El escenario se avizoraba complejo desde el arranque: este año, en la discusión del presupuesto que regirá la gestión de la Ciudad de Buenos Aires en 2021, el ajuste en vivienda fue brutal, con áreas que alcanzaron recortes del 50%. Una vez aprobado por la Legislatura porteña y concretado el primer paso, los siguientes no se hicieron esperar.
Desde principios de diciembre, los trabajadores y las trabajadoras del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) denuncian que comenzaron los despidos en el organismo encargado de implementar las políticas habitacionales en CABA. Desde la gestión del instituto, según aseguran, despidieron a trabajadores y trabajadoras «que llevaban años y meses trabajando en estas condiciones y se enteraron de la noticia 15 días antes de que finalice el año». El enojo es mayor porque desde el inicio de la pandemia fueron reconocidos como trabajadores y trabajadoras esenciales pero en ningún momento percibieron una compensación económica en ese sentido.
A lo largo de diciembre, ya son 30 los despidos que se acumulan en el IVC. Los trabajadores y las trabajadoras acusan directamente a la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, María Migliore, así como al titular del IVC, Juan Maquieyra. Asimismo, destacan que la mayoría de los despedidos son personas que viven en hogares monoparentales o mujeres. «El IVC comunicó las medidas a 10 días hábiles de la finalización de los contratos, en un contexto de crisis socioeconómica y sanitaria. Muchas de las personas despedidas tienen niñxs a cargo, problemas de salud, años de antigüedad en el Gobierno de la Ciudad», explicaron desde la cuenta de Twitter que gestionan los trabajadores y las trabajadoras.
«Nuestra realidad es una parte de la realidad de los 18 mil trabajadores precarizados de la CABA. Nos enfrentamos a un recorte de personal y de presupuesto en general, pero que nos afecta directamente en el IVC», explica Denise, trabajadora del Instituto que prefiere mantener su identidad bajo reserva por temor a posibles represalias. «Una parte muy grande de nuestro trabajo es en la reurbanización de los barrios, que se está viendo afectada por los recortes y por los despidos de los trabajadores que trabajamos en los procesos».
«El IVC tiene un 70% de su gente contratada: algunos tercerizados tienen contratos con la UNSAM o la UBA, otros con PROMEBA y otros directamente por la UGIS y el IVC», explica la trabajadora. «No tenemos seguridad laboral: los 30 compañeros a los que les anunciaron la semana pasada que no les iban a renovar el contrato, se enteran a días de las fiestas y sin ningún tipo de indemnización. No tenemos seguro, ni tenemos ART. Tuvimos un compañero fallecido en la 21-24 que era grupo de riesgo y al que lo obligaron a ir a repartir mercancía. Quedó su mujer sola y sin ningún tipo de ayuda. Estamos en la mayor precariedad posible».
A los 30 despidos en el IVC se suma, como regalo de navidad de Larreta, el despido de 15 trabajadoras del Programa de Acompañamiento Social Integral (PASI), dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, que trabaja con familias en situación de vulnerabilidad social. El panorama general es aún más complejo ya que SUTECBA, el gremio que debería defender a los despedidos, no ha dado acuse de recibo y desde el IVC señalan que existe una coordinación entre el sindicato dirigido por Amadeo Genta y el Gobierno de la Ciudad para garantizar el recorte.
«SUTECBA es el sindicato que debería representarnos pero no nos representa. De hecho, estos 30 despidos fueron negociados con SUTECBA que dio el visto bueno. Por nuestra parte hemos mandado petitorios y no recibimos respuesta. No solo no nos apoyan sino que nos ponen palos en la rueda con aprietes o soltándonos la mano», señala Denise. «Hay mucho miedo por las operaciones de SUTECBA», finaliza.
Con el recorte presupuestario y de personal en el IVC corre gran riesgo la continuidad de los procesos de reurbanización que se llevan adelante en muchas villas de la Ciudad, como el playón de Fraga, la Rodrigo Bueno, la Villa 20 en Lugano o el camino de Sirga en la Villa 21-24, a la vera del Riachuelo. Además, y al calor de la pandemia, el ataque a áreas sensibles de Desarrollo Social tendrá un fuerte impacto en la pobreza e indigencia en la metrópolis más rica del país.
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