El viernes 20 de noviembre se presentó en la Legislatura de la provincia de Chubut un proyecto de rezonificación minera que habilita el desarrollo y la explotación de este sector en más del 70% del territorio de la provincia patagónica. Como era de prever, la propuesta generó un importante rechazo ciudadano y miles de personas se volcaron a las calles de Esquel para expresar su repudio a la medida impulsada por el gobernador Mariano Arcioni. Las protestas ambientalistas terminaron con represión y desde las comunidades ya advirtieron que volverán a salir a la calle en rechazo a esta iniciativa.
El Plan Estratégico para el Desarrollo Minero fue presentado por Arcioni y propone modificar el marco legal vigente en la Provincia que, desde 2003, prohíbe la explotación minera metalífera a cielo abierto en Chubut. Arcioni, quien en campaña se había opuesto a la megaminería, pegó un giro de 180 grados y colocó a Martín Cerdá, su exministro de Hidrocarburos, al frente del Consejo Federal de Minería (COFEMIN) a tiempo que comenzó a gestionar los permisos para que la minera canadiense Pan American Silver pueda explotar y bombear aguas del acuífero Sacanana, uno de los lugares que se vería más afectado por el proyecto megaminero.
«Es un momento complicadísimo porque el gobierno de Arcioni quiere imponernos la megaminería contra la voluntad popular», explica Corina Milán, docente e integrante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No A la Mina de Esquel, que forma parte de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut. «Arcioni hizo campaña levantando slogans ambientalistas y diciendo que iba a cuidar el agua y evitar la megaminería que quieren imponer desde Buenos Aires. Ahora sucede esto después de tres años muy complejos en la provincia de Chubut, donde vivimos un estado de empobrecimiento generalizado, con empleados estatales con una deuda salarial enorme, con todo el circuito económico afectado y con todos los recursos de la Provincia yendo al pago de deuda», señala Milán.
Los rechazos al proyecto megaminero exceden a las comunidades y han llegado a la voz de expertos, científicos y académicos. De hecho, en una carta pública, científicos de la la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco advirtieron sobre los riesgos de la propuesta: «La zonificación no afectaría sólo a la cuenca del acuífero Sacanana (el cual podría abastecer a 300.000 habitantes por 100 años según estudios preliminares), sino prácticamente a todas las cuencas hidrosociales de la región». Asimismo, la Unión de Asambleas Comunitarias de la Provincia llevó adelante la Segunda Iniciativa Popular contra la Megaminería, juntando más de 30.000 firmas en contexto de pandemia.
«Todos los partidos del gobierno provincial y nacional hicieron intentos de imponer la megaminéria, pero éste tiene la particularidad de que está muy bien orquestado por el gobierno de Arcioni con el apoyo del gobierno nacional», señala Milán. «Está gestado y coordinado a espaldas del pueblo. Si lo leés te preocupa aún más que con el anuncio. Se prevé la explotación en toda la zona central de la Provincia, en la meseta chubutense, y afectaría claramente a toda la cuenca hidrológica del Río Chubut y a cuencas subterráneas que le dan vida a la meseta y hoy están en peligro», agregan desde la asamblea de Esquel.
Con esta situación, la resistencia de los vecinos y las vecinas copó las calles en distintas ciudades de la Provincia y como respuesta hubo represión. La Policía detuvo a Guadalupe Harris y Lionel Delgado, dos asambleístas que se manifestaban en la Ruta 7, entre Rawson y Trelew. Volvían de la marcha, cuando un comisario sin identificación detuvo al grupo de pobladores de la meseta. Le cruzaron el coche y, sin identificarse, los detuvieron, los golpearon y los trasladaron a la comisaría, donde fueron agredidos. Los policías actuaron por «presunción», según aseguraron.
La situación es grave y se da en una provincia en crisis: Arcioni acaba de abonar los salarios de los estatales correspondientes a agosto y septiembre, un atraso considerable. El pago coincidió con el inicio de las protestas y, más que aplacarlas, se transformó en lema de algunos de las y los manifestantes: “No cambiamos salarios por megaminería”, se leía en los carteles. Los y las asambleístas insisten en que el proyecto de Arcioni permitiría la explotación minera en un 70% de la Provincia y, si bien se prevé la explotación en las zonas menos densamente pobladas, el Río Chubut -único cauce que atraviesa la Provincia de oeste a este- quedaría en el centro de la zonificación. Incluso hay preocupación porque se conoció que las extracciones más complejas serían en búsqueda de plata, plomo y uranio.
«Desde hace 18 años luchamos contra la imposición de la megaminería. Producto de esa lucha se comenzó una consulta popular, que en Esquel se ganó en 2003 con el 81%, y se aprobó la Ley 5.001, una de las primeras leyes antimineras del país», agrega Milán. «Nos van a dejar Chubut como un queso gruyere: quieren entrar en un lugar donde hay menos resistencia popular, como es la meseta, y dejan de lado la cordillera y las ciudades de la costa. Pero una vez que las mineras pisan el territorio, con el poder económico que tienen, en pocos meses las tenemos en todas partes», concluyó.
Más de 20 localidades ya han salido a las calles, con volúmenes históricos de convocatoria. En Esquel, donde viven aproximadamente 40 mil personas, unas 7 mil salieron a movilizarse contra la megaminería. Lo mismo sucedió en Río Pico, Trelew, Rawson e incluso Comodoro Rivadavia, cuna del extractivismo patagónico. Por ahora pareciera que Arcioni no cuenta con los votos necesarios para que la Legislatura apruebe el proyecto, pero el gobierno provincial no ha dado marcha atrás. Desde las organizaciones prometen que seguirán en las calles para evitar que Chubut se convierta en un queso gruyere.
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