“Buscaremos mecanismos que hagan que las tarifas sean pagables por los argentinos”. Alberto Fernández había adelantado en noviembre que no habría definiciones sobre las tarifas de gas y de electricidad hasta 2021 y además había admitido que el Gobierno busca implementar algún tipo de segmentación tarifaria. El Presidente ratificó la semana pasada por decreto que la definición del tema se extiende a marzo. Ahora resta saber si esos “mecanismos” lograrán cierto equilibrio entre la reactivación del consumo y las necesidades fiscales.
El DNU 1020/2020, publicado el jueves en el Boletín Oficial, prolonga por 90 días el congelamiento tarifario dispuesto para el AMBA por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, sancionada en diciembre de 2019. Además, faculta al Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) y al Ente Regulador del Gas (ENARGAS) para “la realización del proceso de renegociación de las respectivas revisiones tarifarias”.
La vicepresidenta Cristina Fernández dio el viernes la clave política que debería guiar dicho proceso. “Una tarea fundamental durante el año que viene será alinear salarios, jubilaciones, precios y tarifas. Aquí la actividad económica la mueve la demanda”, dijo CFK en un gran acto político de fin de año celebrado por el oficialismo en el Estadio Único “Diego Armando Maradona” de La Plata. Remarcó que el crecimiento económico del próximo año no se lo deben quedar “tres o cuatro vivos nada más”.
Argentina recibió de lleno el mazazo económico de la pandemia. El Ministerio de Economía proyectó en el presupuesto del año próximo que la caída del PBI en 2020 será de 13%. El panorama oficial para 2021 tampoco es muy alentador: la economía rebotará un 5.5%. ¿Una expectativa demasiado realista o demasiado negativa? Difícil anticipar los números macroeconómicos de un país con actividades que esperan por la vacuna para volver a pleno.
Frente al escenario de incertidumbre, la política de ingresos comenzó a ganar terreno en la discusión política. Una de sus aristas concierne de lleno a las tarifas de energía. Cuando se destina una porción grande de los ingresos mensuales a pagar por la energía, se reduce la demanda de otros bienes. Pero los patrones de consumo no son los mismos en todos los estratos sociales. El quid de la cuestión es entonces determinar la demanda de quiénes hay que estimular.
La intención del oficialismo es reveladora en ese punto: evalúa cualquier futuro incremento en los servicios de gas y de luz en función de los ingresos percibidos por los usuarios y no de su consumo final de energía. Por eso mismo es que el extinto IFE vuelve a cobrar relevancia pos mortem; la información generada a través de ese programa de asistencia sería cruzada con datos de ANSES para determinar quiénes perciben menos ingresos y, por tanto, necesitan menos o ningún aumento en sus tarifas.
En otras palabras, la capacidad de compra de los que menos ingresos tienen entra en el radar oficial. Dichos sectores destinan una mayor proporción de sus ingresos a la compra de bienes básicos, traccionando a la demanda y (de forma dispar) a la producción de las grandes empresas y Pymes. Los boletines de actividad metalúrgica de ADIMRA dan cuenta de que la cosa camina más que bien por ahí. El nivel de actividad metalúrgica registró en octubre una variación interanual positiva por segundo mes consecutivo. Las variaciones interanuales positivas en las cadenas de valor metalúrgicas relacionadas con alimentos y bebidas y bienes de consumo final son auspiciosas respecto del consumo futuro previsto.
La segmentación tarifaria sería la forma técnica de dañar lo menos posible a la recomposición de la demanda global de bienes. Sin embargo, la reactivación económica es solo una mitad del problema tarifario. La otra mitad concierne al peso de los subsidios en las cuentas fiscales, cuestión agravada por el congelamiento de tarifas.
La secuencia del problema es sencilla. Por el congelamiento, las empresas distribuidoras utilizan sus ingresos solo para enfrentar sus costos operativos y dejan de pagar por la energía. Las empresas generadoras de electricidad y productoras de gas no reciben los pagos correspondientes, pero dejarlas quebrar no es una opción (el país se quedaría sin energía). Es el Estado el que termina cubriendo esos pagos mediante los subsidios a la energía.
El presupuesto contempla subsidios para el año próximo por 7.380 millones de dólares, distribuidos en 4.848 millones para generación de energía eléctrica y 2.270 millones para producción de hidrocarburos. Los primeros serán destinados a CAMMESA para que pague a los generadores por la energía del 2021. Además, fueron reservados 100.000 millones de pesos para levantar las deudas remanentes de distribuidoras y cooperativas eléctricas con generadores.
En el marco de la renegociación de la deuda con el FMI, el Gobierno busca que los subsidios como proporción del PBI se mantengan constantes en 2021, sin variaciones. Pero eso implica que las tarifas en promedio acompañen a la inflación del año próximo. Muchos entienden que es preferible no actualizarlas demasiado para no aplicar más presión económica sobre las capas medias, que también han visto reducidos sus ingresos. Cabe destacar que estos sectores también mueven la demanda global de bienes y servicios.
El oficialismo no especuló públicamente con alguna cifra promedio de incrementos para 2021. ¿La política tarifaria caminará entre ambas posiciones o decantará en algún sentido? Es una pregunta a resolver en las próximas semanas.
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