El 25 de noviembre fue declarado como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer por la ONU en 1999, 18 años después de hacer sido instituido en el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en Bogotá. La fecha fue elegida en honor a las hermanas Mirabal, tres activistas dominicanas asesinadas por la dictadura de Rafael Trujillo el 25 de noviembre de 1960. Años antes, en 1979, el organismo supranacional había aprobado la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer” y emitido la «Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer» (1993). En nuestro país, desde el año 2009, existe la ley 26.485 de Protección Integral Contra las Mujeres que contempla la violencia física, psicológica, sexual, económica patrimonial, simbólica y política.
Si bien en los últimos años los avances han sido reconocibles, la violencia hacia mujeres y disidencias sexuales pervive en sus diferentes modalidades, desde las más ancestrales hasta las que se adaptaron a las nuevas tecnologías. Al día de hoy, sólo 2 de cada 3 países condenan la violencia doméstica y en 37 estados aún se exime de pena a los violadores si están casados o si se casan posteriormente con la víctima. Por su parte, en Argentina, según el 1er Índice Nacional de Violencia Machista realizado en 2016 por el colectivo Ni Una Menos, el 56 por ciento de las mujeres fue víctima de abuso emocional en su pareja, el 67 por ciento de maltrato físico en la pareja, el 77 por ciento de violencia obstétrica y el 97 por ciento sufrió acoso en lugares públicos o privados.
¿Qué pasó en la pandemia?
Alrededor de todo el mundo, el aislamiento producto de la pandemia de COVID-19 trajo un recrudecimiento de la violencia hacia mujeres y disidencias sexuales. Según las estadísticas de la línea 144, del 20 de marzo al 30 de septiembre se recibieron 60.449 llamadas vinculadas a las violencias por motivos de género, lo que representa un aumento del 18% de las comunicaciones diarias respecto al mismo lapso de tiempo en el período anterior. Además, entre el 20 de marzo y el 12 de noviembre, el Observatorio Adriana Marisel Zambrano contabilizó 171 femicidios vinculados de mujeres y niñas, y 4 transfeminicidios. De estos crímenes, el 60% fueron cometidos por parejas o ex parejas.
“Las mujeres tuvieron que elegir entre el riesgo de enfermarse y el de quedarse adentro. Sabemos que los femicidios suelen suceder en la casa de la víctima o el agresor, por lo cual la asociación pandemia-aislamiento-violencia es una triada imposible de sortear. Nadie esperaba esto y semana a semana tuvimos que aggiornarnos para buscar nuevas herramientas creativas de acompañamiento, tanto desde las organizaciones como desde el Gobierno”, asegura Clara Santa Marina, abogada y coordinadora de áreas de la Casa del Encuentro. Además, Santamarina hace énfasis en la necesidad de tener un registro unificado de las violencias hacia las mujeres: “No creo que porque haya cifras de violencia hay violencia, puede ser que haya mujeres que estén atravesando estas situaciones y no las denuncien por diversos motivos, incluso por la falta de confianza en el Estado, y cuando se generen recursos para que se sientan acompañadas lo hagan. Esto puede llevar a un incremento de denuncias de una violencia que ya estaba”.
En cuestiones de vulneración de derechos reproductivos, la pandemia impactó con más fuerza sobre los cuerpos gestantes y las identidades feminizadas dificultando el acceso a la ILE, los controles ginecológicos y la provisión de anticonceptivos. Esto tiene graves consecuencias en la salud: al menos 3 mujeres fallecieron por abortos clandestinos desde que comenzó el ASPO, a lo que se suma la posibilidad de derivar en violencia obstétrica y limitar la posibilidad de tener una sexualidad plena. El reciente informe “Los derechos no se aíslan”, realizado por Chicas Poderosas, reveló que la distribución de misoprostol por parte del Estado se multiplicó por ocho entre el 2019 y el 2020 y se repartieron 242% más de DIUs, pero hubo variación de -542% en cuanto a la distribución de preservativos. Desde la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva atribuyeron la merma a la insuficiente producción nacional, y a la demora de un lote de 40 millones de preservativos comprados al Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA). “Para mitigar esta situación, desde el Ministerio de Salud se han realizado una serie de comunicaciones y documentos para visibilizar y lograr que toda la sociedad reconozca a los servicios de salud sexual y reproductiva como servicios esenciales. Además se buscó manifestar la necesidad de que los profesionales de la salud no vulneren los derechos de les pacientes, se aconsejó que promuevan el uso de anticonceptivos de larga duración y se buscó sostener el acceso a la ILE en todos los servicios”, explicó a este medio Daniela Giacomazzo, coordinadora de expansión comunitaria de Fusa Asociación Civil.
Según la UNFPA, ya sea por falta de abastecimiento o por dificultades económicas, más de un millón de mujeres de entre 15 y 49 años podrían interrumpir el uso de anticonceptivos en la pandemia, lo que derivaría en que, una vez finalizada, el porcentaje de Necesidades Insatisfechas de Planificación Familiar retrocediera entre 20 y 30 años.
Respecto a la Educación Sexual Integral, desde Chicas Poderosas aseguraron que entre abril y junio solo 273 escuelas -sobre un total de 1.668 que se encuentran bajo el plan ENIA- pudieron seguir realizando actividades de ESI de manera virtual. “La virtualidad muchas veces terminó siendo un obstáculo más para implementar la educación sexual integral como se debería. Desde FUSA acompañamos a diferentes instituciones para generar estrategias y promover el acceso tanto de los y las adolescentes a recibirla como de les docentes a tener recursos para poder impartirla. En ese sentido es fundamental ubicar a la ESI como uno de los derechos sexuales esenciales antes, durante y después de la pandemia. Hay algo que sí profundizó el aislamiento que tiene que ver con el impacto en la salud mental de les adolescentes y donde la ESI puede dar herramientas para promover el espacio de diálogo desde la afectividad. Además es una herramienta fundamental para detectar abusos sexuales intrafamiliares que se vieron acrecentados por la convivencia en cuarentena”.
Clara resalta que, en un escenario post-pandemia, las herramientas virtuales incorporadas pueden seguir funcionando para aquellas mujeres a las que les sea complicado salir de sus casas. Sin embargo, recalca que es fundamental la existencia de políticas públicas para que esta situación se revierta: “Las mujeres tenemos derecho a vivir una vida sin violencia y en Argentina esto aún no está garantizado. Necesitamos patrocinio jurídico gratuito para las mujeres, y los niños y niñas víctimas colaterales de femicidio, necesitamos que se garantice el subsidio económico para las víctimas de violencia de género. Sin recursos económicos es imposible salir de estas situaciones. Es necesario garantizar el cumplimiento efectivo de los programas propuestos, de las leyes y que se ejecute el presupuesto adecuado. También el apoyo terapéutico es central en el camino del empoderamiento”.
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