«Aclaramos que el sistema va a seguir siendo gratuito, y así lo decidimos porque para nosotros cada vecino de la Ciudad que logramos que use la bicicleta como medio de transporte es una mejora enorme», decía el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, durante el lanzamiento de la nueva concesión de EcoBicis, en febrero de 2019. Menos de dos años duraron sus promesas, porque hoy la Legislatura porteña votará la modificación del artículo que garantizaba su gratuidad y el servicio pasará a ser pago: los fines de semana y feriados para los residentes de la Ciudad y todos los días para los no residentes.
Vale la pena historizar brevemente el derrotero del servicio de bicis públicas en la Ciudad de Buenos Aires. En marzo de 2018, el GCBA aprobó la concesión por 10 años del sistema a la empresa Tembici, señalando que la prestación debía ser gratuita. Un año después, Larreta inauguraba el sistema pero las irregularidades no tardarían en llegar: en enero de 2020 el concesionario retiró 20 estaciones de la zona sur, sin mayores avisos y argumentando que los vecinos «vandalizaban» las estaciones.
A mediados de marzo, con pandemia y aislamiento mediante, el sistema quedó suspendido. Apenas dos meses después, entre gallos y medianoches, la Secretaría de Transporte y Obras Públicas publicó una resolución donde se reducían a la mitad la cantidad de estaciones y bicis. El servicio, orientado a contar con 400 postas y 4000 rodados, se vio reducido un 50%, al mismo tiempo que se acortaba a la mitad la capacidad de uso de las bicis: de 1 hora a 30 minutos. Y para peor: la resolución permitía a la concesionaria aplicar multas cuando los usuarios se excedieran del tiempo permitido.
Cabe destacar que el monto percibido por la empresa Tembici no es menor: la concesión se estableció por un valor de $470.000.500, una cifra que se aproxima a los 4 millones de pesos mensuales. Además, la empresa incumple con la prestación de rodados: la cuenta de Twitter @EcobiciB sigue en tiempo real la cantidad de bicicletas operativas y el número de vehículos disponibles suele ubicarse por debajo de las 1100, casi la mitad de la cantidad de unidades que la empresa se comprometió a disponer. Por su parte, tras un pedido de informes presentado por el legislador Juan Manuel Valdés (Frente de Todos), el GCBA aclaró que -pese a conocer las falencias en la prestación- se había comprometido a no multar a la empresa durante el período inicial de la concesión para poder evaluar mejor el funcionamiento del servicio, una decisión cuanto menos polémica.
«En un contexto donde todas las ciudades del mundo incentivan el uso de la bicicleta por ser el único transporte seguro para evitar contagios durante la pandemia, la Ciudad empieza con una política de arancelamiento y retiro de estaciones. Nos parece un desacierto completo y un contrasentido en el momento que vivimos», explicó Valdés en diálogo con El Grito del Sur.
Otro punto que resulta interesante abordar son las contradicciones en el oficialismo: en la sesión del 28 de marzo de 2018, cuando se debatió el tema en el recinto porteño, tanto Roy Cortina (Partido Socialista) como Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) enfatizaron en el carácter gratuito que tendría el sistema. Ahora, y aunque aún no se han definido públicamente, se especula con que ambos bloques aliados del oficialismo porteño acompañen con su voto el arancelamiento del servicio de bicicletas públicas.
En la ciudad donde todo lo que puede ser privatizado se privatiza, las bicicletas públicas comienzan hoy también su propio derrotero arancelado.
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