Advierten por otro posible desalojo «a lo Guernica» en Escobar

El martes 3 de noviembre está dictaminado el desalojo de unas 300 personas que viven en terrenos de un barrio periférico en Belén de Escobar. Las organizaciones que acompañan la problemática habitacional apuestan a una mediación del Estado provincial y municipal para que "ninguna familia se quede en la calle".

Luego del violento desalojo de la toma de Guernica, los conflictos habitacionales siguen recrudeciendo a lo largo y ancho del conurbano bonaerense a partir de distintas situaciones que develan la gravedad de la falta de acceso a la vivienda en nuestro país. En el barrio Stone, ubicado sobre la periferia de Belén de Escobar, 60 familias construyeron sus casas en terrenos baldíos hace más de un año pero ahora la Justicia dictaminó el desalojo para este martes 3 de noviembre, en una maniobra que fue acusada de esconder intereses inmobiliarios. Las organizaciones sociales que acompañan a los vecinos y vecinas -unas 300 personas esparcidas en un predio menor a cinco hectáreas- apuestan a una mesa de diálogo entre las partes con la mediación del Estado provincial y municipal «para encontrar una alternativa que garantice que ninguna familia se quede en la calle».

A diferencia de Guernica, la gran mayoría de las construcciones del predio están realizadas con ladrillos y techos de losa. El primer intento de desalojo había sido decretado para el 30 de marzo pasado, pero éste fue suspendido por la pandemia. Sin embargo, de acuerdo con los vecinos, apenas fueron censadas 14 familias -de las 60 en total- y se estaría violando el Decreto 320 y los subsiguientes que impiden los desalojos durante la crisis sanitaria. En los últimos días lograron visibilizar en mayor medida el conflicto a partir de cortes de calle frente a la Municipalidad de Escobar y de un piquete en la Panamericana, lo cual les permitió conseguir una mesa de trabajo entre las partes que tendrá su primera reunión este lunes por la tarde.

«Esperamos que la respuesta de las autoridades provinciales sea habitacional. Eso significa tierra para los vecinos y vecinas. Somos conscientes que la crisis habitacional es estructural, tiene que ver con un modelo de país basado en la concentración de los recursos y de la tierra. Este es el resultado de un modelo que en ningún momento se logró trastocar del todo», explicó a El Grito del Sur Nahuel Rey, integrante del MTE Escobar y una de las personas más cercanas a las familias. Desde esta organización vienen planteando con énfasis las consignas de urbanización de los 4400 barrios populares de todo el país y la reforma agraria integral.

Detrás del intento de desalojo existen intereses inmobiliarios vinculados a Nueva Maschwitz SRL, desarrolladora ligada al senador provincial Roberto Costa y al excandidato a intendente Leandro Costa (ambos integrantes de Juntos por el Cambio). Sin embargo, esta sociedad no figura en los papeles de las tierras por lo que «la situación es sumamente irregular». «En la mayoría de los casos, los vecinos compraron de buena fe a gente que les prometió la sucesión de derechos y la escritura. Fue una estafa. Eso fue con la complicidad de la empresa y de la inmobiliaria, que ha hecho negociados muy parecidos en el Municipio bajo la misma lógica», señaló Nahuel Rey.

La pelota quedó ahora por el lado del Juzgado de Garantías Nº 3 de Escobar, con la intervención del juez Luciano Marino, cuyo prontuario ha sido el de colocarse a favor de los intereses inmobiliarios. No obstante, las familias que habitan los terrenos apuestan a la intervención del Estado provincial y municipal, la Secretaría de Integración Sociourbana y el Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) para aplazar el desalojo previsto para la jornada de mañana.

 

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