El presidente Alberto Fernández confirmó que enviará al Congreso de la Nación el proyecto de ley del llamado “Plan de los 1000 días” al mismo tiempo que el de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. El Plan, que el mandatario ya había anunciado en la apertura de sesiones en marzo de este año, tiene como objetivo acompañar a aquellas personas gestantes que decidan llevar adelante su embarazo.
“Este proyecto establece una nueva Asignación por Cuidado de Salud Integral, que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo a pagarse una vez por año para ayudar al cuidado de cada niño o niña de menos de tres años —explicó el presidente en el anuncio que hizo a través de su cuenta de Twitter—. También se extiende el pago de la Asignación Universal por Embarazo”.
“El Plan es muy bueno, objetivamente hablando, pero nos parece contradictorio que se mande al mismo tiempo que aborto. Se hace una utilización política de esto para captar votos (para las elecciones legislativas de 2021). No nos parece bien que se utilice para captar indecisos”, dijo a El Grito del Sur Camila Duro, vocera de Unidad Provida.
La decisión de enviar ambos proyectos en simultáneo ya había sido ratificada la semana anterior por la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra. «El proyecto de interrupción voluntaria del embarazo se va a enviar junto con el proyecto de los llamados ‘mil días’, un proyecto de atención y acompañamiento de la maternidad y de los primeros 3 años de vida del recién nacido. Tenemos vocación de incorporar estos proyectos en la agenda de las sesiones extraordinarias», afirmó la funcionaria.
Qué dice el proyecto
Según el texto del proyecto, el programa está destinado a personas embarazadas y a sus hijes hasta que estos cumplan los tres años de edad. Las asignaciones previstas por el “Plan de los 1000 Días” son la de Embarazo para protección social que se puede recibir de forma mensual desde la semana 12 de gestación hasta que finalice el embarazo y la de Cuidado de Salud Integral que “consistirá en el pago de una suma de dinero que se abonará UNA (1) vez al año” siempre que se presente el carnet de vacunación y el control sanitario completos y al día.
“(El proyecto) sostiene una mirada paternalista que se aleja de las necesidades reales de las mujeres en los barrios y que la verdad, ni los legisladores lo tienen en la agenda, es como un cebo para tratar de convencer indecisos. Ni de un lado ni del otro están presionando para que esto salga, es una pantalla de humo”, opinó Duro.
Asimismo, el proyecto establece que se cree en el ámbito del Registro Nacional de las Personas (Renaper) el Sistema de Alerta Temprana de Nacimientos para, de forma digital, facilitar el inicio del trámite de los documentos de identidad de les niñes, protegiendo así el derecho a la identidad.
El Plan también contempla la provisión de vacunas, leche, medicamentos esenciales y alimentos, así como el acompañamiento médico del embarazo y los primeros años de vida. Tiene, además, artículos específicos para acompañar, brindar información y orientar a personas gestantes que tengan trombofilia o que sufran violencia de género.
En el caso de los embarazos de menores de 15 años, el proyecto indica que se debe “asegurar protocolos para la atención especializada y específica” y garantizar “una atención oportuna del servicio de salud para la detección de un posible abuso sexual con todos los resguardos necesarios para preservar su privacidad y la confidencialidad y respetar la autonomía progresiva según lo establece el Código Civil y Comercial de la Nación, evitando su revictimización”.
“Mis primeros 1000 días en San Juan”
El “Plan de los 1000 días” está basado en un esquema que rige en la provincia de San Juan desde 2016 -implementado mediante la Ley 1606-S- que se llama “Mis primeros 1000 días” y acompaña a las personas gestantes desde el embarazo hasta los dos años del niñe. La iniciativa comprende cuatro instancias: desde la detección del embarazo hasta el parto; los primeros seis meses con foco en la lactancia; desde la incorporación de las primeras papillas hasta el primer año y hasta los dos años.
“Mis primeros 1000 días” está dirigido a las personas gestantes sin cobertura social en cualquier momento del embarazo y con bebés de entre 0 y 24 meses. El plan es integral y apunta a promover la salud, la educación, el deporte y la inclusión en gestantes y niñes.
Pero Duro, por su parte, señaló que “es una política pública que se podría hacer con voluntad política” y que no sería necesario presentar un proyecto de ley en el Congreso porque “no es una política en la que haya erogación de dinero”. “Si Desarrollo Social quisiera implementarlo, puede hacerlo mediante una reasignación presupuestaria, no es que no hay un marco legal vigente para llevarlo adelante”, argumentó.
«Que se respete la decisión»
A principios de noviembre, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa,se reunió con integrantes de la Campaña por el Aborto Legal y de organizaciones antiderechos, respectivamente. “Hay muchísimas prioridades de salud por las que mantener a la sociedad unida y el aborto no es una de ellas. Van a provocar a millones de personas de todo el país a movilizarse”, expresa un comunicado que Unidad Provida emitió después del encuentro.
“Es irresponsable que el Gobierno empuje a gente a la calle por este tema cuando recién ahora baja la curva (de casos de coronavirus) -sostuvo Duro-. Muchas personas que en 2018 estaban de acuerdo no ven que hoy estén las condiciones sociales ni sanitarias para esto. Creo que es una cuestión de conveniencia y oportunidad”.
Duro, además, citó los datos que da una encuesta de la consultora Opinaia -publicada en el diario La Nación- que indicaría que “el número de los que están en contra creció cinco puntos porcentuales desde febrero (44%) y 17 puntos si se compara con el rechazo que generaba la legalización en marzo de 2018” y que el porcentaje de personas a favor de la ley “cayó del 42% en 2018 al 35%” en el mismo período.
La vocera de Unidad Provida opinó que es contradictorio que el Ejecutivo mande los proyectos de aborto y los 1000 días al mismo tiempo. “Se pasa de tener un estado de protección total a una desprotección casi total. Si los mil días se cuentan desde la gestación, mandando ambos proyectos hay una inconsistencia legal porque o sos una persona y el Estado te protege o (con el proyecto de aborto) sos descartable desde ese mismo momento. No sé cómo lo van a conciliar en materia legal”, señaló.
Integrantes de la Campaña, por su parte, se manifestaron a favor de la iniciativa. “(El Plan) es una ayuda para mujeres de sectores pobres que quieren maternar, adelante, no tenemos mucho más que decir que acordar -aclaró a este medio Julia Martino, integrante de la Campaña por el Aborto Legal-. Lo que nos interesa es que el Estado garantice la salud y la descriminalización de las mujeres y personas gestantes que deciden no maternar o continuar un embarazo o no continuar un embarazo. Que se respete la decisión”.
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