El amor y la muerte son, tal vez, los tópicos sobre los que más se ha escrito, pintado y cantado. Sin embargo, si bien la muerte es un tema del que casi nunca se habla abiertamente, de alguna manera u otra sobrevuela todas las conversaciones como un susurro. El pasado 17 de octubre, Nueva Zelanda se acercó un poco más a romper ese tabú al convertirse en el primer país en aprobar la eutanasia, o “ley de elección del fin de la vida” a través a un referéndum vinculante. La decisión fue tomada durante las mismas elecciones generales en las que el pueblo neozelandés rechazó la legalización de la marihuana para consumo personal y volvió a elegir a Jacinda Ardern como primera ministra, quien ya se había pronunciado a favor de ambas causas.
Si bien los resultados finales se conocerán el 6 de noviembre, la diferencia es tan grande que se puede dar por sentado el pronóstico: el 65,2% de los votantes ya dejaron en claro que están a favor de la propuesta que entrará en vigencia a partir de noviembre del 2021. El procedimiento en cuestión podrá ser aplicado a personas que tengan una esperanza de vida menor a los 6 meses y padezcan una enfermedad que les provoque dolores agudos. A su vez, para realizarlo será necesario que el paciente haya dado su consentimiento en pleno uso de sus facultades y la intervención se realizará a través de la inyección de una droga administrada por un profesional, que previamente deberá consultar a otro médico independiente.
Alrededor del mundo existen varios países que ya tienen legalizada la eutanasia o el suicidio asistido que, vale aclarar, se trata de dos procedimientos diferentes: mientras la eutanasia es realizada por un médico en el hospital, el suicidio asistido se basa en proveer a la persona que está padeciendo la enfermedad de los medios suficientes para que pueda finalizar su vida por sí mismo. Dentro de la eutanasia se contempla la modalidad activa, en la cual se suministran los medicamentos para inducir la muerte, y la pasiva, cuando se dejan de proveer los insumos necesarios para mantener la vida.
Holanda fue el primer país en legalizar la eutanasia en el año 2002. Según la ley, la misma puede ser requerida por cualquier ciudadano mayor de 16 años que ya no esté en condiciones de expresar su voluntad pero que lo haya hecho anteriormente. En caso de pacientes de 12 a 16 años, ésta debe ser autorizada por sus padres. Bélgica y Luxemburgo tienen normativas similares y en Alemania, este 26 de febrero, la Corte Constitucional Federal sentenció que la prohibición de los servicios de suicidio asistido violaba la Ley Fundamental.
En Suiza, aunque la eutanasia está prohibida, el suicido asistido no está penalizado, lo que provoca que muchos extranjeros viajen a terminar con su vida en dicho país. En ese sentido, el suicidio asistido tomó un peso tal que ya existen asociaciones como Dignitas, que desde 1998 se dedica a acompañar estos procedimientos. Respecto a nuestro continente, en Canadá y algunos estados de EE.UU. se permiten estas prácticas y Colombia es el único país de Latinoamérica donde la eutanasia está habilitada.
Según el informe de las Comisiones Regionales de Verificación de la Eutanasia, en el 2018 -del total de personas fallecidas en Países Bajos- el 4% fueron por eutanasia. De éstas, el 96,2% fue por pedido del paciente, el 3,4% por suicidio asistido y el 0,3% por una combinación de ambas. De éstos, el mayor porcentaje tenía entre 70 y 80 y el menor por debajo de 30 años.
En Argentina, ambas prácticas están penalizadas y se tipifican como delitos. Según Maria Susana Ciruzzi, abogada especialista en Derecho Penal y magister en Bioética, la falta de información sobre el tema tiene que ver con que las urgencias sociales de los países de la región se imponen frente a la idea de pensar regulaciones para la eutanasia. Además, la especialista aclara que previo a legislar la práctica en nuestro país será necesario dar un debate tanto académico transdisciplinario como social: “Una cosa es la despenalización y otra la legalización. Uno puede pensar que las conductas relativas al derecho a la muerte deben estar fuera del derecho penal o pensar en dar un paso más y legalizar, pero antes que nada hay que arreglar miles de cuestiones previas”.
Respecto a las posturas dentro de la bioética, Ciruzzi explica que “existen argumentos a favor y en contra. Los primeros rondan en torno a la autonomía de las personas y los segundos tienen que ver con que parte de la comunidad médica entiende que ha sido formada para salvar vidas y no para quitarlas”. Además, aclara que cierta reticencia tiene que ver con lo que se llama ‘pendiente resbaladiza’, es decir, la presunción de que sea más factible que las poblaciones más vulnerables puedan ser víctimas de la eutanasia, no tanto por motivo de la autonomía sino por ‘descarte social’, como pudiera suceder con las personas con discapacidad. A estos debates se suman las deficiencias de los servicios de salud argentinos que limitan la posibilidad de decidir sobre la propia muerte. “Vos no podés hablar del buen morir si no tenés garantizados los cuidados paliativos. En nuestro país, en medio de la pandemia, incluso se puso en duda el derecho de morir acompañado. ¿Cómo podemos discutir un buen vivir si en pandemia no podemos garantizar que la gente no muera sola?”, agrega Ciruzzi.
Vera Bail es doctora en psicología especializada en salud y enfermedades crónicas. Respecto a la decisión de los pacientes de elegir terminar con su vida, explica: “En personas que saben que tienen una enfermedad irreversible, a veces aparecen fantasías de suicidio. Pero tanto estas ideas, como los intentos o los suicidios en sí, tienen una lectura completamente diferente de quien está sano físicamente y se mata. En las enfermedades progresivas cada vez que vas perdiendo capacidades alguien tiene que hacerse cargo de vos: si estás consciente es terrible y sufrís bastante», explica Bail. «Incluso si hay un deterioro cognitivo, ¿no te deberían dar la posibilidad de decidir antes qué es lo que querés? Vos tenés que poder decidir qué tratamiento querés dentro de las opciones que te dan porque tienen la obligación de hacerlo». En relación a la reacción del entorno, la psicóloga agrega: “A las familias les cuesta más que a la persona que toma la decisión. A veces lo que hacen es no decirle la realidad al paciente para no preocuparlo, pero al final lo único que logran es que el enfermo no confíe en sus cuidadores”.
Al igual que en lo que respecta a la legalización del aborto o los consumos personales de sustancias, la legalización de la eutanasia permite que se regule, se normalice y se quiten los posibles perjuicios que esta práctica puede generar. En ese sentido, Susana Ciruzzi explica que varios estudios han demostrado que, en aquellos países donde está legalizada la eutanasia, gran parte de quienes piden la asistencia para la muerte no la llevan a cabo: “El solo hecho de saber que puede tomar la decisión ya tranquiliza al paciente, más allá de que no la vaya a tomar. Está visto que la prohibición de conductas autorreferentes que no dañan a un tercero, lo único que hace es agravar la situación, por eso desde el derecho penal se habla del principio de la mínima intervención”, sentencia Ciruzzi.
