El Gobierno publicó esta mañana en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Alberto Fernández, las nuevas regulaciones a la ley de cannabis medicinal que autorizan el autocultivo y el expendio de aceites y derivados en farmacias autorizadas. La noticia fue recibida con entusiasmo por las asociaciones de cultivadores medicinales, que desde la promulgación de la ley reclamaban la regularización de las normativas burocráticas que impedían el libre cultivo del cannabis para fines terapéuticos, paliativos y de investigación.
Epilepsia refractaria, Parkinson, esclerosis múltiple, artritis reumatoidea, artrosis, autismo, fibromialgia, lupus, enfermedades inflamatorias intestinales. Son muchísimas las afecciones que podrían utilizar el cannabis como tratamiento terapéutico para paliar dolores. A partir de esta nueva reglamentación se abre la posibilidad de que pacientes, asociaciones y universidades puedan desarrollar cultivos de esta milenaria planta con fines médicos y de investigación.
El decreto señala además un punto álgido en la discusión: la dificultad de acceder al aceite de cannabis por su elevado costo en el mercado informal o el riesgo que implicaba su producción casera para las familias que lo necesitaban y se veían empujadas a una situación de ilegalidad. «El acceso al aceite de Cannabis y sus derivados es restrictivo, porque solo pueden acceder a su uso quienes se incorporen a protocolos de investigación en epilepsia refractaria, y económicamente excluyente, atento el alto costo que implica su importación», explica el decreto.
Éste no es un tema menor: actualmente, por cultivar marihuana, las condenas tienen una pena de un mes a dos años de prisión. Además, la criminalización es uno de los argumentos principales de la llamada «guerra contra las drogas», estrategia punitivista cuya evidencia demuestra haber fallado en todo el mundo y que solo abona a la persecución de usuarios y la criminalización de miles de personas al año por autocultivo o tenencia simple.
Asimismo, esta tarde la Legislatura porteña discutirá una ley de adhesión a la legislación nacional que incluye varios de estos hitos y además crea un registro de cultivadores y un ente orientado a la capacitación de usuarios. La propuesta es una síntesis de los proyectos de Leandro Halperín (UCR) y María Rosa Muiños (Frente de Todos), y brinda un marco local de regulación necesario para llevar adelante la práctica del autocultivo con fines médicos.
Sin embargo, no es todo festejo porque la ley no regula el uso de cannabis recreativo ni lo legaliza del todo, tal como lo ha hecho Uruguay, pero supone un nuevo paso en la avanzada de derechos de los usuarios y en la difícil lucha de entender y abordar al cannabis desde la salud pública y no desde la seguridad.
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