Durante los más de siete meses que duró la cuarentena obligatoria se talaron 48.656 hectáreas de bosques nativos sólo en el norte del país, el equivalente a dos veces y media la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. El dato, alarmante, fue difundido por la organización ambientalista Greenpeace, que desde hace más de una década monitorea el avance del desmonte propiciado por el agronegocio. Para el director de Bosques de esa ONG, Hernán Giardini, los empresarios y terratenientes aprovecharon el ASPO para talar sin control, con la venia de las autoridades de las principales provincias afectadas, entre las que pica en punta Santiago del Estero, seguida por Salta, Formosa y Chaco, en ese orden. “Es completamente inadmisible que, frente a la emergencia sanitaria, climática y de biodiversidad que estamos sufriendo, se siga deforestando», denunció Giardini.
Del total de 48.656 hectáreas de bosques perdidas, 19.673 corresponden a Santiago del Estero, otras 12.863 a Salta, 10.011 a Formosa y 6.109 a Chaco. «Los gobiernos no pueden seguir siendo cómplices de este ecocidio y deben ponerle un freno a la ambición destructiva de algunos empresarios agropecuarios”, denunció el referente de Greenpeace. El relevamiento se realizó entre el 15 de marzo y el 31 de octubre, y da un promedio de 200 hectáreas desmontadas por día.
Esas cuatro provincias, explica el informe, encabezan el ranking nefasto de los desmontes en el país, concentrando el 80 por ciento del total. La Argentina ya perdió unas 8 millones de hectáreas en los últimos 30 años, a caballo «del avance de la frontera agropecuaria (ganadería y soja), los incendios forestales y los desarrollos inmobiliarios», según formula la conocida organización ambientalista.
«Estamos en una emergencia climática, sanitaria y de biodiversidad. Más desmonte significa más cambio climático, más inundaciones, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, más desaparición de especies en peligro de extinción y más enfermedades», alertaron. «Las multas no son suficientes para desalentar incendios intencionales y desmontes ilegales y, a su vez, los responsables rara vez son obligados a reforestar. En muchos casos resulta evidente la complicidad de los funcionarios».
Greenpeace es una de las organizaciones que más presión ejerce para la sanción de la prometida Ley de Humedales que frenaría el proceso de quema de tierras. En un comunicado reciente, señaló a la Sociedad Rural como una de las corporaciones que impulsa su cajoneo. «Mientras nuestro país sufre incendios sin cesar, la Sociedad Rural Argentina está presionando para que no se sancione la Ley de Humedales ni se penalicen los incendios y desmontes. Su presidente, Daniel Pelegrina, declaró en público que al sector agropecuario le preocupa que avancen en el Congreso proyectos para proteger humedales y bosques. En lo que va del año ya se quemaron casi 900.000 hectáreas», afirmó la entidad ambientalista.
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