Represión en el funeral de Diego: pase de facturas en el Gobierno y reproches a Rodríguez Larreta

"¿Qué podría salir peor?" se preguntaban anoche en el Gobierno, con la frustración de una jornada cuya organización estuvo en sus manos y falló. Hubo reproches al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y hacia dentro del propio gabinete.

A veces las profecías se cumplen, y quienes apostaron a que el velorio popular de Diego terminara mal, ganaron. Miles de personas que llegaron hasta Avenida de Mayo y 9 de Julio con su ilusión a cuestas tuvieron que volverse a su casa escapando de los gases lacrimógenos. En el Gobierno primaban anoche dos sensaciones que fueron confirmándose durante el día de hoy. La primera es que el jefe de la oposición, Horacio Rodríguez Larreta, jugó a fondo con sus fuerzas de Seguridad y le hizo pagar un costo político altísimo al Presidente. La segunda, y más importante, es que eso fue posible porque hubo funcionarios que no funcionaron, en el lugar y a la hora en que no se podían permitir fallar.

Cerca de uno de los ministros más importantes, que estuvo toda la jornada dentro de la Rosada, evaluaban en diálogo con El Grito del Sur que nada pudo salir peor, y percibían como “un papelón” lo que sucedió con el féretro. El pase de facturas interno va a ser para largo y dejará heridos: por eso fueron varios los que apagaron sus teléfonos a la prensa y dejaron de twittear cosas «lindas» sobre el Diego cuando la Policía de la Ciudad disparó los primeros balines, alrededor de las dos de la tarde. Hasta hubo discusiones y más de un reproche por lo bajo en torno a quién debía dar alguna explicación a la gente sobre lo que estaba pasando ante los ojos de todo el mundo.

Y como casi siempre, lo terminó haciendo el Presidente. “Si no lo organizábamos nosotros, la cosa podría haber sido peor”, dijo anoche, con bastante razón. Hoy insistió con que una despedida del 10 no podía venir sin desborde, porque así era él y así es su gente. Y repitió que la Ciudad fue la que desató una «represión desmedida».

Pero lo que quedó en evidencia es que hubo un desmanejo de la situación. El subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad, Luis Morales, había dicho ayer temprano que “la gente venía ordenada” hasta que “la Policía de la Ciudad comenzó a reprimir” sin orden de la Rosada. Más tarde, ya a la entrada la noche, el vicejefe de Gobierno Diego Santilli, responsable de esa fuerza, dijo que recibió la orden de “no dejar pasar a nadie más” porque a las 16 horas el funeral se terminaba y la gente ya no podía seguir pasando y pasando. “Y eso fue lo que hicimos”, dijo sobre la represión, y le agregó el discurso de siempre, que había “gente con palos, violenta”.

Las cosas claras: la represión tuvo el sello de identidad clásico de la Policía de la Ciudad, que no sólo suele dispersar a los manifestantes y listo, sino que utiliza el GAM (Grupo de Acción Motorizada) para literalmente “cazarlos” en redadas posteriores. Esto se vio por primera vez con claridad durante la represión de diciembre de 2017 por la reforma previsional. Los cuerpos represivos de la Ciudad se vienen multiplicando: en plena cuarentena se creó el DIR (Despliegue de Acción Rápida), un cuerpo de 700 agentes entrenados por el Comisario Mayor Mario Kisch, coordinador de los distintos grupos “especiales” de la fuerza, es decir, de los que pegan, con el objetivo de desalentar “posibles problemas sociales” (traducido, saqueos) que podría generar la pandemia.

Fotos: Nicolás Cardello

En la Rosada explicaban ayer que, si bien es cierto que la coordinación del operativo estuvo en manos de Nación, la jurisdicción sobre la 9 de Julio -donde se desató la violencia- era exclusiva de Santilli y Rodríguez Larreta. Desde la Ciudad respondían que las decisiones no las tomaron ellos. Una forma de pasarse la pelota mutuamente, en un día por demás futbolero.

Pero, en caso de que fuera cierto que la Rosada no dio la orden de reprimir, ¿por qué no dio la orden inmediata de dejar de hacerlo? La violencia duró más de una hora. ¿Qué pasó en el medio?

Algunos funcionarios, furiosos con el Jefe de Gobierno, le achacaban anoche alguna intencionalidad política en lo que pasó. Motivos para sospechar sobran, empezando por los 60 mil millones de pesos de coparticipación recortados a la Ciudad –justo, en materia de “Seguridad”– por el traspaso de la Federal.

Pero más allá de las conspiranoicas, reconocían que “le dejamos el camino allanado al Pelado para que haga lo que quiera”. Básicamente, la conclusión era que si había algún tipo de represión, la responsabilidad política la iba a cargar Nación, mas allá de qué fuerza disparara primero. “La Ciudad lo sabía y jugó con eso”, entendían.

 

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Matias Ferrari

Periodista, comunicador y militante social. Trabajó en Página/12 y colaboró en la investigación del libro "Macristocracia" publicado por Editorial Planeta.