Los trabajadores y las trabajadoras de LATAM, junto a los tercerizados y tercerizadas de GPS (Aerolíneas) y Securitas (LATAM), realizaron el lunes una manifestación sobre la autopista Ricchieri, a 300 metros del ingreso al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Como parte de la protesta cortaron todos los accesos desde las 8 hasta las 13 horas, por lo que fue imposible ingresar en auto o transporte público al único aeroparque habilitado en la región metropolitana, en medio de la pandemia de coronavirus. La medida había sido anticipada a través de un comunicado de prensa: “Mientras se abre el turismo y se reactiva la industria, las familias de LATAM siguen en la calle; no queremos una Navidad con las familias en la calle”.
El conflicto entre los trabajadores de LATAM y sus empleadores se inició a principios de la cuarentena, cuando LATAM Airlines anunció que cerraría “por tiempo indeterminado” su filial argentina. A partir de ahí presentó un procedimiento preventivo de crisis, y la empresa despidió a 1700 trabajadores y trabajadoras con indemnizaciones reducidas, algo que el Gobierno rechazó en su momento.
Martín Tomé es tripulante de cabina LATAM Argentina y delegado gremial por la Asociación Argentina de Aeronavegantes. “El conflicto lleva ya 9 meses, desde el comienzo de la pandemia que LATAM implementa una reducción arbitraria del salario. De abril a la fecha viene pagando el 50% del salario de forma totalmente ilegal y arbitraria, sin existir ninguna negociación sindical que así lo autorice», señala el delegado. «Por otro lado, LATAM viene intensificando un procedimiento de vaciamiento de su filial argentina, en donde fuimos más de 1700 personas con contratación directa y ese número se reduce ahora a 400 o 500 personas. A lo largo de la pandemia LATAM se deshizo de 1200 trabajadoras y trabajadores, a los cuales no despidió de manera directa, sino que lo que ofrece como única salida son los retiros voluntarios, que concebimos como despidos encubiertos”, agrega el delegado.
Frente a la situación extraordinaria de la pandemia, la industria aeronavegante fue gravemente afectada y muchas empresas quebraron o quedaron en una situación delicada. Sin embargo, en el caso de LATAM todos los gremios del sector aseguran que la empresa se aprovechó de dicha situación para comenzar un proceso de achicamiento. “Para eso llevó adelante una feroz y agresiva campaña de hostigamiento para todo su personal, llevada a cabo por sus mandos medios, la gerencia y los cargos jerárquicos», asegura Tomé. «Frente a la absoluta vulnerabilidad de todo su personal, principalmente en la primera etapa del aislamiento social y preventivo, el panorama que se nos presentaba era absolutamente sombrío y fue muchísima la gente que optó por el retiro casi como única salida y frente a la desesperación de este panorama incierto”, relata Tomé.
En agosto de este año, el secretario general de la Asociación de Personal Aeronáutico (APA), Edgardo Llano, denunció que “en plena pandemia, el holding que nuclea a las empresas donde está LATAM repartió utilidades por 57 millones de dólares”, algo que denota a una empresa que no se encuentra bajo situación de quiebra. Por eso los trabajadores y las trabajadoras sostienen que “es el vaciamiento progresivo de la filial, el incumplimiento del pago completo de salarios, y que, pese a que LATAM anunció en los medios que deja de operar en el país, la operación de la compañía continúa. Desde el 16 de octubre LATAM está sacando los vuelos con personal extranjero, los mismos que anteriormente cubríamos nosotros y nosotras. Reemplaza el trabajo local con tripulaciones de Chile, Brasil y Perú sacando los vuelos de Ezeiza”, señala Martin Tomé.
Para los diferentes gremios del sector, esta situación no es nueva. Ya antes de la pandemia, LATAM quería flexibilizar convenios y convertirse en una empresa de bajo costo y todo parece indicar que es el destino final de estas acciones, para despedir a la mayor cantidad de trabajadores y comenzar a volar nuevamente pero como una empresa de bajo costo. Esto es algo que la empresa viene haciendo en toda la región, como bien nos comenta el delegado Martin Tomé: “El vaciamiento no es algo propio de LATAM Argentina, es una empresa multinacional que cuenta con ocho filiales en toda la región y en las cuales ha llevado adelante el mismo plan con mayores y menores resistencias. Acá en la Argentina se lo adjudican a la «legislación robusta de este país, a la intransigencia del sindicalismo aeronáutico y la mala predisposición del personal”. La realidad es que en las otras LATAM de la región han despedido directamente a sectores por completo para tercerizar el área en su totalidad”.
Los trabajadores y trabajadoras piden “una mayor toma de decisiones por parte de los Ministerios de Transporte y de Trabajo sobre esta compañía que viene haciendo prácticamente lo que quiere, incumpliendo dictámenes ministeriales, que la obligan a completar el pago de salarios. La Sociedad Anónima no está disuelta, el certificado de explotador se encuentra simplemente suspendido, el permiso para explotar rutas todavía lo tiene vigente, pese a que se vence en tres días y veremos de qué manera se resuelve (anteriormente se otorgó una prórroga de 180 días)”, señalan.
Diciembre será un mes clave porque “sabemos que la operación aerocomercial se está reanudando, sabemos que Aerolíneas Argentinas, Jet Smart, FlyBondi, ya están operando desde el Aeropuerto de Ezeiza. Necesitamos respuestas por parte de los ministerios, para ejercer la presión suficiente y que LATAM tome la decisión, y si definitivamente deja de operar en Argentina, accione de la manera que tiene que ser, y seguiremos peleando por la continuidad laboral dentro del rubro aeronáutico a través de la reinserción”, según comenta Tomé.
Junto a los trabajadores y trabajadoras de LATAM y a los despedidos, se encontraban también en la acción sobre la autopista Ricchieri, los tercerizados y tercerizadas de GPS (Aerolíneas) y Securitas (LATAM), que también vienen sufriendo ataques sobre los puestos de trabajo y se encuentran con paritarias congeladas. «Notamos muchas problemáticas compartidas, como el pago incompleto del salario o la persecución sindical en las compañías GPS y Securitas», concluye Tomé.
“La revolución de los Aviones” o también llamada “política de cielo abierto”, que realizó el gobierno de Cambiemos y que hoy intentan mostrar como un acierto, sólo tuvo como fin buscar mayores niveles de precariedad laboral en las líneas aéreas. Algo que quedó en evidencia en las últimas semanas con el cierre del Aeropuerto El Palomar, en donde operaban las compañías Low Cost. Según Pablo Biró, líder de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), “la revolución de los aviones fue el nombre que le pusieron en el gobierno anterior para reventar Aerolíneas Argentinas en forma gradual y darle a sus amigos el negocio aerocomercial”.
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