Busca ser aprobada el próximo martes en la Cámara de Diputados

Ley Yolanda: un paso necesario para una Argentina con conciencia ambiental

El Congreso debate la sanción de una ley de capacitación obligatoria en materia ambiental para funcionarios de los tres poderes del Estado. Jóvenes por el Clima nos cuenta la importancia de impulsar este tipo de iniciativas.

En un contexto de crisis ecológica, la ley de capacitación obligatoria en materia ambiental para funcionarios de los tres poderes del Estado está cerca de su sanción definitiva. Fue aprobada en el Senado y en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados, y el próximo martes 17 obtendría dictamen favorable.

El nombre de esta ley es en homenaje a Yolanda Ortiz, quien fuera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano durante la presidencia de Juan Domingo Perón en 1973, convirtiéndose así en la primera mujer en Latinoamérica en ejercer ese cargo y una de las primeras en el mundo. Doctora en Ciencias Químicas y pionera de las causas ambientales, señalaba que “la educación es el mayor valor estratégico para el desarrollo sustentable”.

En el año de la pandemia mundial por un virus de origen zoonótico y de los incendios intencionales en toda la región latinoamericana, esta ley busca concientizar sobre el cambio climático y sus implicancias, con lo cual resulta fundamental. En este sentido, en su artículo primero establece que su objetivo consiste en “garantizar la formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático para todas las personas que se desempeñen en la función pública”.

Durante la cuarentena, nuestro país sufrió la pérdida de más de un millón de hectáreas, arrasadas por miles de focos intencionales. Los fuegos destruyeron valiosos ecosistemas y sometieron a 15 provincias bajo las llamas, y la ciudad de Rosario estuvo varias semanas cubierta de humo por la quema de los humedales en el Delta del Paraná. Estos incendios quedarán en su mayoría totalmente impunes, exponiendo nuevamente la falta de una perspectiva ambiental en la Justicia argentina. De esta manera, resulta importante mencionar que el artículo 5° de la Ley Yolanda establece que, dentro de los lineamientos generales de las capacitaciones a funcionarios públicos, deberá contemplarse información referida a “la protección de la biodiversidad y los ecosistemas”.

Decimos que la degradación de nuestros territorios es intencional porque responde a un modelo extractivo. La expansión de la frontera agropecuaria sin límites y el avance de la industria inmobiliaria son responsables de la pérdida irreparable de nuestros suelos, ya que priorizan los intereses económicos por encima del “derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado” como lo establece el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional.

Para poner un límite a las prácticas extractivas, la clase política argentina debe tomar conciencia de la crisis ecológica y sistémica a la que nos enfrentamos. La problemática ambiental debe formar parte de la agenda gubernamental, no puede seguir ocupando un lugar secundario en las políticas de gobierno. Un claro ejemplo de esto es la falta de protección a los humedales, que a pesar de los reiterados intentos por parte de distintos movimientos socioambientales no cuentan con una ley que los regule y proteja.

En los años 2013 y 2016 se presentaron proyectos de ley de Humedales, que obtuvieron media sanción pero luego no fueron aprobados en la Cámara de Diputados de la Nación. En lo que va del año, son 15 los proyectos de protección de humedales que tienen estado parlamentario en las cámaras legislativas nacionales. Lamentablemente, el poder de las corporaciones agropecuarias e inmobiliarias ejerce presión sobre nuestros representantes políticos.

La participación activa de la ciudadanía es fundamental para la configuración de las temáticas que serán abordadas en las capacitaciones obligatorias a los funcionarios públicos. Una muestra irrefutable de esto fue lo acontecido el pasado 22 de diciembre, cuando el pueblo mendocino se opuso a través de una manifestación histórica a la modificación de la ley 7.722. Esta norma, sancionada en 2007, regula la actividad minera prohibiendo el uso de sustancias químicas tóxicas en la minería metalífera en la provincia de Mendoza.

Más de 50.000 personas se concentraron frente a casa de gobierno y legislatura provincial, demostrando al gobernador y legisladores que el agua de Mendoza no se negocia ni se vende. A pesar de las balas, los gases lacrimógenos y la represión ejercida por el gobernador, el pueblo mendocino resistió y no desistió hasta que se vetó la modificación de la ley. Resulta importante destacar que quienes estaban a favor de dicha reforma provenían del sector gubernamental y empresarial. Esta lección de la ciudadanía hacia los políticos y funcionarios, demuestra la nula perspectiva ambiental que tiene la clase política de nuestro país. Y, además, esta experiencia resalta la importancia de educar a quienes ocupan estos lugares de representación y toma de decisiones.

Otro elemento importante para hacer referencia a la importancia en la participación e inclusión de los movimientos socioambientales en la toma de decisiones, es el potencial acuerdo porcino del gobierno nacional con China. Argentina está muy cerca de convertirse en una mega factoría de cerdos para la producción de carne del gigante asiático. Esta iniciativa nunca contempló el impacto socio-ambiental que generará la producción en nuestro territorio, por tal motivo es que resulta primordial generar conciencia en los funcionarios públicos que continúan optando por un sistema productivo altamente contaminante, que afecta la salud de todo un país. La presión ejercida por diferentes colectivos socioambientales, que alzaron su voz en contra del acuerdo, ha postergado su firma.

En el marco internacional, esta falta de conciencia ecológica también puede verse reflejada en algunos de los principales líderes globales, como Donald Trump y Jair Bolsonaro, dos de los principales negacionistas de la crisis climática. Por este motivo es que las elecciones de los Estados Unidos han sido determinantes para la proyección de verdaderas políticas de mitigación contra el cambio climático. Un nuevo triunfo de Trump hubiera significado una verdadera imposibilidad de diálogo y acción de la comunidad global contra el calentamiento de la tierra y la crisis ecológica. Resulta oportuno recordar que Estados Unidos, el principal emisor de gases de efecto invernadero, renunció al Acuerdo de París.

La victoria de Joe Biden, si bien no propone un cambio estructural y sistémico, anuncia una mirada amplia y transversal sobre la cuestión ecológica. En su plan de gobierno promete fusionar el cambio climático con la recuperación económica por el COVID-19 para la creación de empleos verdes. Apuesta a una gran inversión en energías renovables, abandonando los subsidios a los combustibles fósiles, promover el transporte eléctrico, ser carbono neutral para 2050 y, lo más importante, reincorporar a Estados Unidos al Acuerdo de París.

En este contexto internacional, surge una verdadera oportunidad para nuestros representantes de edificar políticas que tengan la verdadera intencionalidad de preservar nuestros bienes comunes y el bienestar de nuestros territorios. La capacitación en material ambiental puede ser una herramienta fundamental para poner un freno a la política extractiva que destruye nuestro ambiente, enferma a las comunidades y empobrece a los pueblos.

Por tal motivo es que esta ley, que busca promover la educación ambiental en nuestros representantes políticos nacionales, sería un avance excepcional en materia socio-ambiental. La política necesita renovarse y empezar a actuar en base a las demandas sociales, priorizando los reclamos que se escuchan en las calles, y en las comunidades originarias.

Nuestros representantes políticos deben dar comienzo a un nuevo paradigma que permita priorizar el desarrollo sustentable para garantizar que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de generaciones futuras. Sin embargo, el sistema productivo actual y dominante está comprometiendo la vida de las generaciones presentes; por lo tanto, una capacitación integral y obligatoria en ambiente para todos los funcionarios y agentes públicos es un primer paso necesario en la búsqueda de otros modelos de desarrollo posibles.

 

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