«Nuestra problemática lleva ya cinco años sin resolverse y necesitamos cuanto antes volver a tener nuestra fuente de trabajo. Si bien el Gobierno nos recibió en varias oportunidades, tanto ministros de Nación como de Provincia, no obtuvimos ninguna solución concreta al corto plazo. Las necesidades son extremas, queremos volver a trabajar y tener nuestro propio ingreso». Del otro lado del teléfono suena la voz de Carlos Stasiuk, representante de los trabajadores despedidos de Cresta Roja.
Cresta Roja es un símbolo. La empresa avícola fue la primera que el macrismo eligió para reprimir y la que utilizó el expresidente para anunciar el veto a la ley anti-despidos allá por mayo de 2016. Los 2000 despidos en la planta faenadora de pollos, ubicada en el partido de Esteban Echeverría, implicaron que la empresa volviera a funcionar tras su quiebra pero con apenas un tercio del personal que tenía antes y fuertes rebajas salariales. Como en todo el mandato de Mauricio Macri, los números cerraron con la gente afuera y los afectados vieron pasar con incertidumbre el traspaso de manos de Cresta Roja -que en 2018 fue adquirida en forma irregular por Granja Tres Arroyos a través del Grupo WADE a cargo del empresario Joaquín de Grazia-. Éste último siguió despidiendo en tandas de 200 trabajadores.
Con la llegada del nuevo grupo empresario, los trabajadores sufrieron una estafa tras ser obligados a firmar una documentación como accionistas bajo la promesa de ganar con el aumento de la producción de pollos, lo cual nunca se cumplió. La situación de los 2 mil despedidos sigue siendo la misma, a pesar de que Tres Arroyos se posiciona como una de las líderes del mercado en venta de pollo. «Por denunciar todas estas irregularidades, recibimos nueve represiones del gobierno de Macri», explica a El Grito del Sur Carlos Stasiuk, referente de los laburantes. La propuesta colectiva es conformar una cooperativa con el objetivo de «garantizar los puestos de trabajo de los que están adentro y afuera de la empresa», pero también están abiertos a otras alternativas porque «lo que queremos es trabajar».
«Si bien la causa de Cresta Roja está judicializada, necesitamos que el Gobierno nos apoye para que pueda haber una resolución a favor de los trabajadores. Sabemos que los tiempos de la política no son los mismos que los de los trabajadores, pero -a un año de la asunción de Alberto Fernández- seguimos esperando un guiño. Somos uno más de los problemas que dejó Macri. Por la necesidad y hambre que están pasando los compañeros, el tema debería estar en agenda para lograrse una solución urgente», plantea Stasiuk.
El único ingreso que tienen una parte de los trabajadores despedidos es un subsidio de 12.500 pesos que otorga el Programa de Recuperación Productiva (REPRO), que hoy «no alcanza para nada». Además del apoyo del Gobierno nacional, los despedidos de Cresta Roja se amparan en que el nuevo propietario de la empresa «tiene una tenencia precaria porque sigue sin pagar su valor verdadero». «El primer operador tenía que poner 121 millones de dólares por la quiebra, pero no lo hicieron y financiaron esta deuda con la plata de los trabajadores», agregan.
«Sufrimos el modelo de ajuste y la reforma laboral. Somos todos gente grande, mayores de 40 años que no podemos volver a insertarnos en el mercado laboral. Hasta el 2015 teníamos una vida normal, lo cual nos fue arrebatado por el gobierno de Macri y Vidal. Nunca pensamos pasar lo que nos está ocurriendo en la actualidad. Es una situación muy delicada y la pandemia no nos dejó ni salir a hacer changas. Esperamos que el Gobierno tome cartas en el asunto lo más rápido posible», culmina Carlos Stasiuk.
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