientos inmobiliarios suntuosos o para explotaciones comerciales. Todo lo contrario de lo dispuesto por el Plan Urbano Ambiental. El suelo es uno de los recursos más valiosos con los que cuenta la Ciudad. Éste debe ser destinado a equipamiento urbano, espacios verdes públicos y viviendas sociales. Su destino debe ser discutido democráticamente con la ciudadanía porque estamos bajo una Democracia Participativa y tenemos derecho a decidir sobre nuestros bienes comunes. Esta política privatizadora está llegando a niveles inconcebibles al avanzar nuevamente con la reconcesión de la Costanera Norte a lo largo de toda su extensión en lo que se llama el Distrito Joven. Esta vez, la Costanera no será objeto sólo de privatizaciones temporales sino también de privatizaciones definitivas.
En diciembre del año pasado, la Legislatura aprobó la venta del predio conocido como Costa Salguero, unas 17 hectáreas ubicadas en la Costanera Norte, con la condición previa de que se apruebe una nueva ley que otorgue una nueva normativa urbanística para la zona. Ahora la Legislatura está tratando el proyecto de ley N° 2094-J-2020, de autoría del Jefe de Gobierno, que tiene por objeto establecer la nueva normativa urbanística y autorizar un emprendimiento inmobiliario que ocupará 75.000 m2 de este predio. En la superficie remanente, se podrán construir otros 26.000 m2 quedando solo 7 hectáreas para espacios públicos. Este espacio público y verde será el patio verde del gran proyecto inmobiliario de 10 pisos de altura que se construirá en plena Costanera. La barrera de edificios no solo consolida la Ciudad de Buenos Aires de espaldas al Río de la Plata, sino que va a implicar la pérdida definitiva de la mirada al río. También contribuirá a sedimentar la “isla de calor” que nos acosa durante los veranos y nos arrebata nuevamente un espacio público solamente por su “puesta en valor inmobiliario”.
La venta de Costa Salguero y la privatización de la Costanera se realizan en clara violación de la Constitución de la Ciudad. De acuerdo al art. 8 de la Constitución de la Ciudad, “los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad son públicos y de libre acceso y circulación”. El Plan Urbano Ambiental establece que se deben “destinar a uso público los predios del dominio estatal que se desafecten en las riberas” (art. 9 inciso 4).
No sólo se violan la Constitución y las leyes de mayor jerarquía de la Ciudad, sino que se rompen las expectativas de la ciudadanía acumuladas durante 30 años de que, finalizadas las concesiones, toda la Costanera Norte se transformara en un gran parque público de acceso totalmente libre.
También se ha autorizado la concesión del predio conocido como Punta Carrasco. De las 32 hectáreas del predio de Costa Salguero y Punta Carrasco, solo 12 serán destinadas a espacio público. Este espacio verde ni siquiera será suficiente para las nuevas familias que habitarán en el complejo inmobiliario. Es una mentira que la Ciudad contará con más espacios verdes por habitante.
Este es un paso más para consolidar una nueva fractura urbana y espacial en la Ciudad, la que dividirá a la ciudad en un sector mediterráneo y un sector ribereño de acuerdo con una línea imaginaria ubicada sobre las Avenidas Libertador y Paseo Colón. A la histórica desigualdad entre el norte y el sur, se le sumará la desigualdad entre el este y el oeste de la ciudad. El sector ribereño, hacia el este, estará caracterizado por destinarse al sector de la población más rico, quienes gozarán de amplias superficies de espacios verdes contando hasta con dos reservas naturales, amplia conectividad (autopistas en toda su extensión, acceso directo a Aeroparque y al puerto), nuevas ofertas de viviendas suntuosas con mirada al río y un patio que será la Costanera Norte de uso exclusivo para quienes puedan pagarla.
En definitiva, la promesa de que la Ciudad recupere la mirada al río sólo será para un reducido sector, para quienes habiten en esta nueva ciudad ribereña.
Esta no es la única política gravosa para la ciudadanía que está siendo discutida e impulsada en la Legislatura. Con la aprobación del proyecto de ley que va a realizar una gran modificación al Código Urbanístico, la Legislatura está por facultar al Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, para que pueda prescindir del Código Urbanístico, del Código de Edificación y del Código de Habilitaciones en las Áreas de Protección Histórica (APH), y establecer la capacidad constructiva y la morfología de los edificios según su discrecionalidad y lo que entienda por “rehabilitación”. Además, se autorizaría a realizar enrases o completamiento de tejidos en estas áreas, lo que antes se encontraba prohibido. La altura de estas zonas pasará a ser la de los edificios más altos.
Estos cambios pretenden legalizar obras cuyos permisos fueron otorgados incumpliendo la normativa urbanística, como es el caso del emprendimiento inmobiliario de NorthBaires en la calle San Martín de Tours 2869/89 frenado recientemente por la Justicia, o el Mamotreto “Astor San Telmo” de la empresa TGLT, que ya cuenta con cinco sentencias judiciales que declararon su ilegalidad.
Por otra parte, el proyecto de ley también autoriza la construcción de estacionamientos en el subsuelo bajo el centro libre de manzana. Es decir, habilita a transformar las superficies verdes absorbentes de los pulmones de manzanas en simples terrazas verdes. La Ciudad está emplazada sobre las cuencas de caudalosos arroyos (Medrano, Vega, Maldonado, Radio Antiguo, Cildañez) que descargan sus aguas al Río de la Plata o al Riachuelo. La eliminación de la capacidad de retención e infiltración de los pulmones de manzana es contraria a toda medida de mitigación de las consecuencias negativas de estos fenómenos, y a todo criterio ecológico. Dicha medida está prácticamente orientada a transformar a la ciudad en un manto de cemento.
La Ciudad de Buenos Aires está sufriendo una agresión permanente e intensa. El interés inmobiliario especulativo impera en la ciudad promovido por los grandes desarrolladores y el gobierno. Desconocen la crisis habitacional, sacrifican los espacios ambientales esenciales, su diversidad cultural y patrimonial.
Como ciudadanos y ciudadanas de la Ciudad tenemos el derecho a defender nuestros bienes comunes y el deber de proteger el ambiente y el patrimonio urbano (art. 26 de la CCABA).
Es el momento de recuperar nuestra soberanía política y de ejercer la Democracia Participativa (art. 1 de la CCABA). No podemos permitir que empresarios y un sector de la clase política nos roben nuevamente la Costanera Norte y terminen por destruir la belleza cultural de la ciudad y dañen nuestro ambiente urbano.
